Fiesta de Olivos: el Gobierno deberá informarle a la Justicia si Sofía Pacchi era asesora de Fabiola Yáñez durante la pandemia

La Justicia Contencioso Administrativa Federal ordenó a la Secretaría General de la Presidencia que entregue información sobre el uso de fondos públicos por parte de Fabiola Yañez y sus actividades durante el aislamiento obligatorio durante la pandemia en 2020, eje de la causa que se abrió por el caso “Olivos-gate”. La orden, que debe ser cumplida con un plazo máximo de 15 días, fue solicitada por la diputada nacional de la UCR Karina Banfi, a través de los abogados Diego Armesto y Gustavo Menna.

“Tal como se ha puesto de manifiesto en los considerandos precedentes, teniendo en cuenta que el libre acceso a la información pública es un derecho fundamental, no se puede soslayar que la denegatoria a brindar la información requerida –del particular modo en que lo hizo la Administración– implica un acto arbitrario e ilegítimo que desconoce los principios y derechos consagrados en la materia por la ley y la jurisprudencia reseñada”, sostuvo la resolución a la que accedió Infobae.

La resolución señaló que “si la ley 27.275 garantiza el ejercicio del acceso a la información pública a la ciudadanía, estableciendo principios rectores como la presunción de publicidad y la transparencia en la gestión pública, ello cobra aún más trascendencia teniendo en cuenta el tenor de la información requerida en autos y respecto de la cual no se vislumbra impedimento alguno para su divulgación”.

A casi un año de la revelación sobre la fiesta de Olivos, que desató una causa penal para presidente Alberto Fernández, su pareja y los invitados a la fiesta de cumpleaños, el juez federal Enrique Lavié Pico hizo lugar a la demanda que planteó Banfi tras hacer múltiples reclamos administrativos en relación a un pedido de acceso a la información presentado por primera vez el pasado 5 de agosto del año pasado sobre la nómina de empleados de la Primera Dama, sus actividades y gastos.

La Secretaría General de Presidencia desde el inicio no cumplió con los plazos legales y puso diferentes trabas burocráticas para no rendir cuentas sobre las irregularidades cometidas por la primera dama en plena cuarentena. La oficina de gobierno violó todos los plazos que establece la Ley de Acceso a la Información Pública y luego de varias insistencias por parte de Banfi respondió de forma incompleta, denunció la legisladora.

Después de los sucesivos reclamos administrativos de Banfi ante de la Agencia de Acceso a la Información solicitando que la Secretaría General de Presidencia entregue los datos pedidos en el marco de ley, la Agencia intervino y solicitó que se entreguen los informes correspondientes a los ingresos de personal a Olivos y, puntualmente, sobre las visitas de Federico Abraham -de profesión peluquero- y de Ariel Alonso Zapata -de profesión especialista en entrenamiento canino -. También sobre el monto facturado y el origen de los fondos de sus honorarios.

La Secretaría General dejó vencer los plazos impuestos por la Agencia de Acceso a la Información Pública para entregar la información completa en enero de este año. En ese contexto, la diputada fue a la justicia. “Hemos agotado todas las instancias, hoy hay una incumplimiento directo por parte del gobierno a la Ley de Acceso a la Información Pública. Acudimos a la justicia porque es importante denunciar la violación de un derecho humano que es fundamental. Más que pedir disculpas la Primera Dama debería garantizar un uso transparente de los fondos del Estado”, declaraba en abril de este año la diputada Banfi.

Se presentó un amparo con el objetivo de obtener toda la información. Ahora, la Justicia resolvió que la Secretaría General de la Presidencia de la Nación debe entregar la información de forma completa.

Durante este proceso, surgieron datos nuevos en el juicio que se lleva adelante por la causa conocida como “Olivosgate”. Sofía Pacchi alegó en varias presentaciones judiciales en la causa que la tiene como imputada por el incumplimiento de la cuarentena que ella estaba en Olivos el día del cumpleaños de Fabiola Yañez -y en otras ocasiones en las que ingresó a la residencia- en carácter de empleada y trabajando para la Primera Dama.

Sin embargo, en la respuesta que se le dio a Banfi en septiembre pasado sobre la nómina de empleados de la Secretaría General de la Presidencia asignados a las actividades y desempeño de la Primera Dama, mencionan solo dos empleadas: Carolina Marafioti y Andrea Muguillo. No hay mención de Pacchi. En otras palabras, Pacchi contradice a la Secretaría General de Presidencia. “Si Sofia Pacchi era empleada es grave. Primero porque implica que la Secretaría General mintió u omitió en un pedido de acceso a la información pública. Segundo porque se estaría ocultando la nómina de empleados públicos que por ley debe ser de libre acceso”, declaró Banfi.

Lo cierto es que ahora un fallo judicial ordena que se le entregue a Banfi la información requerida. “Merece destacarse lo expuesto por la propia AAIP en el sentido que la mera invocación de la existencia de la causa judicial referida y de la excepción establecida en el art. 8º, inc. g, no resultaba suficiente para denegar la información requerida”, dijo el juez.

“A igual conclusión debe arribarse en relación a la respuesta brindada por la demandada respecto a los ingresos a la Residencia Presidencial de Olivos, oportunidad en la que se limitó a informar que dichos registros eran de público conocimiento y habían sido dados a conocer por diversos medios de comunicación, como así también se encontraban publicados, por ejemplo, en la página web de la Fundación Poder Ciudadano, pudiendo ser allí consultados; lo que implicaba desconocer el deber que pesa sobre el Estado de entregar información cada vez que sea requerida por cualquier persona. Sobre la base de lo expuesto, cabe concluir que la denegatoria así dispuesta por la Administración resulta inválida a la luz de las reglas y principios que rigen el acceso a la información pública a partir de la sanción de la Ley N° 27.275″, se añadió.

Mientras esta causa se tramita, el caso por la fiesta en Olivos no se cerró: la Cámara Federal de San Martín rechazó todos los recursos que se habían presentado en la causa por la Fiesta en Olivos y le dejó la puerta abierta al juez federal Lino Mirabelli para sobreseer al presidente Alberto Fernández y al resto de los imputados que ya tienen un acuerdo homologado. El Presidente depositó $3 millones el 26 de mayo pasado. Fueron dos transferencias por $1,6 millón y $1,4 millón desde una cuenta personal radicada en el Banco Santander. Para ese entonces, el juez ya había homologado los acuerdos alcanzados por sus abogados y los defensores de su mujer con la Fiscalía. “No se vislumbran razones para sostener que el ofrecimiento realizado y acordado con el Ministerio Público Fiscal, sea inadecuado desde el punto de vista de los requisitos legales que demanda el instituto”, sostuvo el magistrado.

El primer paso lo dio Carolina Marafioti, la estilista de Fabiola Yañez, que donó $200 mil y es la única que ya fue sobreseída. En cambio, Sofía Pacchi, Rocío Fernández Peruilh, Florencia Fernández Peruilh terminaron yendo a indagatoria. A último momento, ofrecieron una reparación de $250 mil para no ser procesadas. Los abogados de Pacchi, Fernando Burlando y Fabián Amendola, habían intentado una estrategia diferente: afirmaron que no hubo delito porque la amiga de la primera dama tenía un contrato vigente como “asesora en comunicación y protocolo”. Ese contrato era por doce meses, pero se extendió hasta el 31 de diciembre de 2021. El juez y la Cámara voltearon ese argumento en las últimas semanas.

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