La ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, se refirió a la negativa del Gobierno a mostrar los contratos acordados con los laboratorios para la provisión de vacunas contra el COVID-19, y reconoció: “No podemos contar la negociación por pedido de las farmacéuticas”.
El comentario de la titular de la cartera sanitaria surge luego de que la oposición cuestionara un informe “confidencial” presentado ante la Auditoría General de la Nación (AGN) por la compra de los insumos por más de US$ 1.700 millones.
En el marco de esa reunión realizada ayer en el organismo parlamentario, los miembros del oficialismo de la AGN aprobaron un documento en el que se validaron los diez contratos que el Gobierno acordó con los laboratorios para la compra y provisión de vacunas contra el COVID-19. Y se definió que ese dictamen, junto con todas las actuaciones, se mantengan en estricta confidencialidad. Esa condición, y la falta de mayor información pública al respecto, generó un reproche de parte de los miembros de la oposición.
En defensa de este secretismo, Vizzotti indicó que “no es el oficialismo en la Auditoría General de la Nación que los quiere mantener en confidencialidad” el contenido de los acuerdos rubricados, “sino que es lo que dicen los contratos por pedido de los laboratorios”.
“Todos los países que firmaron contratos para comprar vacunas COVID -en una situación de emergencia sanitaria inédita en el mundo- firmaron confidencialidad. Entonces, entiendo que el informe tiene que ser confidencial porque el país se comprometió a eso”, justificó en declaraciones a radio La Red. “No es que queremos ocultar algo”, expresó.
Según recontruyó la ministra de Salud, la ley de vacunas contra el coronavirus aprobada a fines de 2020 y que posteriormente se modificó por DNU- establece que los contratos tienen que ser presentados ante la AGN, un órgano parlamentario que preside un miembro de la oposición, Jesús Rodríguez (UCR). Luego, el organismo tiene que evaluar los términos de los convenios firmados con el Estado nacional.
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“Lo que hacemos por ley es enviar los contratos y todas las enmiendas que se hacen a la Cámara de Diputados y de Senadores, a la comisión de Salud, además de a la Auditoría General de la Nación. También le pedimos especialmente a la SIGEN que nos audite la llegada y la distribución de todas las vacunas”, consideró Vizzotti.
Y continuó: “Hasta ahora, en todos esos ámbitos no hemos tenido más que observaciones. Tuvimos declaraciones sobre situaciones, pero nada puntualmente en relación al cumplimiento de la llegada de vacunas y el pago”.
Ante la consulta si el Gobierno pagó por las vacunas a un precio mayor que otros países, Vizzotti respondió: “La información que tengo es que no. El precio se define en función de la cantidad. En mi conocimiento, por los precios en otros países, no tuvimos esa situación”. Y descartó cualquier posibilidad de incumplimientos en la entrega de inoculaciones que no se concretaron. “Argentina no pagó por vacunas que no llegaron. Es mentira que Argentina pagó por vacunas Sputnik que no llegaron”, subrayó la funcionaria.
Un debate controversial
Ayer, la AGN puso bajo la lupa los contratos que se firmaron en medio de la pandemia con los laboratorios AstraZeneca, el Instituto Serum de India, Sinopharm, Sputnik, Moderna, Cansino, AstraZeneca vía Covax, el Instituto Beijing vía Covax, Richmond y Pfizer. Se trató de una inversión sanitaria para el Estado que demandó USD 1.737 millones.
En ese contexto, los auditores del oficialismo Javier Fernández, Juan Ignacio Forlón, María Graciela de la Rosa y Gabriel Mihura Strada aprobaron un dictamen, que se mantiene en reserva, que avala las actuaciones realizadas por el ministerio de Salud y el Poder Ejecutivo en la gestión de las vacunas en el marco de la Ley 27.573, que se aprobó para conseguir estos insumos destinados a la generación de inmunidad contra el COVID-19.
Ese documento fue rechazado por la minoría de tres auditores de la oposición, integrada por Jesús Rodríguez, Miguel Pichetto (Peronismo Republicano) y Alejandro Nieva (UCR). Estos dirigentes calificaron al informe como carente de información relevante y le cuestionaron su superficialidad.
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