
Dirigentes políticos y víctimas de ataques de comunidades mapuches aseguraron que hay agrupaciones en Argentina y en Chile que son financiadas y asesoradas por el narcoterrorismo.
En una conferencia internacional que se realizó en Neuquén, señalaron que “existen conexiones permanentes y verticalistas” entre esos grupos violentos y revolucionarios mapuches instalados a uno y otro lado de la Cordillera de los Andes, y denunciaron que “muchos de los que levantan la bandera de esa comunidad, principalmente en Chile, son financiados y entrenados “por narcocriminales”.
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El encuentro se realizó en un hotel de la capital neuquina y contó, entre otros, con la presencia del ex Senador y Auditor General de la Nación, Miguel Ángel Pichetto, los diputados Victoria Villarruel (referente del espacio de Javier Milei) y Francisco Sánchez (Juntos por el Cambio), y el legislador chileno Diego Schalper.

El objetivo de la convocatoria fue analizar “la amenaza Wallmapu”, para visibilizar los episodios violentos, amenazas y usurpaciones de grupos “autodenominados mapuches”.
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“Nos convoca una preocupación común entre ambos países y es el avance discriminado de grupos violentos, que tienen la intención de despojarnos de nuestras tierras a partir del ejercicio de la violencia, los atentados y el vandalismo”, señalaron los organizadores en el preámbulo del cónclave.
Durante las exposiciones vincularon a la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), en Chile, con la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), liderada por el prófugo Facundo Jones Huala, organizaciones que se presentan como “los brazos armados” de la “causa mapuche”.
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La CAM, de hecho, hizo días atrás un llamado a “organizar la resistencia armada” en Chile con el fin de “prepararse para la defensa”, una vez que el presidente Gabriel Boric decidió militarizar el sur del país para frenar los episodios violentos que fueron adjudicados a agrupaciones mapuches. Es una unidad político-militar que lucha por “alcanzar su proyecto político de la reivindicación, recuperación y la independencia de territorios del pueblo mapuche sobre la jurisdicción del Estado de Chile”.

El diputado Sánchez alertó que “hay riesgo de actividad armada en argentina en el marco de este conflicto” y recordó que “en el año 2011 asesinaron a un policía y fueron dos anarquistas chilenos, hay usurpaciones violentas y ataques a funcionarios públicos, en el afán de incorporar territorio chileno al sur de Bio Bio y buena parte de Argentina”.
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Los expositores fueron críticos con el Gobierno no sólo por su “inacción” ante el avance de los “grupos mapuches” sino también “por darles respaldo”.
Pichetto, durante su exposición, dijo que el accionar de grupos autodenominados mapuches rozan “comportamientos terroristas” e insistió con el apoyo que tienen esas comunidades de dirigentes de Montoneros.
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“Grupos como la RAM constituyen el primer movimiento separatista de Argentina, que no reconocen al Estado como tal”, señaló el referente de Juntos por el Cambio. “Estamos analizando hechos de naturaleza violenta, ocupaciones ilegales, sabotajes e incendios que configuran delitos casi cercanos al terrorismo” afirmó.

Además hizo mención a la solicitada - que rubrican más de 100 referentes políticos del PRO, juristas e intelectuales - en la que piden la aplicación de las más rigurosas leyes internacionales para condenar el “accionar violento” de la RAM.
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Pichetto opinó que en la Argentina los hechos “son cada vez más violentos”, en tanto que criticó el fallo de febrero de la jueza federal subrogante de Bariloche, Silvina Domínguez, de disponer la entrega de 180 hectáreas del Ejército Argentino a la comunidad Millalonco Ranquehue: “Es un verdadero disparate”.
El auditor general de la Nación fue crítico con el gobierno de Alberto Fernández, al sostener que “debe prestarle más atención” a la problemática.
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Por su parte, Villarruel dijo que se vive “un resurgimiento de la etnicidad” y, eb referencia a las comunidades mapuches, apuntó que “nadie niega su existencia, nadie discrimina, nadie pasa por arriba de sus tradiciones, pero los hechos históricos no conocen de ideología y es una realidad que los asentamientos se dan en nuestro territorio cuando ya teníamos declaración de Independencia y Constitución Nacional”.
Coincidió con Pichetto en denunciar el respaldo que agrupaciones violentas tienen de Montoneros; en ese contexto mencionó a Pilar Calveiro, a quien definió como “montonera en los 70`, intelectual de culto de toda la izquierda de nuestro país”.
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“Los Montoneros apoyan la desintegración del territorio, tal como lo señalan las acciones y sus manifestaciones. Están abogando y justificando los delitos que emanan de estos movimientos violentos creados hace 15 o 20 años” señaló.
A modo de remate, también fustigó el rol de Magdalena Odarda, titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) a quien describió como “una verdadera usina de justificación de estos delitos”.
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