Diputados: el Gobierno defenderá la reforma del Consejo de la Magistratura y la oposición avanzará con la Ley de Alquileres

El Frente de Todos enfrentará este miércoles una jornada intensa en la Cámara de Diputados con el debate en comisión de tres proyectos de alto impacto político que, sin embargo, tienen pocas perspectivas de avanzar debido a la falta de votos.

Una de las iniciativas que será tratada es la reforma del Consejo de la Magistratura. Desde las 11, el ministro de Justicia, Martín Soria, y el Secretario de Justicia, Juan Martín Mena, expondrán en su defensa.

El proyecto viene con media sanción del Senado, que lo aprobó con el número justo tras negociar cambios de último momento con el rionegrino Alberto Weretilneck. El Frente de Todos tiene mayoría en la comisión de Justicia y está en condiciones de emitir un dictamen. Sin embargo, sin un acuerdo político previo no podrá aprobarlo en el recinto.

El principal punto de conflicto entre el Frente de Todos y oposición es el rol de la Corte Suprema. El kirchnerismo, que propone un organismo con 17 miembros, no quiere incluir a ningún representante del Máximo Tribunal. Mientras que desde Juntos por el Cambio defienden que el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, también sea el presidente del Consejo de la Magistratura.

Durante las semanas previas, en las filas oficialistas no descartaban una negociación con Graciela Camaño, del Interbloque Federal, quien manifestó un posición intermedia: un miembro de la Corte debe integrar el Consejo pero no tiene que presidirlo.

Pero el problema para el Gobierno es que la posición de Camaño no es compartida por todos sus compañeros de bancada. El Interbloque Federal está conformado por otros dos legisladores bonaerenses, por dos socialistas y por tres cordobeses que responden al gobernador Juan Schiaretti.

Los tres diputados de Córdoba ya adelantaron que Rosatti debe ser el presidente del Consejo, y en el mismo sentido se inclinaría el compañero de Camaño, Alejandro “Todo” Rodríguez. Los socialistas de Santa Fe todavía no se pronunciaron.

Sin el apoyo del Interbloque Federal completo, el Frente de Todos queda lejos de poder aprobar una reforma del Consejo de la Magistratura. Por lo tanto, en el mediano plazo el organismo que designa y sanciona a los jueces seguirá funcionando con su composición de 20 integrantes y con Rosatti al frente, como en la actualidad.

Otro proyecto que el oficialismo intentará hacer avanzar en el plenario de Legislación General y Presupuesto y Hacienda, es el que propone crear un fondo para pagarle al FMI con bienes radicados en el exterior sin declarar. La iniciativa, impulsada por el senador kirchnerista Oscar Parrilli, también obtuvo media sanción en la Cámara alta con los 37 votos de todo el bloque del Frente de Todos, el rionegrino Alberto Weretilneck y la riojana, Clara Vega.

En la Cámara de Diputados el oficialismo tiene 118 votos y necesita sumar otras 11 voluntades para llegar al quórum de 129. Dado que Juntos por el Cambio la rechaza de plano, al igual que los libertarios, los diputados de los bloques provinciales y el Interbloque Federal tendrán nuevamente un rol clave.

Sin embargo, las señales desde esos interbloques por el momento no son nada favorables. “Es un blanqueo invotable”, aseguró a Infobae el diputado de Identidad Bonaerense Alejandro “Topo” Rodríguez. En la misma línea, incluso puso en duda que el proyecto cumpla con las normas del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), una entidad que combate el lavado de activos de la cual Argentina forma parte.

Además, quedan pocas dudas del rechazo de los cordobeses. Estos suelen actuar en sintonía con la senadora Alejandra Vigo, que ya votó en contra del fondo para pagarle al FMI cuando se debatió en la Cámara alta.

Entonces, sin los bonaerenses, sin los cordobeses y sin los cuatro diputados del Frente de Izquierda -que rechazan el proyecto porque consideran que la deuda con el FMI es ilegítima-, el proyecto impulsado por el kirchnerismo duro no tiene chances de ser aprobado en Diputados. Incluso si el oficialismo lograra convencer a los cuatro diputados de Provincias Unidas, al neuquino Rolando Figueroa y a los dos legisladores del bloque SER, todavía le faltarían cuatro votos para llegar al quórum.

El proyecto plantea que los alcanzados por este aporte deberán abonar, en dólares, el equivalente al 20% de esos activos fugados sin declarar si lo hacen durante los primeros 6 meses de vigencia de la ley propuesta y un 35% en caso de hacerlo con posterioridad.

El último tema que será tratado este miércoles es la Ley de Alquileres. Tras varias semanas de negociación, los bloques opositores avanzarán -en el plenario de las comisiones de Legislación General y Presupuesto y Hacienda- con un dictamen unificado de minoría, ya que el Frente de Todos tiene los números para imponer el de mayoría. La firma del dictamen es el paso previo para poder tratar un proyecto en el recinto.

No obstante, si se convoca a una sesión, el oficialismo no tendrá los números para aprobar su proyecto (que no modifica el plazo de tres años para los contratos ni las actualizaciones anuales). En cambio, los diferentes bloques opositores unidos podrán recrear casi la misma mayoría que aprobó la Boleta Única para darle media sanción al dictamen de la minoría. De hecho, intentarán llevar el debate al recinto antes del receso por las vacaciones de invierno a través de un pedido de sesión especial.

El acuerdo al que llegó la oposición incluye volver al plazo de dos años, las actualizaciones semestrales sin ningún techo y la inclusión de los incentivos fiscales. Entre ellos, la exención del pago del impuesto a los Bienes Personales para los que declaren los contratos de alquiler, una reforma del régimen del monotributo para que las personas con hasta 10 propiedades en alquiler no tengan que pasar al régimen general y una modificación para que el pago de alquileres no se vea afectado por el impuesto al cheque.

Entonces, contaría con los votos de Juntos por el Cambio, el Interbloque Federal y los dos diputados rionegrinos. Además, hay que sumar a los cuatro diputados libertarios, que cuestionan cualquier tipo de intervención estatal en el mercado inmobiliario. Un total de 130 escaños, que supera el mínimo de 129.

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