Cuatro días después de que la Justicia le ordenara a la Ciudad de Buenos Aires que cese el operativo policial en la casa de Cristina Kirchner, tras la jornada del sábado en la que se registró tensión e incidentes en el barrio de Recoleta, ahora el Gobierno porteño apeló el fallo impulsado por el magistrado Roberto Gallardo.
En aquella ocasión, la notificación judicial le había indicado a CABA: “Ordenar al señor jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Licenciado Horacio Rodríguez Larreta, que por conducto del Ministerio de Seguridad de la Ciudad, cese en forma inmediata la ejecución de cualquier operatoria policial directa o indirectamente vinculada con la custodia de la persona, familia y/o domicilio de la Señora Vice Presidenta de la Nación”.
Ahora es la gestión de Horacio Rodríguez Larreta la que pidió la revocatoria de la medida del juez Gallardo, señalando en el escrito de 64 páginas que la medida establece “una suerte de ‘zona liberada’ alrededor del domicilio de la vicepresidenta que, según el a quo es de jurisdicción federal”. Además, el documento apunta a una “intromisión del poder Judicial en las facultades de la administración local”.
En ese punto, se lee: “El pronunciamiento judicial atacado constituye a las claras una verdadera intromisión de un poder —en este caso el judicial— en detrimento de otro, el Poder Ejecutivo Local; en la zona de reserva que le compete a la Administración”.
A su vez, esta tarde se supo que el ministro de Seguridad de la Nación y el porteño, Aníbal Fernández y Marcelo D’Alessandro, respectivamente, junto al jefe de Gabinete de CABA, Felipe Miguel, suscribieron un acuerdo para dejar atrás el conflicto originado en Recoleta por las manifestaciones a favor de la Vicepresidenta que perturban a los vecinos del barrio.
Según anticiparon fuentes de la negociación a Infobae, los funcionarios de ambas administraciones se comprometieron a que las concentraciones de personas que se realicen frente a la casa de Cristina Kirchner sean “procurando ocasionar la menor afectación posible a los vecinos de la zona”.
“Con este objetivo, no se realizarán acampes, ni ferias, ni se emplearán fuegos artificiales ni se permitirá la instalación de parrillas”, estipula el entendimiento. “Se impedirá la realización de batucadas y cortes de calle”, convinieron. Tras la firma del acuerdo, se archivó uno de los expedientes que se habían abierto el fin de semana pasado luego de la tensión en Juncal y Uruguay.
La apelación de esta tarde, en tanto, apunta sobre el fallo del juez Gallardo en otro fragmento de su fundamentación: “Indudablemente el Tribunal Inferior resolvió con desconocimiento absoluto de la parte orgánica de la Constitución y de las atribuciones que ella confiere a las autoridades públicas de la Ciudad. Ni una palabra emitió el a quo con relación a los tópicos precedentes: las facultades consagradas en los artículos 34 y 35 de la CCABA”. Además, apunta a una “vulneración a la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires”.
Para entender la raíz del conflicto, hay que retrotraerse a la madrugada del sábado, cuando el gobierno de la Ciudad instaló un vallado en las inmediaciones de la casa de Cristina Kirchner para evitar concentraciones que impidan la circulación habitual de los vecinos de la zona.
La medida generó la reacción de la militancia que apoya a la Vicepresidenta, que entendió el movimiento como una provocación del gobierno de Horacio de Rodríguez Larreta para impedir manifestaciones de apoyo a CFK luego del pedido de condena en su contra en el caso por la obra pública de Santa Cruz.
El kirchnerismo suspendió un acto que había convocado a Parque Lezama y se movilizó a Recoleta, lo que escaló el nivel de tensión. Hubo incidentes y enfrentamientos que terminaron con detenidos y 20 policías heridos. La situación se descomprimió luego de una reunión política convocada por la Justicia y un discurso de la propia CFK.
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