
Alberto Fernández mantiene sus diferencias personales e ideológicas con Cristina Kirchner, pero se aferra a su guión institucional y hará todos los gestos políticos posibles para acompañar a la Vicepresidenta mientras continúe el trámite procesal de la causa Vialidad.
El jefe de Estado habló tres veces con CFK en las últimas 48 horas y no se descarta un cónclave en Olivos antes de que el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 dicte sentencia tras valorar la evidencia aportada por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola.
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En este contexto, Alberto Fernández ratificó una decisión personal que ya fue informada en el despacho más poderoso de la Cámara alta: el jefe de Estado cree que es casi imposible dictar un indulto a favor de CFK en la Causa Vialidad y alega razones constitucionales y políticas.
Alberto Fernández se apoya en el artículo 36 de la Constitución Nacional para prácticamente descartar el indulto a la ex presidenta. Ese artículo -clave en la reforma de 1994- fue avalado por la actual titular del Senado cuando era convencional constituyente en representación de Santa Cruz.
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El artículo 36 sostiene que los “actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático” y “quien incurriere en grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento ilícito” estarán “excluidos de los beneficios del indulto”.
La premisa constitucional es fácil de entender y encierra un principio ético novedoso para la época: iguala un golpe de Estado con un hecho grave de corrupción pública.
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Los constituyentes del 94 establecieron que un avance contra la estabilidad democrática es un acto criminal de similar envergadura a las acciones delictivas consumadas por un presidente cuando autoriza en forma ilícita contratos de obra pública.

La facultad presidencial a dictar indultos está previsto en el artículo 95 (inciso 5) de la Constitución Nacional. Esa facultad no aplica en casos de golpes de estado o causas de corrupción y tampoco funciona cuando el expediente judicial no tiene sentencia firme.
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Entonces, Alberto Fernández también tiene una limitación legal que no podría quebrar: la causa Vialidad será apelada a la Cámara de Casación y a la Corte Suprema, y el Presidente -al margen del artículo 36 de la Constitución- debería esperar un fallo definitivo.
El mandato del jefe de Estado vence el 9 de diciembre de 2023 y es muy difícil que la Corte se expida antes de esa fecha institucional.
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A los argumentos legales de Alberto Fernández se le debe añadir una mirada política, acorde a lo explicado en Gobierno. Si hay indulto presidencial, CFK aparecería como una criminal que pidió un favor a Balcarce 50. Y eso complicaría su eventual campaña electoral.
El indulto borra la pena, pero la conducta criminal imputada queda asentada en los anales de la justicia argentina.
Alberto Fernández hoy fue a la Facultad de Derecho. Dio Teoría del Delito, un programa que conoce de memoria. El Presidente se distiende frente a sus alumnos de Abogacía y no quiere pasar allí un sólo momento de zozobra académica por una decisión política de esta índole.
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“Descreo de los indultos. Son una rémora de las monarquías. Los presidentes no están para perdonar a nadie”, enseña el mandatario a sus alumnos.
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