El fiscal federal Guillermo Marijuán pidió que sean citados a indagatoria tres funcionarios del PAMI acusados de haber otorgado subsidios a centros de jubilados que funcionaban en locales de la agrupación La Cámpora.
Los subsidios fueron otorgados a través de la Disposición de Firma Conjunta N° 105/2021, que lleva la firma de Santiago Paredes Adra, Asesor de la Gerencia de Promoción Social y Comunitaria, y Osvaldo Leonel Aquino, Gerente de Control de Gestión Social. A ellos se suma el Director Ejecutivo Local de la UGL VI, Esteban Ernesto Leguizamo, quien firmó los convenios con los centros.
Los nueve centros beneficiados fueron: “Vengo a proponerles un sueño”, “Que florezcan mil flores”, “Seguimos Soñando”, “No me olvides”, “Eduardo Galeano”, “Palermo Viejo”, “Honrar la vida”, “Milagros al sur” y “La fe trae esperanzas”. Todos recibieron una ayuda de $100 mil, diez veces superior a los subsidios regulares para ese tipo de centro.
Para el fiscal Marijuán, los tres funcionarios “habrían actuado contrariando las funciones inherentes a sus cargos, al haberse interesado, al intervenir en razón de sus cargos, en el otorgamiento y pago de subsidios para beneficiar a nueve CJyP que no habrían cumplido con los requisitos establecidos en la norma”.
Ademas, sostuvo que “autorizaron, gestionaron y efectivizaron la entrega de un subsidio extraordinario por montos diez veces superiores a los contemplados en la norma que los autorizaba a otorgarlos”.
Durante la investigación, impulsada por la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos Cometidos en el Programa de Atención Medica Integral (UFI-PAMI), se determinó que seis de los nuevos centros funcionan en unidades básicas de la agrupación política “La Campora”, a la que pertenece la titular de ese organismo Luana Volnovich.
Además, los subsidios no estaban justificados en la normativa. “De los documentos recibidos ni en el expediente en el que tramitó el otorgamiento de esos nueve subsidios figura documento alguno o solicitud para dar sustento al pedido extraordinario de dinero, los funcionarios intervinientes autorizaron y efectivizaron dichas erogaciones afirmando que se encontraban cumplimentados los requisitos documentales y las intervenciones previas de las áreas que habían evaluado la vulnerabilidad conforme los criterios de inclusión en la norma en esos nueve casos”, dice el dictamen del fiscal Marijuán.
Los centros beneficiados tuvieron que justificar el dinero recibido. Según esos documentos, el centro “Eduardo Galeano” dijo haber comprado un mueble rack paraíso lustre natural, una impresora, dos micrófono, un proyector Gadnic, entre otros); el centro “No me olvides” dos micrófonos, una pipeta para micrófono, un parlante, un horno eléctrico, entre otros); y en centro “Honrar la vida” (una licuadora, una procesadora, una cafetera, una pava eléctrica, entre otro).
Otra de las irregularidades detectadas apareció con la fecha de constitución de los centros de jubilados: 17, 22,16, 30 de diciembre de 2020, y 4 de enero de 2021, casi al final de la pandemia, aunque el dinero supuestamente era para “apuntalar” a centros afectados por las medidas de aislamiento. “Considerando la fecha en que fueron otorgados tales beneficios, resulta cuanto menos fatigoso sustentar que aquella asignación se motivó en la continuidad de una entidad que apenas había comenzado a funcionar”, sostuvo el fiscal. Y agregó: “Los extremos señalados, tal como han sido descriptos, resultan cuanto menos llamativos y permiten sospechar que los órganos administrativos que intervinieron en la tramitación de los subsidios en cuestión podrían haber actuado de modo parcial, insertando intereses particulares en la función que desempeñaron”.
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