Rodríguez Larreta confía en la Corte Suprema para recuperar el recorte de la coparticipación en la Ciudad

El jefe de Gobierno porteño Horario Rodríguez Larreta aseguró que confía en que la Corte Suprema de Justicia acompañe el planteo de la Ciudad de Buenos Aires para recuperar los fondos del reparto de coparticipación que le quitó el Gobierno Nacional en septiembre del 2020. La ciudad reclama unos 200.000 millones de pesos.

“Juntos defendimos un histórico fallo que permitió que miles de chicos puedan tener clases en el aula, un fallo que fortalece el sistema federal del país todo -dijo Rodríguez Larreta-. De la misma manera confiamos en que la Corte se expida para defender los recursos de todos los que viven y visitas la ciudad, ante la unilateral y arbitraria decisión del Gobierno de reducir la coparticipación federal en medio de la pandemia”.

Y añadió: “para nosotros el verdadero federalismo es una construcción basado en el diálogo y el consenso, no en la imposición, no el avasallamiento por parte del Estado central”.

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Larreta hizo estas declaraciones en el marco del X Congreso Internacional de Abogacía Pública, Local y Federal, organizado por la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, y cuyo tema central es “Los principios generales en el derecho público contemporáneo”. El evento, que tiene lugar durante hoy y mañana, bajo formato híbrido en el salón auditorio del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, es una convocatoria con más de dos mil inscriptos que concentra a los principales abogados y académicos de todas las provincias y municipios.

Al abrir la conferencia, a las palabras del procurador porteño Gabriel Astarloa, se le sumó el jefe de Gobierno Rodríguez Larreta, que destacó la gran convocatoria y resaltó el “profundo y creciente sentido federal” desde la Ciudad de Buenos Aires. Los funcionarios destacaron la decisión que se impuso en la Constitución Nacional de 1994 de reconocer la autonomía de la Ciudad y la jurisprudencia de la Corte Suprema en ese sentido.

“El federalismo hace a la esencia de nuestro sistema democrático. Desde que se le reconoció en la Constitución Nacional de 1994 la autonomía de la Ciudad fuimos avanzando en la autonomía de competencia, servicios, funciones… Por ejemplo en la seguridad que nos permitió crear nuestra policía de la Ciudad. Lo mismo sucedió con la educación”.

Rodríguez Larreta aseveró que “cuando tuvimos diferencias sobre la presencialidad en las escuelas (durante la pandemia) junto con la Procuración de la Ciudad fuimos a la Corte Suprema y logramos que la Ciudad sea reconocida como ciudad constitucional federada lo que significa que en la práctica tiene las mismas competencias y atribuciones reconocidas a las provincias”.

Según señaló, “desde la ciudad siempre vamos a defender el espíritu de cooperación. Hoy más que nunca los funcionarios y dirigentes antes que confrontar tenemos que ser capaces de poner el bienestar de la gente por encima de cualquier diferencia política”.

El conflicto del que habla Larreta y está bajo la mirada de toda la clase política nació en septiembre 2020 cuando un grupo de policías bonaerenses se levantó contra el gobierno de Axel Kicillof en reclamo de mejoras salariales. En ese momento, el presidente Alberto Fernández llamó a una conferencia y anunció la decisión de reasignar el 1,18% del fondo de coparticipación de la Ciudad. A esa medida, le siguió la sanción de una ley en el Congreso nacional que podó $65 mil millones al presupuesto porteño. El oficialismo argumentó que era un excedente de recursos que el ex presidente Mauricio Macri le cedió a la administración que encabeza Rodríguez Larreta en el 2016 en materia de seguridad.

Ante esa decisión, el gobierno de Rodríguez Larreta demandó al Estado Nacional invocando la inconstitucionalidad del decreto dictado 735/20 que redujo el porcentaje de fondos que le corresponden en la coparticipación de recursos públicos.

Puntalmente, la Ciudad reclama que se restablezca en forma inmediata su derecho a percibir el porcentaje de participación equivalente al 3,5% originado en el “Consenso Fiscal”, ratificado por la ley 27.429 y por el decreto 257/18 y se ordene la restitución de los ilegítimamente retraídos, con intereses.

A su criterio, la Casa Rosada no podía “modificar unilateralmente” el monto de fondos coparticipables que le correspondía, dado que éste fue siempre establecido mediante el acuerdo de la CABA con el Estado Nacional. También se sostuvo que esos acuerdos deben ser ratificados por la vía legislativa.

Al contestar la demanda, el Estado Nacional rechazó los planteos y defendió sus decisiones. Es más, sostuvo que había que condenar al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a restituir los importes percibidos -según sostiene­- de forma indebida y en exceso durante la vigencia de los decretos derogados 194/16, 399/16 y 257/18.

En ese contexto, la Corte Suprema citó a ambas administraciones a una serie de audiencias de conciliación entre funcionarios de las Procuración del Tesoro de ambos gobiernos. Pero después de una seguidilla de intentos, no lograron avanzar.

Fracasaron las audiencias y los jueces de la Corte Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti quedaron en condiciones de resolver. La semana pasada, el tribunal rechazó por inadmisible una recusación contra Rosatti a pedido del Estado Nacional por temor a falta de parcialidad. En ámbitos políticos se cree que podría haber una definición en breve.

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