En medio de la polémica por los planes sociales, los diputados nacionales de los movimientos sociales unificaron postura de cara a la interna del Frente de Todos y exigieron el tratamiento de un paquete de leyes beneficiosas para el sector, entre ellas, la aprobación del salario básico universal, una propuesta que genera diferencias en el oficialismo.
A través de un comunicado conjunto, los legisladores que responden al Movimiento Evita de Emilio Pérsico, el Frente Patria Grande de Juan Grabois, la agrupación Somos/Barrios de Pie de Daniel “Chuki” Menéndez y la Corriente Clasista y Combativa (CCC) dejaron de lado sus diferencias internas y rechazaron que se atribuya a las organizaciones sociales y piqueteras una “tercerización” de la política social, como cuestionó hace días atrás la vicepresidenta Cristina Kirchner-
“Los movimientos populares no son formas tercerizadas de ayuda social ya que han acompañado el acceso a la tierra, el techo y el trabajo allí dónde no había nada que tercerizar porque sólo campea la exclusión; tampoco son muros de contención para darle tranquilidad a los políticos en un sistema económico injusto dónde no entramos todos y una democracia que a veces es meramente formal”, señala el comunicado, en el fragmento dirigido a la controversia que divide aguas en el Frente de Todos.
El texto, titulado como “Por un programa de tierra, techo y trabajo”, lleva la firma de los diputados Itai Hagman, Federico Fagioli y Natalia Zaracho (Frente Patria Grande), Juan Carlos Alderete y Verónica Caliva (CCC/PTP), Leonardo Grosso y Eduardo Toniolli (Movimiento Evita) y Natalia Souto (Somos/Barrios de Pie).
Se trata de un grupo de dirigentes que responden a sectores que intervienen en el Ministerio de Desarrollo Social pero que tienen simpatías disímiles hacia las distintas terminales del oficialismo. Algunos son más afines a Cristina Kirchner, como los legisladores del Frente Patria Grande, y otros apoyan a la gestión de Alberto Fernández, como el Movimiento Evita y Somos/Barrios de Pie.
En este caso, cada sector dejó de lado sus preferencias políticas en la interna del Frente de Todos y apoyaron de conjunto la política sectorial de la “economía popular”, en rechazo a los cuestionamientos y reproches a estas organizaciones y su intervención de los “llamados planes sociales”.
“Queremos reivindicar la importancia de los movimientos populares en la construcción de una mejor democracia, en la organización de los trabajadores de la economía popular, en la ampliación de derechos para el sector, en creación de cooperativas y grupos de trabajo en muchas ramas de actividad”, señala el comunicado.
En la parte propositiva del texto, los diputados exigieron al oficialismo un “pronto tratamiento de las leyes de Monotributo Productivo, Salario Básico Universal y la prórroga de la ley de Emergencia Territorial Indígena”, como parte de “soluciones superadoras que puedan sintetizar las contradicciones y resolver los problemas de nuestros compatriotas más vulnerados”.
“Los movimientos populares son agentes de transformación social y canales de participación popular -continúa el escrito-. Consideramos que los excluidos y olvidados del campo y la ciudad requieren tanto herramientas para formalizar sus procesos de trabajo como el monotributo productivo y un Salario Básico Universal para reforzar los flacos bolsillos de más de siete millones de personas que hoy se ganan el pan trabajando, pero sin derechos ni ingresos suficientes. Tampoco podemos ser indiferentes a los más olvidados de los olvidados, los pueblos originarios, que protegen nuestra Casa Común y hoy no tienen garantizado su territorio”.
“Estas iniciativas deben ser prioridad en la agenda legislativa de la próxima sesión porque no solamente ponen de manifiesto reclamos del sector, sino que aportan soluciones integrales a problemas que son de la sociedad argentina en su conjunto, en un camino hacia una patria sin excluidos”, concluye el escrito.
Con la controversia abierta en torno a la política social, otros legisladores que responden a la Liga de Gobernadores del peronismo impulsan proyectos opuestos al de las bancadas de los movimientos sociales. Gobernadores e intendentes impulsan que estos programas pasen bajo la órbita de sus jurisdicciones, como sugirió Cristina Kirchner.
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