La Corte Suprema de Justicia decidió posponer una definición en el caso que enfrenta al gobierno nacional y a la Ciudad de Buenos Aires por el recorte en la coparticipación de CABA dispuesto en 2020, en medio de una protesta policial en la provincia de Buenos Aires.
Si bien los equipos técnicos de los cuatros ministros del tribunal habían definido que hoy se discutiría la cuestión, el tema fue retirado de la agenda de la reunión de acuerdos por decisión del presidente del cuerpo, Horacio Rosatti, tal como había adelantado Infobae que sucedería.
La decisión provocó el enojo del resto de los jueces de la Corte, que habían trabajado en el tema y estaban dispuestos a emitir su voto hoy mismo. Además, acrecentó rumores sobre supuestas presiones ejercidas desde el Poder Ejecutivo para dilatar una definición. Ahora es una incógnita si habrá sentencia antes de fin de año o habrá que esperar hasta el 2023, luego de la feria judicial.
El caso tiene una fuerte impronta política y económica. Horacio Rodríguez Larreta esperaba anotarse una victoria judicial antes de fin de año y utilizar un eventual ingreso de fondos extras para anunciar una rebaja de impuestos. El gobierno nacional, en cambio, quiere enfriar la discusión y patear la cuestión para el año que viene. La semana que viene no hay reunión de acuerdo de ministros prevista y quedarían disponibles los jueves 6 y 13 de diciembre para emitir una sentencia.
El caso
La discusión técnica gira en torno a dos causas iniciadas por el gobierno porteño en el año 2020 a raíz del recorte de más de un punto de coparticipación dispuesto por el Estado Nacional, primero por el dictado de un decreto (735 de septiembre 2020) y luego de una ley nacional (27606, diciembre 2020). Ante esto, la administración de Rodríguez Larreta solicitó al máximo tribunal su inconstitucionalidad y el pago de una suma que compense la pérdida sufrida desde entonces.
En la postura contrapuesta, el Estado Nacional cuestionó la legitimidad del decreto 194/2016 dictado por el entonces presidente Macri en enero de ese año, a pocos días de asumir en su cargo, y por el cual se había elevado de 1,40 a 3,75 el porcentual que recibía CABA de la masa de fondos coparticipables. Entendió que era un porcentaje fijado de modo completamente arbitrario. Para ponerlo en números, el GCBA insiste en que el costo del traspaso de funciones se estimó en $13.070 millones a valores del año 2015.
En las audiencias celebradas en el Tribunal, y en el plazo de conciliación acordado, no se llegó a ningún acuerdo. Por eso, el Estado Nacional efectuó una presentación el 16 de mayo en la cual manifiesta esto y realiza una síntesis de lo acontecido, entre ello, la propuesta de $44.370.860.589, que no fue aceptada. Hace hincapié en que, en el hipotético caso de que la Corte concediera la pretensión cautelar de la Ciudad, retrotrayendo la cuestión a lo que en su momento previó el Decreto N° 257/18, estaría reconociendo, sólo para el año 2021, un exceso de aproximadamente $70.000.000.000 por sobre el valor real de la transferencia que estableció la Comisión Federal de Impuestos en su dictamen, que fue de un total estimado en $11.486.456.429,13. Ese es el cálculo que realiza el Estado Nacional sobre el efecto económico en caso de que se otorgase la medida cautelar.
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