En un nuevo movimiento oscilante del oficialismo, el diputado del Frente de Todos Leopoldo Moreau apoyó la intención de controlar la propagación de discursos de odio, y sostuvo que “tampoco hay que sorprenderse que haya restricciones” en la opinión pública, tras el atentado a la vicepresidenta Cristina Kirchner en su casa de Recoleta.
El legislador nacional, un dirigente leal y políticamente cercano a la titular del Senado, descartó la idea de crear una nueva normativa contra los discursos de odio, pero consideró que “hay que aplicar la legislación vigente”.
“No conozco a nadie que esté trabajando en una ley específica. Hay adhesión de Argentina a pactos internacionales que hacen referencia a la prédica del odio”, indicó Moreau al ser consultado sobre un marco regulatorio que prohíba la multiplicación de mensajes violentos.
“Creo que hay que mirar algunos aspectos puntuales (en el tema). Quienes vamos a la cancha sabemos que cuando hay cánticos anti semitas y xenófobos, el referí para el partido. No hay que sorprenderse que haya restricciones”, ejemplificó en diálogo con el programa “Ahora Dicen” por radio FM Futuröck. “Creo que hay aplicar la legislación vigente, desde la ley de defensa de la democracia y hasta la ley de discriminación. Es algo que ya se aplica y es tan simple”, amplió.
Luego del atentado contra Cristina Kirchner, el Frente de Todos puso en debate la posibilidad de sancionar una ley para sancionar los discursos de odio. Ahora, Leopoldo Moreau se sumó a ese coro de voces que reclaman mayores regulaciones en el discurso público, con la hipótesis de que los mensajes hostiles hacia un signo político desencadenan hechos de violencia como el ocurrio en el barrio de Recoleta.
Si bien la portavoz de la Presidencia Gabriela Cerruti negó que se esté evaluando una nueva legislación, el jefe del bloque del Frente de Todos José Mayans reveló que durante su encuentro con Alberto Fernández hablaron sobre la posibilidad de analizar un marco regulatorio destinado a este tipo de mensajes. Si bien “se está trabajando en eso”, Mayans reconoció que “hay que ver cómo se hace” para “evitar que haya mensajes extremadamente violentos o que inciten a la violencia” por parte de algunos grupos.
La propuesta ya había sido planteada por la titular del INADI Victoria Donda, en una columna publicada en Infobae, dónde sostuvo que “urge tener una herramienta legal que sancione estas construcciones discursivas”.
Ante la repercusión de la posible medida, Cerruti aseguró que “no hay ningún proyecto que se esté analizando en ese sentido”. Sin embargo, Mayans la contradijo reveló que el presidente de la Nación evalúa una futura convocatoria con especialistas para analizar posibles medidas en torno a los mensajes violentos. Con un matiz, Leopoldo Moreau se inclinó por aplicar efectivamente medidas y mayores regulaciones de este tipo de discursos, pero sin crear ninguna nueva ley.
En el marco de estos vaivenes, el diputado nacional del Frente de Todos y amigo del presidente Alberto Fernández, Eduardo Valdés, propuso implementar una “ley Micaela contra los discursos del odio”. Es decir, una normativa que tienda a desalentar los mensajes violentos desde una formación y la capacitación obligatoria, pero sin implementar restricciones desde el punto de vista de la emisión.
Para un sector de la oposición de Juntos por el Cambio, los instrumentos legales que el Gobierno pretende utilizar para restringir los discursos de odio entran en la categoría de “ley mordaza”. “El kirchnerismo intenta distraer y propone una ley mordaza. Con el argumento de que la culpa de todo lo que pasa es del periodismo, la Justicia y la oposición, buscan controlar la libertad de expresión. No lo vamos a permitir”, sostuvo ayer el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Con el mismo tono, el ex presidente Mauricio Macri había criticado el fin de semana que el Gobierno realice un uso “partidario” del intento de asesinato de Cristina Kirchner para incitar “una cacería de enemigos simbólicos” y “alentar la persecución a la prensa y a la Justicia”.
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