Fondo para pagarle al FMI: comenzó el debate en Diputados, pero el Frente de Todos no tiene los votos para convertirlo en ley

El debate sobre el proyecto para crear un fondo para pagarle al FMI con bienes radicados en el exterior sin declarar comenzó hoy en la comisión de Legislación General con la exposición de una decena de expertos en economía, derecho y materia tributaria.

La iniciativa, impulsada por el senador kirchnerista Oscar Parrilli, obtuvo media sanción en la Cámara alta con los 37 votos de todo el bloque del Frente de Todos, el rionegrino Alberto Weretilneck y la riojana, Clara Vega. Sin embargo, el panorama para el oficialismo en Diputados es mucho más complicado.

A los 118 votos del Frente de Todos se podrían sumar los dos diputados de Juntos Somos Río Negro. No obstante, los ocho diputados clave del Interbloque Federal estarían en contra del proyecto. De hecho, la cordobesa Alejandra Vigo ya votó en contra en el Senado, por lo que se descuenta que los tres diputados del bloque Córdoba Federal, que conforman este interbloque, se pronunciarán en el mismo sentido.

Además, desde el Frente de Izquierda rechazan la iniciativa porque plantean que no hay que pagar la deuda con el FMI, la cual califican como ilegítima. Por otro lado, también se descarta el rechazo de los cuatro diputados libertarios que incluso cuestionan el concepto de “fuga de capitales”. Por lo tanto, el oficialismo enfrenta un panorama cuesta arriba para llegar a los 129 votos.

Desde Juntos por el Cambio, que en el Senado bautizó el proyecto como “Ley Muñoz” en referencia al ex secretario de Néstor Kirchner quien amasó una fortuna superior a los 30 millones de dólares, también se oponen al “blanqueo” porque aseguran que el Estado ya cuenta con herramientas suficientes para perseguir a los evasores.

“Paso a paso”, contestaron desde la bancada oficialista ante la consulta sobre los votos que harían falta para llevar el proyecto al recinto.

El proyecto plantea que los alcanzados por este aporte deberán abonar, en dólares, el equivalente al 20% de esos activos fugados sin declarar si lo hacen durante los primeros 6 meses de vigencia de la ley propuesta y un 35% en caso de hacerlo con posterioridad.

El contador y especialista en finanzas Andrés Edelstein fue uno de los que manifestó mayores cuestionamientos al proyecto, aunque aclaró que eran de críticas de carácter técnico debido a que “la finalidad es una decisión de tipo político”.

“No es más que un régimen similar a un blanqueo”, dijo Edelstein, en línea con uno de los principales argumentos de la oposición para rechazar la iniciativa. Además, señaló que “sería el quinto régimen de estas características en los últimos 14 años, y esto es lo que genera dudas, ya que se convierte en un desincentivo más para los contribuyentes cumplidores”.

Por otro lado, dado que el régimen se extendería hasta que sea saldada la deuda con el FMI, explicó que “le da una característica de régimen extraordinario pero permanente, porque no tiene fecha de corte”.

A su vez, planteó que si la idea es tornar más gravosa la situación del que no adhiere al blanqueo, lo mejor sería “agravar las sanciones del régimen tributario regular”. Finalmente, aseguró que la figura del colaborador creada por este proyecto “no está contemplada en nuestro derecho tributario y puede tener efectos colaterales; por ejemplo, da pie a que aumente la litigiosidad”.

En cambio, el economista y profesor de la UBA, Horacio Rovelli, planteó que “es imprescindible que se sancione esta ley” porque durante el gobierno de Mauricio Macri “el endeudamiento superó los USD 100 mil millones de los cuales USD 86 mil millones fueron comprados por 100 empresas”.

En esa línea, llamó a investigar los balances de estas empresas porque, según dijo, la mayoría no podía justificar las compras que hizo de moneda extranjera. “TecPetrol, que explota petróleo y gas en Vaca Muerta, según sus balances solo puede comprar 14 millones de dólares. Pero compró 92 millones. En los estados contables puede justificar sólo el 15%”, dijo.

La doctora en economía y e investigadora de Conicet Noemí Brenta, dijo que puede hacerse una “correlación perfecta” entre los desembolsos del préstamo del FMI con la salida de capitales y la conformación de activos en el exterior.

“Esta ley es imprescindible para normalizar el país. Y que la deuda no la paguen los de siempre sino quienes propician estos mecanismos, se benefician y siempre permanecen impunes”, concluyó.

Cesar Letvin, especialista en cuestiones tributarias, explicó que con este proyecto se estaría violando la ley de coparticipación federal de impuestos porque “se están condonando impuestos que son coparticipables”. “Las provincias se quedan sin esa recaudación, les estamos sacando recursos”, resumió.

Luego se preguntó si el pago que hacían las personas alcanzadas era un impuesto o una sanción. “Si es impuesto, el proyecto debería haber entrado por Diputados (que tiene potestad en materia tributaria). Si es una sanción, es impropia porque se superpone con el régimen sancionatorio que ya existe”, detalló.

El proyecto que llegó con media sanción del Senado también crea la figura del “colaborador” que refiere a personas físicas o entidades bancarias que faciliten el hallazgo de bienes no declarados. También se promueve la reforma de la ley de Entidades Financieras en materia de secreto bancario, bursátil y fiscal. Para el colaborador se establece en 500.000 dólares el monto mínimo para denunciar y la recompensa queda fijada en 30% en dólares y no está sujeto a Ganancias. Además, y previendo que puede haber denuncias falsas con la intención de perjudicar, en el texto quedó establecido que aquel que brinde información falsa con la intención de difamar estaría cometiendo un delito.

El proceso de control, fiscalización y supervisión de su gestión será realizado por la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control de la Gestión de Contratación y de Pago de la Deuda Exterior del Congreso.

Los impulsores del proyecto estiman que se puede llegar a recaudar más de 20 mil millones de dólares, que serán destinados únicamente para el pago de los 44 mil millones de deuda que tomó el gobierno de Mauricio Macri en 2018. La duración de esta ley, de aprobarse, sería hasta recaudar la misma cifra que se le adeuda al FMI.

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