Pablo Moyano se acerca a los metrodelegados y los ayuda para que reclamen una indemnización en los subtes

¿Pablo Moyano se convirtió en el referente del sindicalismo combativo? El díscolo dirigente de Camioneros ya se había acercado al Sindicato del Neumático, liderado por Alejandro Crespo, militante del Partido Obrero, en el extenso conflicto que llegó a paralizar la producción de autos en el país. Ahora, el hijo de Hugo Moyano reforzó sus lazos con los metrodelegados, en cuya conducción conviven militantes kirchneristas y trotskistas, e incluso los asesoró para que reclamen una indemnización a la empresa que gestiona los subtes de la Ciudad de Buenos Aires.

El cotitular de la CGT habló varias veces con Néstor Segovia, secretario adjunto de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSyP), más conocida como metrodelegados, e incluso le pidió que hablara con Huguito Moyano, su hermano y abogado de Camioneros, para interiorizarse de los alcances de la “Ley Moyano”, una suerte de norma no escrita que impuso algo que no está contemplado en la legislación, pero que el Sindicato de Camioneros viene consiguiendo desde 1998 sobre la base de su poder de fuego: que una empresa que ganó una concesión de servicios o que cambió de accionistas despida al personal, lo indemnice y lo vuelva a contratar.

En realidad, los metrodelegados pidieron una indemnización por cambio de empleador en 2018, cuando comenzó el proceso de licitación para volver a concesionar el subte, donde se presentaron tres empresas y el consorcio Metrovías-Roggio fue el único que se mantuvo hasta el final. De esta forma, la empresa Emova Movilidad S.A., perteneciente al Grupo Roggio, se hizo cargo del servicio desde el 1° de diciembre de 2021 y el planteo sindical de una indemnización fue rechazado por el sector empleador, que, sin embargo, accedió a pagar un bono de $30.000 en febrero pasado.

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Beto Pianelli y Néstor Segovia, dirigentes enrolados en el kirchnerismo que conducen desde 2008 a los metrodelegados, volvieron a la carga este año con el reclamo cuando el gobierno porteño solucionó el conflicto con Camioneros por la estatización del sistema de grúas en la ciudad de Buenos Aires mediante el pago de una indemnización de hasta $4 millones para cada uno de los 500 empleados que se encargan del acarreo. Ese nuevo antecedente de la polémica “Ley Moyano” incluyó que el personal que realizaba los trabajos de grúas para las empresas Dakota y BRD pasaría a la órbita de SBASE, una sociedad del Estado porteño que administra los subtes, donde mantendrán el convenio de Camioneros hasta que pasen a la compañía que gane la licitación para encargarse del servicio.

Sin embargo, la demanda de indemnizar a los 5000 empleados de Metrovías que pasaron a Emova (sólo un cambio de razón social) dividió a la cúpula de los metrodelegados. Un sector sigue exigiendo la “Ley Moyano” en los subtes, mientras que otra fracción es consciente de la debilidad legal del reclamo y advierte que podría perjudicarlos ante las bases: cualquier mejora conseguida en concepto de bono va a parecer poca ante la posibilidad de una indemnización millonaria.

Hasta ahora, los metrodelegados siguen exigiendo la aplicación de la “Ley Moyano” en cada reunión con la empresa para aumentar los salarios, aunque en privado reconocen que llegaron tarde a plantear la exigencia. El reclamo de indemnización se enfrenta a otro problema: entre los costos estipulados en los contratos de higiene urbana se incluye una provisión del 2% para despidos, por lo que esa partida, si no se destina a ese fin, suele utilizarse para pagar la “Ley Moyano” al finalizar la concesión. Esa provisión no existe en el contrato de las concesionarias del subte, por lo que la financiación de las eventuales indemnizaciones debería surgir de las arcas del gobierno de la Ciudad.

Las autoridades porteñas se niegan a hacerlo no sólo por falta de fondos sino porque sentaría un precedente que también impactará en las empresas del transporte automotor de pasajeros. Para colmo, los metrodelegados tampoco tienen la personería para firmar un acuerdo semejante y debería hacerlo la Unión Tranviarios Automotor (UTA), el sindicato con el que están enfrentados.

El Sindicato de Camioneros logró aplicar la “Ley Moyano” por primera vez en 1998 al finalizar la concesión de Manliba, empresa del Grupo SOCMA, perteneciente a la familia Macri, para la recolección de residuos en la Capital Federal y, de acuerdo con el gremio, los empleados de aquella firma terminaron desempeñándose en otras empresas o con otras condiciones de trabajo.

Desde entonces, la “Ley Moyano” se aplicó en las municipalidades de Avellaneda y Moreno ante nuevas concesiones de recolección de basura, en una distribuidora de la cervecería Quilmes y en filiales locales de empresas internacionales como DHL y FedEx. En 2021, luego de realizar bloqueos extorsivos, Camioneros también lo consiguió en supermercados Walmart, propiedad de Francisco De Narváez, aunque en este caso no mediante una indemnización sino a través del pago de un bono para 477 trabajadores de entre $115.000 y 1 millón de pesos, que en total representaron $227.576.922.

Esa misma solución se está explorando ahora: el pago de otro bono para el personal del subte, que complemente el de $30.000 que se abonó a principios de año. Lo único concreto es que Pablo Moyano incrementa su influencia en gremios de impronta combativa y consiguió que la polémica “ley” de Camioneros se haya transformado en un producto sindical de exportación. ¿O de extorsión?

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