El 26 de mayo, luego de haber obtenido un crédito bancario, el presidente Alberto Fernández transfirió desde su cuenta del Banco Santander $1,4 millón a la cuenta 00850005582509, a nombre del Instituto Malbrán. Ese mismo día, la primera dama Fabiola Yañez también cumplió con la reparación que se había acordado con el fiscal Fernando Dominguez por la Fiesta en Olivos y que luego homologó el juez Lino Mirabelli. En total fueron $3 millones que salieron desde la misma cuenta bancaria.
Aunque pasaron cinco meses desde los pagos, la causa judicial sigue abierta y el presidente todavía no logró el sobreseimiento. ¿Por qué? Hay al menos dos abogados que vienen pugnando, en diferentes instancias judiciales, para ser aceptados como querellantes. Y el juez decidió esperar que termine esa batalla legal para cerrar la causa.
Uno de esos planteos lo hizo el abogado Alejandro Sarubbi Benítez, en representación de los padres de Solange Musse, que pretendían ser aceptados como querellantes y como “amigos del tribunal”. “De ningún modo se desconoce el dolor de los pretensos querellantes acerca de cómo transitó la enfermedad su hija, en los tiempos en que regían las restricciones de circulación para los allegados que tenían deseo de estar con ella, ni se desatiende la circunstancia de su posterior fallecimiento. Sin embargo, entendemos que en esta causa se persiguen hechos distintos e independientes a esos sucesos”, sostuvo la Cámara Federal de San Martín en julio pasado.
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El mismo tribunal también rechazó los planteos de Paulo Gustavo Vitaver y Soledad Jara, otros dos particulares que venían reclamando ser querellantes, y de la Asociación civil “Conuvive”, que pedía ser aceptada como amigo del tribunal.
Las dos partes apelaron ante la Sala III de la Cámara de Casación, que acaba de rechazar los recursos extraordinarios. “Como reiteradamente lo ha sostenido la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el recurso extraordinario exige -entre otros requisitos para su procedencia- que la sustancia del planteo implique el debate de una cuestión federal debidamente fundada; extremo que en el sub-lite no se verifica”, opinaron los jueces Mariano Borinsky y Juan Carlos Gemignani. Algo similar sostuvo Eduardo Riggi.
La respuesta de Casación podría significar el cierre de la causa, pero el abogado que representa a los padres de Solange Musse le adelantó a Infobae que presentará un recurso de queja ante la Corte Suprema.
Para los abogados del Presidente, la causa igualmente está en condiciones de cerrarse. “La queja deducida ante la Corte solo impide la ejecución de la sentencia condenatoria, porque rige una disposición expresa del Código Procesal Penal Federal según la cual solo es ejecutable la sentencia firme. En este caso, la sentencia que los excluye como posibles querellantes es ejecutable y la queja tampoco impide que continúe el proceso”, le dijo a este medio Marcelo Sgro, uno de los defensores de Alberto Fernández.
De hecho, los abogados no descartan hacer una presentación esta semana ante el juez Mirabelli para apurar el sobreseimiento.
La causa judicial por la Fiesta en Olivos significó la primera imputación de Alberto Fernández desde que llegó a la Casa Rosada. Aunque no lo acusaron de un hecho de corrupción, igualmente está ansioso para que se resuelva cuanto antes. Mientras tanto, sigue pagando las cuotas del crédito que tomó ante el Banco Santander.
En la intimidad, pese al costo político y al desarrollo de la causa, el Presidente sigue pensando que no hubo delito por el festejo en plena cuarentena. Por eso se resistió a pagar una reparación económica.
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Además del Presidente y su esposa, también ofrecieron reparaciones y tienen acuerdos homologados Fernando Consagra, Emmanuel López y Santiago Basavilbaso, representados por Juan Pablo Fioribello y su socio Mariano Lizardo, y el colorista Federico Abraham, defendido por Pablo Slonismqui y María Ester Ballestero.
“Nadie más tiene alguna acción posible sobre este resultado le pese a quien le pese. Todas las causas por este tipo de falta se solucionaron de la misma forma. Así lo prevé la ley expresamente. Lamento que quienes tengan intereses políticos en el resultado final intenten dilatar u obstruir el normal desarrollo del proceso judicial”, se quejó el abogado Juan Pablo Fioribello, defensor de Yañez y de otros tres imputados.
Sofía Pacchi y otras tres amigas de la primera dama (Rocío Fernández Peruilh, Florencia Fernández Peruilh y Stefanía Dominguez) optaron por otras estrategias defensivas y recién pagaron reparaciones cercanas a los $250 mil cuando el juez las llamó a indagatoria. También esperan el cierre de la causa.
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