Rodríguez Larreta y Pablo Moyano, cerca de un acuerdo por la estatización del sistema de grúas porteño

Pablo Moyano anunció que el Sindicato de Camioneros se movilizará este jueves, a las 12, ante la Legislatura porteña por el conflicto que ocasionó la estatización del sistema de acarreo en la Ciudad de Buenos Aires: el gremialista le declaró la guerra al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta por “querer precarizar el salario de 500 trabajadores que realizan los trabajos de grúas y remolques y sacarlos del Convenio Colectivo de Trabajo 40/89″, aunque no dejó de negociar con los funcionarios.

Sin embargo, en el gobierno porteño estaban convencidos de que la protesta iba a levantarse. Es que en las últimas horas trascendió que está encaminado un acuerdo: si se confirma, los trabajadores de las empresas Dakota y BRD pasarán a la órbita de SBASE, una sociedad del Estado porteño que administra los subtes, donde mantendrán el convenio de Camioneros.

El conflicto se destrabó luego de que los funcionarios la Ciudad encontraron la fórmula para darle al sindicato lo que reclamaba: mantener el mismo convenio laboral y que en la nueva empresa no existiera ningún otro gremio que pudiera disputarle el encuadramiento de sus afiliados.

En realidad, en los próximos días se firmará la resolución que oficializa la operación del servicio de acarreo por parte de AUSA (Autopistas Urbanas Sociedad Anónima), pero los empleados dependerán formalmente de SBASE con el mismo salario, adicionales y condiciones de trabajo.

Todavía está en discusión el reclamo sindical de la aplicación de la llamada “Ley Moyano”, una modalidad que no está contemplada en la legislación, pero que viene consiguiendo desde 1998 sobre la base de su poder de fuego: que una empresa que ganó una concesión de servicios o que cambió de accionistas despida al personal, lo indemnice y lo vuelva a contratar.

La “Ley Moyano” cobró actualidad en marzo de 2021, cuando la cadena de supermercados Walmart fue adquirida por el Grupo Narváez y el sindicato bloqueó un depósito de la empresa para se aceptara su exigencia de echar a 500 de los 718 empleados del Centro de Distribución, pagarles la doble indemnización que regía en ese momento y volver a emplearlos. La compañía de Francisco de Narváez se negaban de manera terminante porque argumentaban que sólo hubo cambio de accionistas, con el mismo CUIT, y no podían “negociar algo que no está previsto en la ley”. Las medidas de fuerza resueltas por Hugo y Pablo Moyano ponían en peligro 10.000 puestos de trabajo.

El primer reclamo de este tipo fue hecho por Camioneros en 1998 cuando finalizó la concesión de Manliba, empresa del Grupo SOCMA, perteneciente a la familia Macri, para la recolección de residuos en la Capital Federal y, de acuerdo con el sindicato, los empleados de aquella firma terminaron desempeñándose en otras empresas o con otras condiciones de trabajo.

Pero el tema siguió pendiente hasta que Mauricio Macri, cuando fue jefe de Gobierno y tenía aspiraciones de un proyecto político propio, impulsó en la Legislatura porteña en 2012 la aprobación de un bono por 220 millones de pesos para pagarles la indemnización a los recolectores de residuos por cada cambio de concesión desde que se había ido Manliba.

Desde entonces, la “ley Moyano” se impuso en las municipalidades de Avellaneda y Moreno ante nuevas concesiones de recolección de basura (entre ambas involucraban a 700 trabajadores), en una distribuidora de la cervecería Quilmes (81 empleados) y en filiales locales de empresas internacionales como DHL (donde 75 personas pasaron a Exo Logística) y FedEx (que absorbió a 100 trabajadores de TNT Argentina y les pagó la antigüedad y el 100% de las indemnizaciones en una cuota).

Ahora, Pablo Moyano reclamó lo mismo para los trabajadores que se encargaban del acarreo en las empresas Dakota y BRD y quedaron en un limbo legal por la estatización del servicio sin que se definiera qué compañía se iba a hacer cargo. El gobierno porteño se negaba a acatar la “Ley Moyano” no sólo por el impacto económico que tendría sino por los costos políticos que debería pagar si llega a un acuerdo de ese tipo, que no contempla la ley, con un sindicato: el tema del acarreo en la Ciudad es mirado con lupa por Elisa Carrió, cuyo partido, la Coalición Cívica (CC), cuestionó la prórroga de los contratos existentes porque las empresas habían cumplido “21 años de servicio irregular”.

Una investigación publicada en julio pasado en Infobae, realizada por Iván Ruiz, Mariel Fitz Patrick y Sandra Crucianelli, reveló que Dakota y BRD tenían la concesión vencida hacía 20 años y sólo pagaban $55.000 de canon mensual, aunque recaudaban millones de pesos por día.

La CC estaba dispuesta a sumarse en la Legislatura porteña a 28 diputados opositores del llamado “frente antigrúas” que impulsaban una sesión especial para suspender el sistema de acarreo vigente. Por eso finalmente el gobierno porteño dispuso la estatización del servicio y esa decisión derivó en el conflicto con el Sindicato de Camioneros por el destino de los 500 trabajadores (en la Ciudad aseguran que son sólo 350). Ahora, avanza el acuerdo, aunque hay dudas sobre la “Ley Moyano”, esa “norma” no escrita que es uno de los pilares de la expansión de la “patria camionera”.

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