Por los ataques mapuches, Río Negro le solicitó al gobierno nacional la colaboración de fuerzas federales

La provincia de Río Negro dispuso la custodia policial de la cabaña que fue incendiada este lunes a la madrugada en Villa Mascardi, por temor a que sea usurpada por mapuches. En esa dirección, solicitó al gobierno nacional la intervención de fuerzas federales, por tratarse de una propiedad que está ubicada dentro de un Parque Nacional, el Nahuel Huapi.

Betiana Minor, titular de la cartera de Seguridad y Justicia rionegrina, envió una nota al ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, solicitando el envío de efectivos federales para custodiar el predio y evitar la intromisión de personas ajenas al lugar.

El planteo no es antojadizo, sino que se sustenta en los antecedentes inmediatos, dado que integrantes de la comunidad Lafken Winkul Mapu, que se encuentra asentada a un terreno de por medio con respecto al recientemente atacado, avanzaron con la usurpación inicial e incluso aún permanecen instalados allí. De hecho, al menos doce viviendas ya fueron incendiadas en la misma villa turística.

“No queremos que suceda lo que ya ocurrió con otras propiedades públicas y privadas, que fueron usurpadas tras ser vandalizadas por integrantes de esa misma comunidad”, explicaron a Infobae fuentes gubernamentales.

Los efectivos federales, de acuerdo a la información oficial, podrían comenzar la custodia del sitio en los próximos días y, hasta ese momento, la tarea preventiva está a cargo de la Policía de Río Negro. Gendarmería Nacional cuenta con un puesto de control a pocos kilómetros de la zona de conflicto, aunque por el momento la intervención de su personal es únicamente para tareas de fiscalización vehicular.

Asimismo, los vecinos de Villa Mascardi se quejaron del rol que cumplen los uniformados. “Cuando los encapuchados cortan la ruta, los gendarmes arman un retén y evitan que pasen los vehículos, aunque jamás recibieron directivas de despejar la traza y garantizar la circulación. Su presencia es de cotillón”.

El objetivo del gobierno rionegrino no sólo es custodiar el predio donde se produjo el incendio, sino también “llevar tranquilidad a los vecinos del lugar, ante los nuevos hechos de violencia”.

Nuevos elementos

La gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, instruyó a funcionarios de su gabinete a inmiscuirse en la problemática y a sumar elementos a una causa que tramita el Juzgado Federal de Bariloche.

El expediente se inició en octubre de 2021, cuando presuntos integrantes de la RAM incendiaron un campamento perteneciente a Vialidad Nacional y se adjudicaron el hecho con un escrito, en el que también amenazaron a funcionarios políticos y judiciales.

El ministro de Gobierno de la provincia, Rodrigo Buteler, remarcó que desde el estado provincial condenan “este tipo de hechos violentos” y que están ”aportando a la Justicia todos los elementos con los que contamos, abogando por un esclarecimiento de estos delitos y el castigo a los culpables”.

A su vez, recordó: “En el año 2021, luego de los hechos perpetrados en el Campamento de Vialidad Rionegrina y la Oficina de Turismo de El Bolsón, por decisión de la Gobernadora Carreras, la Fiscalía de Estado de Río Negro presentó una denuncia ante el fuero Federal de Bariloche a los fines que se investigue la existencia de una organización tendiente a imponer sus ideas por medio de la violencia (delito penado en el art. 213 bis CP), procurando identificar a sus integrantes, y oportunamente aplicar las penas correspondientes”.

Con la participación de la Fiscalía de Estado de Río Negro como querellante, esta investigación “vincula los diversos hechos, entre los que se incluye también el atentado de días pasados en la localidad de Los Repollos y todos los ataques perpetrados anteriormente, y avanzando en torno a poder elucidar esta compleja figura delictiva”.

“Es necesario reafirmar que esta organización de violentos nada tiene que ver con el pueblo mapuche al que dicen representar y con el cual el Gobierno de Río Negro tiene excelente y permanente diálogo. Como Estado condenamos estas prácticas violentas y trabajamos con la Justicia en la búsqueda de su esclarecimiento”, sostuvo el funcionario.

Destrucción total

Luis Dates, propietario de la última cabaña incendiada, llegó a Bariloche para tomar contacto con las autoridades judiciales y darle impulso a la denuncia penal que tramita el fuero ordinario. “Si los peritos no me hubiesen confirmado que el incendio fue intencional, me daba cuenta solo”, dijo Dates a Infobae, luego de recorrer el predio.

El fuego comenzó en las habitaciones y lo primero que incendiaron fueron los colchones, en tres sectores distintos. “Tenían la clara intención de dañar todo, que no quedara nada”, dijo el damnificado.

Los investigadores reúnen elementos para incorporar al expediente, que por ahora cuenta sólo con el informe preliminar de la Policía de Río Negro y el resultado del peritaje de bomberos voluntarios, que confirma le existencia de elementos compatibles con intencionalidad.

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