Encubrimiento del atentado a la AMIA: ante Casación, las querellas pidieron que se agraven las penas y se revoquen las absoluciones

La Sala II de la Cámara de Casación llevó adelante hoy la audiencia para escuchar a todas las partes involucradas en el juicio por el llamado encubrimiento del atentado a la AMIA, una de las causas más sensibles para la Justicia argentina, antes de analizar las condenas y absoluciones dispuestas por el Tribunal Oral Federal 2.

Durante cuatro horas, expusieron las querellas y luego los abogados de todos los imputados. Cada uno tuvo un plazo de 15 minutos. La mayoría de los defensores hablaron de manera virtual y solo un puñado lo hizo desde la sala de audiencias, en los tribunales de Comodoro Py.

La audiencia arrancó con la exposición de Ernesto Martín Alderete, abogado de Laura Alché —viuda de José Ginsberg—, quien cuestionó las penas impuestas durante el juicio. “La pena no puede alejarse del máximo de los delitos imputados”, sostuvo esa defensa. La propia Alché intervino al final de la audiencia e interpeló a los jueces en representación de los familiares. “Estoy un poco cansado de escuchar que somos los familiares dolientes. Todas nuestras intervenciones en la Justicia fueron para conocer la verdad. Ustedes tienen una oportunidad, que esta causa no se termine. Nosotros estamos esperando una investigación, a nadie le interesa la verdad, salvo a nosotros”, lanzó la viuda de Ginsberg.

El abogado José Manuel Ubeira —en representación de los querellantes Anastacio Irineo Leal, Mario Bareiro, Oscar Eusebio Bacigalupo, Victor Carlos Cruz, Bautista Alberto Huici, Diego Enrique Barreda, Julio César Gatto, Marcelo Daniel Valenga, Jorge Horacio Rago y Juan José Ribelli— apuntó a las penas impuestas contra el ex juez Juan José Galeano, condenado a seis años de prisión, y contra los fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia. “La sentencia incurre en un error mayúsculo cuando le imputa a Galeano dos privaciones ilegítimas de la libertad. Mis clientes estuvieron detenidos 2987 días. Galeano fue el mascarón de proa de una decisión tomada desde la política. Los fiscales encubrieron el pago y les dieron penas de dos años como si fuera un hurto simple”, se quejó.

Esa querella también apeló la condena impuesta al ex titular de la DAIA, Rubén Beraja. “En esta causa fueron cometidos toda la gama de delitos. Hubo una maniobra global que necesitaba de una serie de complicidades y ejecutores. Nada de esto se pudo haber hecho sin un plan orquestado”, sostuvo Ubeira.

El veredicto por la causa del encubrimiento se dictó el 28 de febrero de 2019. Fue después de casi cuatro años de debate oral y público que disparó, incluso, internas y denuncias entre funcionarios del gobierno de Mauricio Macri. De los 13 acusados, cinco fueron absueltos. Esa lista la encabezó el ex presidente Carlos Menem, fallecido el 14 de febrero del 2020. La fiscalía pretendía su condena, pero con su muerte se cayeron todas sus causas judiciales. A Menem se lo acusaba por desviar la llamada “pista siria”, una hipótesis que, para el Tribunal, no se acreditó. Lo mismo sucedió con el también fallecido ex jefe de la Policía Metropolitana Jorge “Fino” Palacios.

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En cambio, Galeano fue condenado a seis años de prisión por los delitos de peculado, prevaricato, privación ilegal de la libertad agravada, encubrimiento y violación de medios de prueba. También fueron condenados el ex titular de la SIDE Hugo Anzorreguy (cuatro años y seis meses), y el espía Juan Carlos Anchezar (tres años). La condena incluyó a los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia —ambos a dos años de prisión—; junto al reducidor de autos Carlos Telleldín a tres años y seis meses, y su entonces pareja, Ana María Boragni, dos años. El último de los condenados fue el ex jefe policial Carlos Castañeda, quien ya había enfrentado otro juicio también por la destrucción y el robo de pruebas al inicio de la investigación.

Tanto la Fiscalía como las querellas buscan ahora que esa sentencia sea revocada. Reclaman, con algunas diferencias, la condena de los absueltos o la inocencia de los condenados.

Entre los expositores en la audiencia de hoy se destacó Adolfo Pedro Griffo, abogado de la Unidad Especial de Investigación del atentado a la AMIA, que depende del Ministerio de Justicia de la Nación. Ese abogado sostuvo el recurso que había presentado el gobierno anterior, aunque opinó que fue “limitado”, al convalidar algunas absoluciones.

