“Instruí a la Jefatura de Gabinete de ministros para que reasignen los únicos recursos disponibles del ejercicio 2022 y los transfiera a una cuenta del Banco Nación a nombre del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires”. Con este mensaje, que publicó en sus redes sociales, Alberto Fernández anunció que finalmente acatará el fallo de la Corte Suprema que benefició a CABA en su reclamos por los fondos de la coparticipación.
A raíz de este cambio de postura, la oposición resolvió suspender las denuncias penales y el pedido de juicio político que preparaba contra el mandatario si avanzaba en su postura inicial de desconocer la postura de la Corte.
“¡Ganamos! El Gobierno no pudo romper el Estado de derecho de la Argentina. Suspendemos la denuncia por sedición mientras se mantengan dentro del Estado constitucional”, escribió Patricia Bullrich, presidenta del PRO, en su cuenta de Twitter.
Ayer, Bullrich había dicho que hoy iba a demandar al Presidente y a 19 gobernadores por el delito de sedición y traición a la Patria a raíz del anuncio de desobedecer el fallo del Máximo Tribunal que le dio la razón a la Ciudad de Buenos Aires en el reclamo por el recorte de los fondos de la coparticipación.
En tanto, la Unión Cívica Radical (UCR) también desistió de su iniciativa de presentar un proyecto de ley, que iba a ingresar en el Congreso entre esta tarde y la mañana del martes, para pedirle el juicio político a Alberto Fernández por incumplimiento de deberes de funcionario público.
En un hilo de Twitter, el Presidente señaló: “Dicha transferencia comprenderá, en bonos, el dinero correspondiente a 90 días de vigencia de la medida cautelar, a la espera del fallo definitivo, o a una ley del Congreso que le asigne a este pago los recursos presupuestarios pertinentes”.
El mandatario recordó que los bonos TX31 ya fueron aceptados por el Máximo Tribunal en una demanda por coparticipación promovida por la provincia de Santa Fe.
Los TX31 son bonos del Tesoro en pesos que pagan 2,5% por sobre el ajuste del índice CER. Son títulos que nunca fueron licitados y efectivamente fueron emitidos para pagarle una deuda judicial al gobierno de Omar Perotti.
En sus posteos, el Presidente confirmó la estrategia judicial anunciada la semana pasada: instruyó al procurador Carlos Zaninni para que presente un recursos de revocatoria “in extremis” contra la decisión judicial tomada. A par, ordenó recusar a los cuatro integrantes de la Corte que firmaron la resolución la semana pasada.
No obstante, Fernández marcó un cambio con respecto a lo que se había informado la semana pasada y resaltó: “Las decisiones judiciales son obligatorias aun cuando las estime disvaliosas e injustas”.
Y agregó: “Respetuoso del Estado de Derecho buscaré revertir la mala resolución del CSJN y retomar la senda del federalismo observando y haciendo observar la Constitución como he jurado hacer”.
El jefe de Estado instruyó además al ministro de Economía, Sergio Massa, a enviar un proyecto al Congreso que se debatirá en sesiones extraordinarias para que se prevean en el Presupuesto los recursos necesarios para hacer cumplir el fallo judicial.
“Dicha norma deberá preservar el sistema federal vigente; no afectar los derechos reconocidos a las provincias argentinas y compensar las pérdidas que esta medida cautelar les produce”, completó.
La semana pasada, el gobierno nacional había anunciado en un comunicado de prensa que no acataría el fallo. La decisión había sido exigida y respaldada por 14 gobernadores peronistas, especialmente por los que responden a la vicepresidenta Cristina Kirchner. Mientras tanto, el gobierno porteño evaluaba esta mañana distintas alternativas para exigir ante la Corte la ejecución del fallo.
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