El canciller argentino, Santiago Cafiero, le envió este mediodía una carta de una carilla de extensión a su par ecuatoriano, Juan Carlos Holguín, en la que le reiteró la decisión del gobierno de Argentina de otorgarle asilo diplomático a María de los Ángeles Duarte Pesantes y a su hijo –de padre argentino. Fue ante la falta de respuesta por parte del gobierno de Ecuador durante 11 días para realizar este lunes 12 de diciembre una reunión técnica entre ambos equipos para definir las condiciones del salvoconducto para Duarte Pasantes, que hace más de dos años permanece junto a su hijo en la residencia de la Embajada de nuestro país en Quito.
Duarte Pesantes, de 59 años, es una ex ministra de Rafael Correa que en septiembre de 2020 fue condenada a 8 años de prisión porque fue encontrada culpable de cohecho agravado. Unos días antes de conocerse esa sentencia se refugió en la Embajada argentina en Quito.
La carta del titular del Palacio San Martín fue enviada a través del embajador en Quito, Gabriel Fuks, quien la llevó hasta la cancillería que encabeza Holguín. Fue luego de una conversación entre Cafiero y el presidente Alberto Fernández en la que se decidió insistir con el pedido del salvoconducto.
Ecuador aún no respondió a la solicitud de Argentina de realizar una reunión técnica “en el lugar y hora a fijarse a conveniencia del gobierno ecuatoriano” como se explicó en otra carta del 1 de diciembre enviada por el canciller Cafiero.
Argentina pidió que, conforme lo previsto en la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954, se decida “otorgar antes del 14 de diciembre del corriente el salvoconducto y las garantías que prevé el artículo V de la citada Convención para la salida del país de Duarte Pesantes y su hijo”.
El gobierno argentino mantuvo una reunión de trabajo la semana pasada con la Secretaria Ejecutiva de la CIDH, Tania Reneaum Panszi, que se realizó en Washington y de la que participaron la jefa de gabinete de la Cancillería, Luciana Tito; el consejero legal Holger Martinsen y el embajador ante la OEA Carlos Raimundi. Allí se dieron a conocer los fundamentos y la preocupación por el deterioro psíquico debido a la prolongación de la grave situación de Duarte Pesantes y su hijo –de padre argentino- que permanecen hace más de dos años en la residencia argentina en Quito.
El gobierno argentino reitera en la carta diplomática que se “busca de forma urgente conseguir una salida a esta situación sin deteriorar las relaciones bilaterales con Ecuador”.
Duarte Pesantes integraba el gabinete del expresidente Rafael Correa -también condenado por corrupción en la misma causa-, y se encuentra refugiada en la embajada argentina en Quito. Guillermo Lasso, mandatario ecuatoriano, resiste el pedido de asilo solicitado por la Cancillería alegando que no existe ese beneficio legal para condenados por corrupción.
Por eso se lo hizo saber al gobierno argentino a través de un comunicado oficial el mismo día, 2 de diciembre, en el que se hizo el pedido de asilo político para la ex funcionaria correísta. “Las convenciones que norman el asilo diplomático excluyen la posibilidad de conceder asilo a personas condenadas por delitos comunes”, expresa.
A la ex ministra se le probó su participación directa en el caso Sobornos 2012-2016. Esta investigación judicial reveló una trama de financiamiento irregular del movimiento Alianza País, la coalición política que encabezó Correa y que tuvo como una de sus principales protagonistas a la entonces titular de la cartera de Transporte y Obras Públicas.
Una asesora de Correa -llamada Pamela Martínez- llevaba un cuaderno de contabilidad que registraba los aportes ilegales de empresas privadas al aparato político del ex presidente. Entre esas compañías se encontraba la constructora brasileña Odebrecht, que enfrentó casos de corrupción en toda América Latina.
En la Cancillería que conduce Cafiero no sorprende la posición política del gobierno ecuatoriano. En abril de este año, Lasso visitó Buenos Aires y ratificó su posición institucional ante Alberto Fernández. Ocurrió durante una conversación a solas que ambos mandatarios protagonizaron en la Casa Rosada.
El Gobierno argentino considera que Duarte es una presa política y merece su asilo en nuestro país, una posición institucional que es rechazada por Ecuador. Para la administración de Lasso, la ex ministra de Correa es una delincuente común que busca fugar de la justicia de su país apelando a un tratado internacional que no la protegería por los hechos de corrupción cometidos.
La sentencia por este caso de corrupción política se conoció el 7 de abril de 2020. El Tribunal de la Corte Nacional de Ecuador sentenció a “8 años de pena privativa de libertad a dieciocho procesados, entre ellos, Rafael Correa y Jorge Glas, expresidente y exvicepresidente de la República, respectivamente; Alexis Mera, exasesor jurídico de la Presidencia; los exministros de Estado, María de los Ángeles Duarte, Vinicio Alvarado y Walter Solís; la excandidata a la Alcaldía de Guayaquil, Viviana Bonilla y el exasambleísta Christian Viteri”.
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