En su alegado de ayer, el fiscal Diego Luciani aludió al artículo 36 de la Constitución Nacional para justificar el pedido de 12 años de prisión contra la vicepresidenta Cristina Kirchner y la prohibición de no poder ejercer más cargos públicos en su vida al considerarla jefa de una asociación ilícita por la obra pública que recibió de manera irregular el empresario Lázaro Báez para la provincia de Santa Cruz. Lo hizo en la última de las nueve audiencias que tuvo la Fiscalía para exponer sus pruebas.
Afirmó que los actos de corrupción en el Estado son considerados un atentado contra la democracia e hizo propias algunas de las consideraciones que el prestigioso jurista, sociólogo y académico Robeto Gargarella realizó sobre esta norma.
“El artículo 36 es una de las obras más relevantes de nuestra Carta Magna. Por eso, hoy más que nunca, corresponde ubicar esta cláusula en el centro de la escena como lo menciona Roberto Gargarella”, afirmó Luciani al hacer hincapié que es un “texto notable porque condena severamente los actos de fuerza contra el orden constitucional y a que quien atenta contra el sistema democrático e incurra en un grave delito doloso contra el Estado que lleve al enriquecimiento personal”.
Gargarella considera que los golpes de Estado y el enriquecimiento ilícito de funcionarios son las grandes ofensas a la Constitución Nacional que hay que sancionar del modo más grave. “No es una expresión de deseos, sino una expresión textual, serena y firme de la CN (art.36): golpistas y funcionarios públicos que usan al Estado para enriquecerse de modo ilícito, representan la peor deshonra a la Constitución, y así deben tratarse sus ofensas. Larga vida a la Constitución Nacional”, tuiteó el jurista el 3 agosto.
Debido a que el nombre de Gargarella cobró notoriedad durante el proceso, el abogado fue entrevistado en Radio Rivadavia, donde comparó el juicio de vialidad con el Juicio a las Juntas y deslizó que la labor de Luciani podría considerarse como “un Nunca Más a la corrupción”.
“Salvando las diferencias, comparó al fiscal Luciani con el fiscal Strassera. En nuestra historia tuvimos estos dos grandes aportes que han ayudado a una recuperación democrática en muchos de nosotros. Ahora (en el juicio de vialidad) conocemos lo que ocurrió y conocemos las evidencias. Lo que pasó es muy sanador y reparador”, remarcó Gargarella.
Y agregó: “A mí me tiene sin cuidado cuántos años le van a dar (a Cristina Kirchner) o si va a ser proscrita porque lo importante, que es como sucedió con el Juicio a las Juntas, es el conocimiento de lo que pasó. Eso está claro para una mayoría del país. El que no lo ve es porque no lo quiere ver, como pasó en la época de la dictadura, y tiene la decisión ideológica de no ver”.
Al ser consultado acerca de qué tomó como relevante la justicia para considerar que hubo una asociación ilícita en el Estado, Gargarella primero explicó que “una asociación ilícita significa que hay varias personas trabajando en una línea tribunal que tiene una estructura jerárquica que trabaja durante un tiempo juntos”. Y luego dijo que “eso puede ocurrir en la dictadura o en un gobierno mafioso” ya que “no es cierto que la asociación ilícita sólo pueda pensarse en épocas de dictadura”.
Además, dijo que por más que el juicio de vialidad y el Juicio a las Juntas ocurrieron en momentos distintos, ambos fueron problemas gravísimos en cada uno de esos momentos; y hoy esos problemas se manifiestan en modos de corrupción.
A pesar de que la acusación del fiscal Luciani fue sustentada con chats, documentos, testimonios y hasta un testamento, desde el Frente de Todos consideraron que todo se trata, en realidad, de una “persecución judicial”.
Para el kirchnerismo, nada de eso existió. Todo se trata de un caso de lawfare que busca proscribirla, como ocurrió antes en Argentina con Juan Domingo Perón y, ahora en Brasil con Lula Da Silva y en Bolivia, con Evo Morales.
Sin embargo, Gargarella se corrió de las especulaciones política y aseguró que “el fiscal Luciani hizo un muy buen trabajo”.
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