Save Democracy manifestó su preocupación por el enfrentamiento entre el Gobierno y el Poder Judicial argentinos

Frente a la evidente tensión que existe entre el Gobierno nacional y el Poder Judicial, desatada a partir del pedido de 12 años de prisión para Cristina Kirchner que presentó esta semana el fiscal Diego Luciani en el marco de la causa Vialidad, desde Save Democracy expresaron ayer su preocupación y advirtieron que la fuerte reacción del oficialismo atenta contra “la gobernanza democrática y el normal funcionamiento republicano” de Argentina.

“La reacción del gobierno encabezado por Alberto Fernández desconociendo la legitimidad de estos procesos judiciales, pone en tela de juicio la división de poderes consagrada en la Constitución nacional y profundiza uno de los graves desafíos que enfrentan varias democracias en América Latina: el descrédito de sus instituciones axiales, especialmente la confianza en la justicia, sin la cual la convivencia democrática se convierte en utopía”, reza el comunicado de la ONG presidida por Graciela Römer.

Bajo el lema “El respeto a la plena independencia del poder judicial en Argentina, es fundamento y garantía de la gobernabilidad democrática”, destacaron que la división de poderes “es el máximo mecanismo constitucional de combate a la corrupción”, razón por la cual “los jueces y fiscales intervinientes deben ejercer su función con independencia y sin interferencias del poder político o el amedrantamiento y presiones extrajudiciales en todas sus manifestaciones”.

Save Democracy compartió su postura luego de la polémica que desataron los dichos del presidente Fernández, quien durante una entrevista televisiva comparó al fallecido fiscal Alberto Nisman con su colega Luciani. “Realmente, alentar que le pueda pasar al fiscal Luciani lo que le pasó a Nisman... miren hasta acá, lo que le pasó al fiscal Nisman es que se suicidó. Hasta acá no se probó otra cosa. Yo espero que no... que no haga algo así el fiscal Luciani”, fue la frase del mandatario que despertó fuertes críticas desde la oposición y otros organismos.

“En este sentido, Save Democracy llama al firme respeto a la Constitución de la República Argentina y pone de relieve que, sin una efectiva división de poderes que garantice la autonomía e independencia del Poder Judicial, no hay democracia que pueda ser considerada plena”, dice el comunicado. Asimismo, manifestaron la importancia de que “tanto el gobierno como la oposición, contribuyan a fortalecer la división de poderes y la existencia de una Justicia independiente”.

Por último, la ONG advirtió que la Argentina, bajo este contexto adverso, se aproxima a “una fractura impuesta por la pretensión de instalar el antagonismo entre dos maneras de entender la democracia, el respeto por los derechos humanos y las garantías constitucionales”.

El enfrentamiento entre el Gobierno nacional y la Justicia subió la temperatura a lo largo de esta semana, después de que el fiscal Luciani pidiera al tribunal la condena de 12 años de cárcel y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra Cristina Kirchner. Tras ello, la Vicepresidenta brindó un fuerte descargo de una hora y media desde su despacho en el Congreso de la Nación, apuntando contra jueces y fiscales, medios de comunicación y dirigentes opositores. “Nada de lo que dijeron fue probado. No solamente no fue probado, sino que además se comprobó que era exactamente al revés de lo que decían. Y lo pudimos ver con los testimonios de los propios testigos citados por el fiscal”, comenzó el relato la ex mandataria.

Dos días después, el presidente Fernández brindó un reportaje al canal TN durante el cual quedó muy mal parado por la comparación que hizo entre el fallecido fiscal Alberto Nisman y su colega Luciani. Ello motivó reacciones de todo tipo contra sus declaraciones, al punto tal que diputados de Juntos por el Cambio presentaron ayer un pedido de juicio político contra el mandatario.

Mediante una conferencia de prensa del interbloque de la coalición opositora, el titular del bloque de la UCR, Mario Negri, aseguró que las declaraciones de Alberto Fernández causaron “gran conmoción” y señaló que son “más propias de un código mafioso que de un Presidente”. A su vez, denunció que el kirchnerismo está intentando llevar los temas judiciales “a la calle” y advirtió que “eso genera violencia”.

Por su parte, Cristian Ritondo, titular de la bancada del PRO, reconoció que desde la oposición entienden “la responsabilidad que implica el pedido de un juicio político” pero aclaró: “Creemos que el Presidente intenta intimidar, amenazar y violentar el trabajo de un Poder que debe ser independiente”. En ese sentido, mencionó que el artículo 53 de la Constitución permite pedir una medida del estilo: “Lo vamos a presentar por medio del interbloque de Juntos por el Cambio”, detalló.

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