
El Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF) expresó este viernes su preocupación ante las declaraciones públicas que deslegitiman el accionar de la Justicia en la causa Vialidad. El texto fue emitido luego de que en los últimos días varias personalidades y sectores de la política nacional emitieran cuestionamientos a modo de respaldo a la Vicepresidenta Cristina Kirchner, a quien se solicitó una pena de 12 años de prisión en el marco de la causa que investiga irregularidades en la obra pública. También cuestionó los dichos del Gobierno que “llaman a desconocer las decisiones judiciales”.
“El Colegio Público de Abogados desea destacar que sólo el cumplimiento de los procedimientos que establece la Constitución Nacional y la ley, podrán asegurar la paz social y la plena vigencia del Estado de Derecho”, señaló hoy la comunicado de la CPACF.
A continuación, el documento expresa: “”Por ello, el CPCF expresa su preocupación por manifestaciones públicas que deslegitiman el funcionamiento institucional y llaman a desconocer las decisiones judiciales”.
“Sólo dentro de un proceso judicial que asegure el pleno respeto de las reglas del debido proceso y garantice la defensa en juicio, se podrá aplicar objetivamente la ley a los hechos bajo el conocimiento de los tribunales”, completó el texto oficial.
Vale recordar que ayer el Partido Justicialista, en bloque, mostró su respaldo a CFK tras el pedido de los fiscales que investigan presuntas irregularidades en el marco de la causa conocida como Vialidad y en la que —el último lunes— solicitaron 12 años de prisión para CFK y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Desde ese sector, cuestionaron al Poder Judicial en sus discursos y comunicados.
Apenas finalizó la exposición de Luciani aquel lunes, el propio Alberto Fernández había publicado en Twitter: “Hoy es un día muy ingrato para alguien que, como yo, se ha criado en la familia de un juez, se ha educado en el mundo del derecho y enseña Derecho Penal hace más de tres décadas. Vuelvo a transmitir mi más profundo afecto y solidaridad a la vicepresidenta Cristina Kirchner”.
“No queremos un Partido Judicial. Queremos una Justicia que juzgue unánimemente y no está pasando eso ahora”, señaló ayer Mariano Recalde, presidente del PJ porteño con un mensaje que se repitió durante el día tanto en el encuentro organizado por el PJ de la provincia de Buenos Aires. También por el comunicado emitido ayer por la mañana por parte del partido justicialista a nivel nacional: se declaró en estado de alerta y movilización para defender a Cristina Kirchner.
“Bancar a Cristina es bancar la democracia. Bancar a Cristina es bancar la voluntad popular, la soberanía popular que se quieren llevar puesta otra vez. Como lo hicieron en otro momento con el ‘partido militar’, ahora lo quieren hacer con el Partido Judicial”, también había señalado anoche Recalde en el marco del “Cabildo Abierto” organizado en el barrio porteño de Monserrat.
Este viernes, en tanto, el comunicado del Colegio Público de Abogados sentenció: “Sólo dentro de un proceso judicial que asegure el pleno respeto de las reglas del debido proceso y garantice la defensa en juicio, se podrá aplicar objetivamente la ley a los hechos bajo el conocimiento de los tribunales”.
Ayer, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, también instó a “respetar la división de poderes” y a “desalentar cualquier acción ciudadana que intente presionar a los miembros del Poder Judicial”.
“En los últimos días miembros del Poder Ejecutivo y Legislativo Nacional, entre otros funcionarios y hasta algún magistrado, han hecho declaraciones públicas criticando en duros términos la labor de los Fiscales y Jueces que intervienen en el juicio oral seguido contra la actual Vicepresidenta de la Nación y diversos ex funcionarios de su gobierno en la causa por hechos de corrupción conocida como Vialidad”, comenzó el escrito del Colegio, contextualizando sus consideraciones.
“Estas declaraciones, algunas de ellas rayanas con los delitos de amenazas e instigación a cometer delitos, afectan profundamente las instituciones de la República, alimentan sentimientos violentos y constituyen claras intromisiones al ámbito reservado al Poder Judicial de la Nación. Preservar la independencia del sistema judicial, integrado por los jueces, fiscales y defensores, es un deber impuesto a los miembros de los poderes del Estado (incluido el propio Poder Judicial y el ministerio Público) y esa preservación incumbe también a toda la ciudadanía”, manifestaron en el comunicado firmado por el Directorio de la entidad.
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