El caso del avión venezolano-iraní que fue incautado en la Argentina se convirtió en una noticia relevante y central durante semanas en el país, pero también concitó la atención internacional.
La identidad de los tripulantes, las irregularidades con la aeronave que llegó al país a principios de junio y las posibles conexiones con el terrorismo internacional provocaron un enorme revuelo y, en las últimas horas, una mención del gobierno de los Estados Unidos.
El subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, Brian A. Nichols, se refirió al tema, destacó la colaboración y señaló: “La incautación de un avión venezolano de origen iraní en el cono sur y la extradición de un blanqueador de dinero del régimen en Cabo Verde son sólo dos ejemplos de nuestra incansable campaña para exigir responsabilidades y justicia allí donde se escondan los delincuentes”.
“El gobierno de los Estados Unidos, en coordinación con sus aliados, también perseguirá a los fugitivos e interceptará las actividades delictivas relacionadas con el régimen”, apuntó el funcionario
Durante una audiencia en la Comisión de Exteriores del Senado de EEUU, Nichols prometió: “Seguiremos persiguiendo implacablemente la rendición de cuentas de todos los actores que participan en la corrupción o abusan de los derechos humanos en Venezuela”.
La investigación en curso
A mediados de agosto, tras un dictamen favorable de la fiscal Cecilia Incardona, el juez Federico Villena hizo lugar al pedido de la Justicia de Estados Unidos para incautar el avión retenido en el aeropuerto de Ezeiza desde el 8 de junio. El requerimiento tramita en los términos de la ley 24.034, que aprobó en 1991 el Tratado de asistencia jurídica mutua en asuntos penales con el Gobierno de Estados Unidos.
El pasado martes, la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata autorizó la salida del país de 12 de los 19 tripulantes del avión venezolano-iraní retenido en Ezeiza. Además ordenó definir la situación procesal de los ciudadanos de esos países que estaban en la aeronave de Emtrasur. Las siete personas restantes seguirán retenidas en la Argentina por decisión de la Justicia.
La decisión fue tomada por la Sala III del Tribunal, que está conformada por los jueces Carlos A. Vallefín y Roberto Lemos Arias.
El fallo le ordenó al juez Federico Villena que apure y concluya “todas las diligencias pendientes, la definición de la situación procesal y de las restricciones impuestas sobre las personas y las cosas”.
“Ni la República Bolivariana de Venezuela ni la República Islámica de Irán son parte de la investigación” sino que “se trata, en la definición del juez de primera instancia, de determinar si ciudadanos de distintas nacionalidades bajo apariencia de realizar una actividad lícita, están financiando operaciones de terrorismo o bien son parte de un plan vinculado a una organización terrorista”, se señaló en la resolución judicial.
Los 12 tripulantes que pueden regresar a sus países son: Victoria Valdiviezo Marval; Cornelio Trujillo Candor; Vicente Raga Tenias; José Ramírez Martínez; Zeus Rojas Velásquez; Jesús Landaeta Oraa; Armando Marcano Estreso; Ricardo Rendon Oropeza; Albert Ginés Pérez; Ángel Marín Ovalles, Nelson Coello y Mahdi Mouseli.
En tanto, quienes todavía deben permanecer en Argentina con sus pasaportes retenidos son: Gholamreza Ghasemi; Abdolbaset Mohammadi; Víctor Pérez Gómez; Mario Arraga Urdaneta; José García Contreras; Mohammad Khosraviaragh y Saeid Vali Zadeh.
Sobre este último grupo, el primero de los mencionados es el piloto del avión y el juez Villena señaló que “resulta de vital importancia un documento remitido por el Buró Federal de Investigaciones de los Estados Unidos de América (FBI) respecto de la asociación del ciudadano iraní Gholamreza Ghasemi a los grupos terroristas designados, la Fuerza Qods del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Iraní (IRGCQF) y Hezbollah”.
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