El Frente de Todos impulsa un proyecto de ley para sancionar jueces que practiquen “lawfare”

Con el apoyo de los distintos sectores del Frente de Todos, la diputada nacional Gisela Marziotta convocó a una audiencia para debatir un proyecto de ley que tipifique los delitos de “lawfare”, es decir, la estrategia de guerra por la “vía judicial-mediática” que, según el oficialismo, está sufriendo la vicepresidenta Cristina Kirchner en las causas que la investigan por presuntos hechos de corrupción.

A una semana de la escalada de tensión política que incluyó el intento de asesinato de la Vicepresidenta, Marziotta encabezó ayer en la sala 2 del Anexo del Congreso de la Nación una reunión donde anticipó una propuesta del diputado Ramiro Gutiérrez (FdT), que se presentaría en la Cámara baja en la próxima semana. En su intervención, el legislador consideró en la necesidad de una legislación destinada a frenar el uso de “herramientas ilegales” para perseguir a dirigentes políticos y sociales.

Al esgrimir sus argumentos, Gutiérrez sostuvo que se debe establecer un castigo “para quienes decidan deteriorar el prestigio de una persona o el orden institucional de un país”, para que vaya “más allá de una multa como hoy prevé el Código Penal”. Desde su punto de vista, los jueces que cometen alguna “acción maliciosa” y utilizan falsedades en el ejercicio de su cargo perciben sanciones menores.

“Hasta ahora la pena era una multa, que ahora sea la cárcel”, remarcó Gutiérrez.

La diputada Marziotta apoya la tesis de la existencia del “lawfare”. Sostuvo que lo que está “en peligro” no solo son los gobiernos de un signo político, sino todo el sistema democrático, y la hendija por la que se cuela ese riesgo es el “vacío legal respecto del lawfare”. “El peligro que encierra es más enorme y está sucediendo a nivel regional, no nos pasa solo a nosotros. Hay un plan detrás del lawfare”, expresó.

En la audiencia estuvieron también presentes como oradores el abogado constitucionalista Eduardo Barcesat y el fiscal general Alejandro Alagia. La diputada nacional de La Cámpora, Paula Penacca, también fue parte de la convocatoria y vinculó el lawfare con “el poder económico, que tiene capacidad de influencia sobre el poder mediático y judicial” busca como objetivo “instalar modelos que van en contra de la población y que garantizan la continuidad de los privilegios de un sector minoritario de sociedad”.

“Tenemos que dar debates urgentes y legislar para construir herramientas que aporten a mejorar nuestra democracia y ponerle un freno a estos mecanismos que solo avanzan contra los derechos de nuestro pueblo y que tienen como propósito instalar modelos excluyentes”, dijo Penacca en su cuenta de redes sociales, al coincidir en la iniciativa en la Cámara de Diputados.

En la reunión, la vicepresidenta de la Comisión de DDHH de la Cámara de Diputados, María Rosa Martínez (FdT), describió una escalada de violencia política que comenzó “con el ataque al Instituto Patria” y se extendió al armado entre la Justicia y los medios por el cual, el pedido de condena del fiscal Diego Luciani, fue transmitido “como en cadena nacional”, pero no así la defensa de Cristina Kirchner.

La convocatoria contó con el aval del jefe de bloque del Frente de Todos en Diputados, Germán Martínez, quien grabó un video por su viaje al Chaco. Por su lado, el abogado Barcesat, afín al oficialismo, expresó su apoyo a la propuesta y recordó que el debate en torno al concepto de “desaparecido” en la Justicia. Barcesat sostuvo que hay una necesidad de “devolverle dignidad a los discursos y a las prácticas jurídicas”.

A su turno, el fiscal Alagia pidió dejar de hablar de “lawfare” y denominarlo como un “proceso de guerra judicial o persecución política o jurídica”. “Ese nombre es inglés y necesitamos también descolonizar el lenguaje”, consideró. “La guerra jurídica siempre es ilegal”, concluyó Alagia, al señalar que anula el principio de inocencia e instala la prisión preventiva como parte del proceso legal.

Del encuentro también participaron representantes de la región como Gabriela Rivadeneira, ex presidenta del parlamento ecuatoriano y hoy asilada en México, y Susana Rivero, exministra y diputada del Estado Plurinacional de Bolivia, y abogada de Evo Morales. Por videoconferencia asistieron el embajador argentino en Venezuela, Oscar Laborde y el embajador en Ecuador, Gabriel Fucks quien señaló “la valentía y el coraje de proponer esta ley”. La periodista y escritora María Seoane, por su lado, se explayó en el rol del periodismo, tras señalar que hubo “35 libros escritos contra Cristina Kirchner y unas 548 denuncias judiciales falsas.

A su turno, el diputado nacional Rodolfo Tailhade reclamó como urgencia “avanzar en transformar el poder judicial”. Y esto se logra con participación popular. Tenemos que promover leyes para lograr más participación ciudadana en defensa de los intereses nacionales. Porque jueces y fiscales defienden los intereses del sector dominante”, agregó. En su reflexión apuntó contra la jueza Eugenia Capuchetti quien “a 24 horas del hecho criminal más importante de las últimas décadas deja perder la evidencia”, por el celular del imputado.

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