Irán a juicio un directivo de Camioneros y siete empleados de una pyme por un bloqueo sindical

El fiscal Fernando Semisa, de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 4 de Esteban Echeverría, elevó a juicio la causa contra un alto directivo del Sindicato de Camioneros y 7 empleados por el bloqueo realizado en la pyme Química Oeste, por el cual fueron acusados del delito de turbación de la posesión, que, según el Código Penal, prevé una pena de 6 meses a 3 años de prisión.

Uno de los implicados en la causa es el titular de la Delegación Monte Grande de Camioneros, Fabián Arévalo, y el resto, personal de Química Oeste, que impidieron la entrada y salida de camiones con mercadería de esa empresa de Esteban Echeverría en mayo de 2021 mediante “conductas violentas y amenazantes y con un plan previamente trazado”.

Para el fiscal Semisa, que indagó entre junio y julio a los 8 imputados, se encuentran “debidamente acreditados tanto el cuerpo del delito como la autoría responsable” de quienes en 2021 bloquearon la empresa, que provee de insumos químicos a la industria, por el reclamo del sindicato de Hugo y Pablo Moyano para que tres de los 60 empleados dejaran de estar afiliados al Sindicato de Comercio y pasaran a estar encuadrados en el convenio de Camioneros.

Además de Arévalo, irán a juicio Fernando Emmanuel Arzola, Guerrero Aldo Wertel, Ulises Reinaldo Rodas, Miguel Angel Acosta, Sergio Javier Pogonza, Roberto Casal y Humberto Ramón Castaño. La abogada de Química Oeste, Florencia Arietto, anticipó que pedirán que el titular de Camioneros de Monte Grande tenga una condena de ejecución efectiva porque tiene antecedentes.

La causa, que lleva adelante el juez de Garantías de Esteban Echeverría, Javier Mafucci Moore, comenzó con una denuncia por los delitos de extorsión, turbación de la propiedad e impedimento del trabajo contra los manifestantes, que, según la empresa, procuraban tener el número suficiente de representantes para poder elegir un delegado propio. Por eso, los manifestantes comenzaron el bloqueo del depósito y luego sumaron un paro por “faltas en las medidas de seguridad y de higiene”, como la ausencia de vestuarios y de baños, algo que, según denunció Arietto, se trató de “un reclamo laboral inventado”.

Según relató a la Justicia el dueño de la empresa, Ignacio Dos Reis, el 10 de mayo apareció ante el depósito de Química Oeste un grupo de unas 10 personas que se bajaron de 3 autos particulares y colocaron allí una bandera que decía “Sindicato de Camioneros Delegación Monte Grande”, mientras decían “de acá no sale nadie, acá no se mueve nadie, hoy no van a trabajar” (SIC) y le impedían la salida a los camiones y el ingreso de los empleados a la empresa. Luego llegaron más activistas, se instalaron en el lugar, hicieron una “choriceada” y Arévalo se sumó al bloqueo.

Al día siguiente, llegaron ante el depósito de Química Oeste 3 o 4 camiones con contenedores y también se les impidió el ingreso, así como a “una cantidad importante de clientes que llegaban con sus transportes para retirar la mercadería”. La situación se repitió el lunes 17 de mayo: “Empezó a aparecer mucha gente identificándose con el Sindicato de Camioneros por sus vestimentas y banderas, que nuevamente impidieron trabajar, motivo por el cual los camiones tuvieron que dormir en otro sitio” y los clientes y proveedores no pudieron trabajar ese día”, según relató Dos Reis.

La protesta siguió hasta el 18 de mayo al mediodía, cuando la policía bonaerense formó un cordón para permitir la entrada y salida de camiones, y el bloqueo se levantó ese mismo día por la noche.

El empresario, asesorado por Arietto, hizo la denuncia penal correspondiente y despidió a los empleados involucrados en la medida de fuerza. La presión del sindicato, ahora por reincorporar a los trabajadores y con amenazas de actos de sabotaje, hizo que Dos Reis cerrara la empresa y amenazara con bajar las persianas de manera definitiva. Esa situación derivó en una carta que unos 30 empleados de Química Oeste presentaron ante los ministerios de Trabajo de la Nación y de la provincia de Buenos Aires en la que pidieron garantías para poder trabajar con normalidad.

“Queremos hacer valer nuestros derechos: preservar nuestra fuente de trabajo, ser oídos y decir basta a los atropellos de las patotas sindicales. Somos trabajadores y queremos ejercer nuestro derecho con total libertad y sin miedo”, señalaron. “Estamos a merced de sindicalistas inescrupulosos”, aseguraron en otro tramo de las cartas. Los empleados pidieron audiencia a las autoridades para plantear su posición. Nunca les contestaron las cartas ni fueron recibidos.

Tras el pedido de elevación a juicio, Dos Reis dijo a Infobae: “La noticia nos pone contentos porque quiere decir que la justicia está avanzando y ahora tenemos que esperar la resolución del juicio, pero estamos en la senda correcta y se demostró una vez más que el bloqueo es un delito”.

El dueño de la pyme recordó que vivió “dos semanas de mucha tensión” durante las protestas de Camioneros y que cuando despidió al personal que participó del bloqueo pudo reabrir las puertas de Química Oeste, pero “había presión del Ministerio de Trabajo para reincorporarlos y eso equivalía a volver a tomar a empleados que nos amenazaron con hacer un desastre en las instalaciones”.

“Analicé la posibilidad de cerrar la empresa -admitió Dos Reis-, aunque con el conflicto que vivimos hubo un antes y un después: la empresa ahora trabaja normalmente dentro de lo que es la coyuntura nacional y cambió el clima de trabajo. Eso a uno le da fuerza para seguir apostando al país, como lo venimos haciendo desde hace 65 años con nuestra empresa”.

El bloqueo sindical le ocasionó a Química Oeste una pérdida de “varios millones de pesos por día” y al sector petrolero, un promedio de 2 millones de dólares por la falta de insumos.

A partir del episodio que vivió, Dos Reis se convirtió en uno de los integrantes del Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (MEAB), creado en 2021 y presidido por Verónica Razzini, desde donde ayudan y asesoran a empresarios que son víctimas de las protestas sindicales extorsivas.

Por eso el propietario de la pyme consideró que los avances de la Justicia contra los bloqueos son “fundamentales” para que los empresarios no cedan ante la extorsión sindical. “Las apretadas generan miedo y ahora siento alivio por la tarea de la Justicia. Por eso queremos transmitir que hay que denunciar a los que se manejan con actitudes mafiosas”, resaltó Dos Reis.

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