El abogado del Ministerio de Justicia también destacó que el Estado argentino reconoció, hace un mes, su responsabilidad en la falta de esclarecimiento del atentado contra la AMIA, donde murieron 85 personas y 151 resultaron heridas. Fue en el marco de la audiencia que se llevó adelante ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos a raíz del reclamo que llevaron ante esa instancia los familiares de las víctimas que integran Memoria Activa, acompañados por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Ese tribunal internacional quedó en condiciones de dictar un condena que incluya reparaciones económica y las directivas de reencausar la investigación.

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“Todos los poderes del Estado deben extremar esfuerzos para que las víctimas puedan recibir algún grado de reparación”, dijo Griffo.

Al exponer sobre los casos puntuales, criticó la absolución del ex agente de inteligencia Patricio Finnen, quien intervino en el pago de 400 mil dólares a Carlos Telleldín para acusar a un grupo de policías bonaerenses de haberse llevado la camioneta bomba. “Finnen no pudo haber actuado como ‘transporte de caudales’ como dijo el Tribunal cuando él mismo fue nexo entre Galeano y Anzorreguy”, sostuvo el abogado del Ministerio de Justicia.

En el caso de Víctor Stinfale, ex abogado de Telleldín, el representante del Estado pidió que se revoque su absolución. “Stinfale fue el interlocutor de las espurias negociaciones de Telleldín. Sólo su presencia en los cobros resulta suficiente para cuestionar las conclusiones de la sentencia. Tenía conocimiento de los fondos y tenía un rol determinante”, sostuvo el abogado.

Por su parte, el abogado Rodrigo Borda, en representación de “Memoria Activa”, cuestionó las absoluciones y las penas impuestas a Galeano (destituido en un juicio político por su mal desempeño en el expediente), Anzorreguy, y a los ex fiscales. “La decisión del Tribunal de dejar afuera algunos hechos y acusados afecta la coherencia del fallo y deja un margen de impunidad inadmisible. La sentencia está plagada de errores. Es imposible abstraer la comunicación entre (el ex fiscal) Mullen y un agente de la Sala Patria. Los ex fiscales vieron los videos y estaban al tanto de la maniobra. Si se ponen en contexto las irregularidades que homologaron o consintieron los ex fiscales, no hay duda que participaron de la maniobra”, aseguró.

En el caso de la pena impuesta al ex titular de los espías, el abogado de Memoria Activa agregó: “Es evidente que la determinación de la pena es notoriamente más baja de la que estaba habilitada a imponer el Tribunal. Anzorreguy recibió una pena similar a Telleldin. Con alguno de los dos hubo un error. La pena de Anzorreguy fue desproporcionadamente baja. Esto también significa impunidad”.

La Sala II de Casación debe revisar ahora la sentencia en el juicio por el encubrimiento. En su composición original, esa sala está integrada por los jueces Alejandro Slokar, Guillermo Yacobucci y Carlos “Coco” Mahiques. Pero Slokar y Yacobucci están excusados de intervenir por lo que se sumaron la jueza Angela Ledesma y su colega Diego Barroetaveña.

En el segundo tramo de la audiencia expusieron los defensores de los imputados. La abogado de Galeano, María Florencia Hegglin, sostuvo que “todas las conductas que se le atribuyeron (a Galeano) remiten a decisiones judiciales” y que “nunca se le atribuyó cobrar dádivas, haberse enriquecido, o haber tenido un provecho personal”. Esa misma defensora destacó que “no hay pruebas” para acusar a Galeano de haber “guionado” la declaración de Telleldín.

“Telleldín venía hablando con otros interlocutores, sostener que Galeano instruyó a Telleldín a mentir es ignorar completamente la prueba que se produjo en este juicio. La prueba demuestra que Telleldín venía hablando, ocultando, para obtener un monto de dinero. No es cierto que haya sido Galeno quien introdujo la mentira. Galeano no intervino en el proceso de declaración de Telleldín, fue él quien introdujo el relato de extorsión y de la entrega de la camioneta”, sostuvo la abogada del ex juez.

En la audiencia de este jueves también expusieron los abogados de Eamon Mullen, José Barbaccia, Patricio Finnen, Juan Carlos Anchezar, Rubén Beraja, Hugo Anzorreguy, y Víctor Stinfale.

“En el plazo más breve posible, dentro de las características de esta causa, el tribunal emitirá un pronunciamiento”, dijo el presidente de la Sala II como cierre de la audiencia.

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