La Asociación de Magistrados repudió los videos de Cristina Kirchner contra la jueza María Eugenia Capuchetti

La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional advirtió este jueves en un comunicado su preocupación por los videos que publicó Cristina Kirchner contra la jueza María Eugenia Capuchetti, a cargo de la investigación del atentado contra la funcionaria: “Una vez más hay un intento de un miembro del Poder Ejecutivo de interferir en el trabajo del Poder Judicial”, sostuvieron.

Los videos comenzaron el jueves de la semana pasada, cuando la Vicepresidenta anunció que iba a recusar a la jueza que tiene en sus manos el intento de esclarecimiento del ataque. Hubo un segundo video este miércoles, luego de la presentación formal y la respuesta de la jueza dentro del expediente, en donde se volvía a cuestionar la labor de la magistrada.

Si alguien creyó inicialmente que la investigación por el intento de homicidio contra CFK, ocurrida el 1 de septiembre, podía ser una puerta de reconciliación para la vicepresidenta con el edificio de Retiro que la vio desfilar como imputada tantas veces durante el macrismo, la idea se disolvió rápidamente con los tuits de CFK de la semana pasada. Está convendida de que la quieren como acusada y no como víctima. Y están frenando la investigación por su atentado para no profundizar en vínculos políticos.

“Así, es imposible seguir. Estamos ante una de las causas más relevantes de nuestra historia democrática, y necesitamos que la investigación esté liderada por alguien voluntarioso/a y que las decisiones las tome un/a juez/a imparcial, comprometido/a con la verdad y la justicia, y no con no molestar a quienes no hay que molestar”, sostuvo la presentación de la querella, acompañada por distintas voces del oficialismo que pusieron en foco a la magistrada.

En ese contexto, la asociación de jueces emitió un comunicado que llegó a manos de la prensa un rato antes del acto que CFK va a protagonizar en el estadio de La Plata. Se descuenta que uno de sus blancos de su discurso será la Justicia.

“Es improcedente la manera en que se muestra la disconformidad con las resoluciones jurisdiccionales que se adoptan. Existen mecanismos y herramientas procesales para dar a conocer el desacuerdo con el procedimiento conforme a un sistema republicano que se sustenta en el respeto a las Instituciones”, sostuvo la AMFJN, que encabeza el juez Marcelo Gallo Tagle.

En ese sentido, afirmó que la entidad “quiere solidarizarse con la magistrada Capuchetti por el desprestigio personal e institucional a la que se ve sometida por los videos difundidas”.

“Por ningún motivo se puede vulnerar el orden institucional de la independencia de poderes que está manifestada en nuestra Constitución Nacional”, completaron.

En diálogo con Infobae, Gallo Tagle afirmó que “toda persona tiene derecho a mostrar su disconformidad con resoluciones judiciales siempre y cuando se hagan conforme los mecanismos institucionales y este no es el caso”. Y añadió: “no podemos permitir que se desprestigie de esta manera a una Magistrada como la Dra. Capuchetti, menos por parte de miembros del Poder Ejecutivo y Legislativo, por eso mostramos toda nuestra solidaridad para con ella como también lo hicimos con la Sra. Cristina Fernández de Kirchner cuando sufrió el atentado”. En ese sentido, opinó que “estas maneras improcedentes no contribuyen a las paz social ni al diálogo, el respeto por la institucionalidad es el único camino para vivir en sociedad”.

Si bien el comunicado surge en apoyo a la jueza Capuchetti, la respuesta de la agrupación que reúne a los jueces nacionales y federales de todo el país llega en momentos de un fuerte cortocircuito entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo y Legislativo, en donde la mirada apunta hacia la Corte Suprema pero derrama en los tribunales inferiores y en donde lo que el oficialismo llama “Comodoro Pro”.

Todo se da en un contexto en donde está por definirse la suerte de Cristina Kirchner en diferentes causas: no solo su condena o absolución en el juicio oral de la causa Vialidad en donde la fiscalía ha pedido para ella doce años de prisión por los delitos de asociación ilícita y defraudación al Estado.

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En Casación también se debe resolver si se reabren las causas que fueron cerradas cuando ya estaban en instancias de hacerse el juicio oral: el caso por la denuncia de Memorándum con Irán, que impulsó el fallecido Alberto Nisman, y la investigación por corrupción conocida como “Los Sauces-Hotesur” en donde no solo estaba procesada la vicepresidenta sino también sus hijos por los negocios hechos por la entonces familia presidencial con empresarios que recibían obras del Estado.

La asociación de jueces viene repudiando distintas voces del oficialismo contra la labor de funcionarios judiciales. Ya lo hizo contra el ministro de Justicia Martín Soria y su viceministro Juan Martin Mena, por sus críticas al alegato del fiscal Diego Luciani. Los funcionarios sostuvieron que la líder del Frente de Todos era víctima de una “persecución política”. La entidad en ese momento aseguró: “se trata de una intromisión impropia e inadmisible de funcionarios del Poder Ejecutivo en el ámbito propio de otro Poder del Estado.Debe aspirarse a que a quienes se les ha confiado un cargo en el Poder Ejecutivo lo ejerzan con objetividad y respeto de la división republicana de poderes”.

Las criticas oficiales contra miembros del Poder Judicial volvieron a aparecer hace dos semanas luego de la Sala I de la Cámara Federal porteña dispusiera la excarcelación de cuatro integrantes de la agrupación Revolución Federal. Ahí hasta el propio presidente Alberto Fernández salió a cuestionar a los jueces Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia.

En ese momento Bruglia decidió demandar al jefe de Estado por daño moral, pero también renunció a la Asociación de Magistrados por la falta de un rápido apoyo a su investidura. La entidad difundió un comunicado diciendo “La persistente injerencia del Poder Ejecutivo en asuntos en los que tiene expresamente vedado intervenir, no solo excede los límites de la libertad de expresión, sino que contribuye al deterioro institucional”, asegura el comunicado. “La responsabilidad de respetar el orden institucional en el caso de funcionarios de tan alto rango debiera ser ejercida con prudencia y apego a la Constitución”.

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