La fuga de cuatro delincuentes que estaban detenidos en una comisaría de Chacarita encendió una vieja polémica entre el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el Servicio Penitenciario Federal. Básicamente, el gobierno porteño acusa a la interventora del SPF, María Laura Garrigós de Rébori, de no darle ingreso en los penales federales a las personas que son detenidas en la Capital Federal, incluso en causas por delitos que escapan a la órbita de la Justicia de la Ciudad.
Este lunes, el ministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro, sumó un nuevo ingrediente a la disputa. “Yo no suelo decir nunca o contar las conversaciones privadas que tenemos, pero esto lo voy a contar porque es indignante; Garrigós me dijo: “El problema que tenés es la política criminal que llevás adelante, si dejás de detener, no vas a tener problemas con los detenidos en las comisarías””.
Detrás del debate político e incluso ideológico, hay un problema estructural que explica la situación: las comisarías de la Ciudad de Buenos Aires no fueron diseñadas para alojar delincuentes. Las dependencias cuentan con celdas que fueron pensadas como un lugar transitorio para las personas que son detenidas y eventualmente derivadas a un alojamiento del Servicio Penitenciario Federal. “Nosotros no tenemos duchas, no tenemos condiciones para que reciban a sus abogados, incluso no tenemos los alimentos calóricos necesarios para suministrarles; hay 1500 policías que en vez de estar cuidando a los vecinos en las calles, están en las comisarías cuidando presos y no fueron entrenados para eso”, especificó D’Alessandro.
El gobierno porteño cree que la negativa del Servicio Penitenciario de recibir a los detenidos de la Capital se encolumna detrás de una serie de decisiones de la administración nacional, entre las cuales mencionó el recorte de la coparticipación y las trabas burocráticas para la adquisición de pistolas Taser.
El problema de la sobrepoblación de comisarías no es nuevo (desde el 20 de marzo de 2020 a mediados de la semana pasada, se pasó de 61 detenidos sólo en alcaidías a 789 detenidos tanto en alcaidías como en comisarías del sistema policial porteño) y afecta también con sus picos y valles a la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, existe un fallo que les da la razón a las autoridades locales y fue emitido ante un reclamo interpuesto por Horacio Verbitsky: los detenidos no pueden estar largos tiempos alojados en celdas que no fueron preparadas para tal fin.
La fuga producida anoche en Chacarita se explica en parte por estos problemas estructurales. Como las celdas no fueron diseñadas con un espacio adecuado para el suministro de almuerzos y cenas, la oficial que estaba a cargo tuvo que abrir las puertas para entregarles un recipiente. Los delincuentes aprovecharon la maniobra para atacar violentamente a la guardia y escapar. En una unidad del Servicio Penitenciario, ese tipo de movimiento hubiera sido imposible.
Según confirmaron fuentes policiales a Infobae, los detenidos amenazaron con facas al personal. Maniataron a una oficial, una celadora, a la que le robaron el arma, el equipo de trunking y la campera de su uniforme. Lograron luego salir a pie por la cochera de la dependencia.
Kevin Duarte y Sebastián Alfaro, dos de los sospechosos, fueron detenidos poco después. Quedan dos prófugos: Gabriel Ángel y César Jonathan García. El primero tiene 30 años, domicilio registrado en un asentamiento de Claypole.
A fines de marzo, un grupo de 22 detenidos se amotinó dentro de un calabozo, en reclamo de ser trasladados a una cárcel federal. Fuentes del Ministerio de Seguridad porteño revelaron a Infobae que las autoridades le dieron un tiempo determinado a los reclusos para que depusieran su actitud. Finalmente, la situación fue controlada y casi todos los presos fueron llevados a otras sedes policiales. Se secuestraron en el lugar una decena de facas. En el lugar una mujer trans denunció haber sido abusada en medio de los disturbios. La comisaría no fue tomada, tampoco hubo evadidos.
Una polémica de vieja data
En un comunicado oficial publicado el 24 de mayo de 2021, Garrigós de Rébori fue de frente y aseguró que el “SPF cumple con su tarea” y que “es mentira que no recibe” a detenidos porteños.
“Desde el momento en que me hice cargo de la intervención del Servicio Penitenciario Federal, no se ha interrumpido el ingreso de personas detenidas en el ámbito de la CABA, siempre conforme a lo solicitado por las autoridades de esa jurisdicción y de acuerdo a la cantidad de plazas de aislamiento, para respetar el protocolo especialmente diseñado en función del COVID. Se trata de que las personas ingresantes no contagien al resto de las personas privadas de libertad”.
Casi un año después, la problemática persiste.
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