El gobierno no apoyó una votación en Naciones Unidas para investigar la violación a los derechos humanos en Venezuela

Alberto Fernández retrocedió en su agenda internacional al ordenar que Argentina se abstenga al momento de de votar la continuidad la comisión de las Naciones Unidas (ONU) que investiga las sistemáticas violaciones a los derechos humanos en Venezuela cometidas por el régimen de Nicolás Maduro.

La continuidad de la comisión especial fue apoyada por 19 países, rechazada por 5 estados miembros y tuvo 23 abstenciones.

América Latina apareció fracturada en el debate sucedido en Ginebra. Brasil y Paraguay avalaron la prórroga de la comisión, Cuba, Bolivia y Venezuela rechazaron su continuidad y Argentina con México optaron por la abstención.

La votación en Ginebra también exhibió la fractura global que causa la situación de los derechos humanos en Venezuela. Estados Unidos, el Reino Unido y Japón apoyaron a la comisión investigadora, mientras que China y Eritrea votaron en contra.

El debate fue tenso en términos diplomáticos. Cuba denunció que se informó mal sobre los fondos que se gastarían en financiar la comisión especial en Venezuela. Y el representante de Maduro en el recinto cuestionó el lenguaje -wording- que estaba utilizando el embajador de Estados Unidos ante el Consejo de Derechos Humanos ante la ONU.

Finalmente, se comprobó que Cuba tenía razón en su denuncia: la ONU dispondrá de más cinco millones de dólares para sostener a la comisión especial, cuando al principio se informó que sólo sería un poco más de un millón de dólares.

Esa rectificación permitió al embajador cubano desplegar un discurso teñido por la lógica de la Guerra Fría. Su colega venezolano también avanzó en la misma línea ideológica sin reconocer que Maduro lidera un aparato de represión ilegal que fue denunciado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas.

Tras la precisión sobre las cifras del presupuesto destinado a solventar a la comisión especial, le toco el turno a la Argentina. El representante Sebastián Rosales hizo un discurso diplomático que sirvió poco para ocultar el cambio de posición ordenado por Alberto Fernández.

“La Argentina ha decidido abstenerse en el presente proyecto de resolución por entender que el diagnóstico realizado por la FFM (Misión Internacional Independiente) no responde a un trabajo producto de investigación en el terreno y al diálogo directo con todos los actores gubernamentales y no gubernamentales involucrados. Si bien coincidimos que es el propio gobierno de Venezuela quien debe permitir el acceso de la FFM al país para investigar adecuadamente las denuncias recibidas, la renovación de la FFM en las actuales condiciones solamente contribuye a continuar un mecanismo que en la práctica y el terreno no pueden mejorar los derechos humanos del pueblo venezolano”, aseguró Rosales en Ginebra.

Cuando el Gobierno apoyó la creación de la comisión especial, ya se sabía que Maduro no autorizaría su ingreso a Venezuela para recoger en el terreno las denuncias de violaciones sistemáticas cometidas por el régimen populista. Y pese a esta limitación clave, la investigación independiente probó que Maduro incumple todos los derechos establecidos por la Carta de las Naciones Unidas.

Ahora, el proyecto avalado por más de 40 países sostiene que es necesario continuar con el trabajo de la comisión a pesar de las limitaciones impuestas por Caracas. Sin embargo, la Casa Rosada sostiene que esa tarea no mejorará los derechos humanos en Venezuela. Una contradicción flagrante que el Gobierno comete para satisfacer las demandas del kirchnerismo.

“Condena enérgicamente todas las vulneraciones y transgresiones del derecho internacional de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela, algunas de las cuales, según la misión internacional independiente de determinación de los hechos, pueden constituir crímenes de lesa humanidad”, establece el artículo 1 del proyecto de Resolución que presentaron Estados Unidos, Canadá, Chile, Alemania y Francia, entre otros países, ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Ese proyecto en su artículo 3 además “expresa profunda preocupación porque la continua erosión del estado de derecho, la inseguridad de la permanencia en los cargos, la falta de transparencia en el proceso de nombramiento de jueces y fiscales, la precariedad de las condiciones de trabajo y las injerencias políticas, incluido el reciente nombramiento de magistrados del Tribunal Supremo que carecen de independencia, siguen socavando la independencia del sistema de justicia, contribuyen a la impunidad y a la persistencia de las violaciones y transgresiones delos derechos humanos, inciden en el acceso de las víctimas a la justicia y obstaculizan la celebración de elecciones libres y limpias”.

Y concluye en su artículo 4 con una descripción exacta de lo que está sucediendo en Venezuela: “Condena enérgicamente los actos generalizados de represión y persecución selectivas por motivos políticos, como el uso excesivo de la fuerza, las detenciones arbitrarias, la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas, cometidos por las fuerzas de seguridad e inteligencia, así como la injerencia en la autonomía y la composición de diversos partidos políticos, y deplora las actuales restricciones del espacio cívico y democrático”.

Con la abstención de Argentina en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el Presidente se alineó con el kirchnerismo y deterioró sus relaciones diplomáticas con Estados Unidos y la Unión Europea.

La cancillería está fracturada en dos facciones que representan intereses distintos. Santiago Cafiero apuesta a una agenda multilateral y reconoce que América Latina pertenece al área de influencia de los Estados Unidos. Esa posición es respalda por Alberto Fernández, pese a sus críticas al papel que protagoniza la Casa Blanca en la guerra que enfrenta a Rusia con Ucrania.

Al otro lado de esta posición geopolítica, se ubica el vicecanciller Pablo Tettamanti, el Instituto Patria y los embajadores Oscar Laborde (Venezuela), Sabino Vaca Narvaja (China), Carlos Raimundi (OEA) y Eduardo Zuain (Rusia). Este bloque apoyado en silencio por Cristina Fernández de Kirchner operó para lograr que el Presidente reformule su posición respecto a las investigaciones que hace la ONU en Venezuela.

Hace pocas horas, el gobierno apoyó la designación de un relator especial para denunciar las violaciones a los derechos humanos que comete Putin en territorio de la Federación Rusa. Y el mismo día, tiempo más tarde, la Casa Rosada se abstendrá de respaldar la prorroga -por dos años- de la comisión de la ONU que ya presentó un informe con pruebas contundentes acerca de las restricciones a la libertad que existen en Venezuela.

“Nuestras investigaciones y análisis muestran que el Estado venezolano utiliza los servicios de inteligencia y sus agentes para reprimir la disidencia en el país. Esto conduce a la comisión de graves delitos y violaciones de los derechos humanos, incluidos actos de tortura y violencia sexual. Estas prácticas deben cesar inmediatamente y los responsables deben ser investigados y procesados de acuerdo con la ley”, afirmó Marta Valiñas, presidenta de la Misión de investigación de la ONU en Venezuela, hace pocos días.

Este zigzag diplomático -causado por los conflictos internos de la administración peronista- desgasta la imagen internacional de Alberto Fernández y pone a la Argentina junto a la cuestionada agenda de derechos humanos de Venezuela, Rusia, Cuba y China.