El Congreso de la Nación fue escenario de una protesta que tranquilamente podría haberse realizado hace 30 años, a finales de la década del 80. O quizás a principios de los 90. Pero sucedió ayer.
Ex trabajadores de empresas estatales privatizadas durante los años ‘90 se movilizaron para “visibilizar” un reclamo para que se sancionen leyes de reparación para los empleados de esas entidades públicas que resultaron “excluidos de los programas de propiedad participada”. Exigen además “la recomposición de sus derechos laborales y previsionales”.
“Fue un movimiento de visibilización y difusión de nuestro reclamo”, expresó a Télam el ex trabajador de Segba, Fernando Cardozo.
La convocatoria tuvo como objetivo “manifestar los apoyos a los proyectos de ley” que buscan la reparación histórica de los ex empleados de las empresas de Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires (Segba), la Empresa Nacional de Correos y Telégrafos (Encontel), la Empresa Nacional de Correos y Telégrafos SA (Encotesa), Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) y Gas del Estado, entre otras.
“Vinimos a ponerle calor popular a los proyectos de ley que hay en la cámara de Diputados y Senadores”, subrayó Cardozo, quien también integra el colectivo de ex Trabajadores y Trabajadoras de Empresas Privatizadas. Entre los legisladores que se mostraron cercanos al reclamo aparecen Romina del Plá (Frente de Izquierda-Unidad), Victoria Tolosa Paz (Frente de Todos) y Silvina García (Unidad Ciudadana-Frente de Todos).
El grupo denuncia que hay un incumplimiento en el compromiso estatal, anunciado hace 30 años, de que recibirían una parte del capital de esas empresas en forma de un programa de propiedad participada (PPP), esquema del que quedaron excluidos porque fueron despedidos en el marco de las privatizaciones.
En el conjunto de esas demandas, los ex trabajadores de Segba cuentan con un fallo con sentencia firme a favor. El reclamo administrativo comenzó en 1994 y, tras muchos años de dilaciones, en junio de 2019 salió la sentencia firme. Sin embargo, no hay acuerdo por los montos de resarcimiento planteados por el Ministerio de Economía.
Los manifestantes recordaron que la ley de reforma del Estado promovida durante el gobierno de Carlos Saúl Menem habilitó “el desguace de las empresas públicas”. La norma apuntada tuvo como consecuencia que “miles de trabajadores en todo el país quedaran desempleados a través de un mecanismo de despidos encubiertos que fueron disfrazados de retiros voluntarios”, anunciaron los trabajadores a través de un comunicado.
“Las empresas privadas, extranjeras y multinacionales, se quedaron con las empresas del Estado”, afirmaron y señalaron que “a los ex trabajadores/ras se los excluyó del Programa de Propiedad Participada y del cobro de los Bonos de participación en las ganancias”, insistieron.
La Ley de Reforma del Estado del año 1989 permitió la privatización de empresas públicas, como así también su fusión y disolución. La compañía Encotel fue una empresa pública argentina creada en 1972, que prestaba servicio postal y telegráfico. En 1992 fue convertida en Encotesa, constituyéndose en Sociedad Anónima, como paso previo a una privatización. Mientras que Segba es una ex empresa pública argentina que se encargaba de la generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica en el Gran Buenos Aires.
Como parte de esa liquidación, el Estado nacional propuso como compensación a los empleados que serían cesanteados ingresar a un Programa de Propiedad Participada (PPP), que implicaba que un porcentaje del paquete accionario de las empresas quedaría en manos de sus trabajadores.
Sin embargo, tal programa nunca fue aplicado y los ex trabajadores de las empresas Encotel, Encotesa, Correo, Segba y otras empresas privatizadas reclaman que se traten los proyectos de ley de reparación presentados al Congreso.
“Hasta la fecha no hemos cobrado a pesar de nuestros reclamos permanentes a lo largo de estas tres décadas”, afirmó el grupo, y recocordó que “esa no fue la única secuela que dejó el proceso de privatizaciones”, ya que muchos de aquellos empleados de empresas públicas “no encontraron la manera de reincorporarse al empleo formal hoy no cuentan con los aportes jubilatorios para acceder al ingreso que les habría correspondido”.
En el marco de la actividad, los ex trabajadores afirmaron que “tres décadas son más que suficientes” para que el Estado nacional repare el daño causado y que miles familias en todo el país “reciban lo que les debería haber correspondido por ley”. Los organizadores de la protesta esperarán a que finalice el receso invernal en el Congreso para volver a movilizar, previo a convocar a una asamblea de trabajadores donde debatirán la vigencia del reclamo y los pasos a seguir.
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