Tras el fallo de la Corte Suprema, tambalea el jury a la fiscal anticorrupción de Entre Ríos

El trámite exprés con el que la Justicia de Entre Ríos se encaminaba a destituir a la fiscal anticorrupción Cecilia Goyeneche entró en un cono de sombras. Es que la funcionaria cuyas investigaciones permitieron desbaratar una red de corrupción política en la provincia logró que sea aceptado un recurso en contra del jury de enjuiciamiento que la tiene a ella sentada en el banquillo de los acusados. El giro en el proceso ocurrió luego de la que la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación, en una sentencia de alto impacto que tomó la semana pasada, ordenó a los jueces de la provincia que respeten su derecho de defensa.

Así, el Jurado de Enjuiciamiento de Entre Ríos sacó de despacho la votación sobre la destitución de la procuradora adjunta Goyeneche para resolver, en primer lugar, dos presentaciones motivadas por la decisión de la Corte de revocar un fallo del Superior Tribunal de Justicia provincial y ordenarle que resuelva el amparo que presentó la Fiscal. La presentación buscó revertir la decisión del Jury de correr de la acusación a todo el Ministerio Público Fiscal y nombrar un fiscal ad hoc, surgido de la lista de conjueces que el Senado aprueba periódicamente para reemplazar a los vocales del Superior Tribunal. Esta designación recayó en el abogado Gastón Justet.

En primera instancia Goyeneche había tenido fallo favorable pero luego el STJ consideró que el amparo no era la vía para resolver esta cuestión y anuló esa primera sentencia.

Tras la decisión de la Corte, tomada luego de que finalizara el proceso de Jury contra Goyeneche y cuando ya se conocía el pedido de remoción, el Superior Tribunal se constituyó con vocales que no habían participado en el primer tratamiento del amparo y no integran el Jury, camaristas y conjueces. Se espera que el jueves se conozca su fallo, pero ese acto formal pone en suspenso, retrasado una definición y confirma el debilitamiento de las acusaciones contra la funcionaria que descubrió la red de corrupción en torno al cobro de dinero de supuestos contratos de la Legislatura provincial.

En medio de esto, Goyeneche presentó un segundo amparo ante la jueza María Andrea Pereyra para que se cumpla el fallo de su primer amparo, el que había dispuesto correr a Justet y devolver al Ministerio Fiscal la acusación en su contra. Es que la apelación a la instancia superior se había concedido con carácter devolutivo y no suspensivo, es decir que tiene vigencia hasta tanto no sea revocado.

Pereyra le dio la razón a la fiscal anticorrupción y ordenó al Jurado de Enjuiciamiento que cumpla esta disposición. El Procurador General, Jorge García, también se presentó ante el Jury y solicitó que se suspenda la votación.

Estas dos presentaciones, la de la jueza Pereya y la de García, son las que están ahora sobre el escritorio de los jurados para ser definidas antes de continuar con la votación del proceso contra Goyeneche. La decisión se tomó este mediodía en un plenario del cuerpo.

Consecuencias

Si la Justicia finalmente define que Goyeneche tiene la razón y que el Ministerio Público Fiscal estuvo mal excluido de la acusación, todo el proceso contra la Procuradora se podría caer por inconstitucional.

Pero además, el Jurado tiene sólo seis meses desde que se sustanció la acusación para emitir su veredicto. Ese plazo caducará irremediablemente el 2 de junio. Si para esa fecha no hay votación, lo actuado perderá todo valor.

Goyeneche está siendo sometida a una proceso de destitución ante el Jurado de Enjuiciamiento por mal desempeño de su cargo en la causa conocida como “Contratos” que investiga supuestos desvíos millonarios de fondos de la Legislatura provincial vía contrataciones ficticias de personal durante al menos una década.

En concreto, se le achacó no haberse excusado a tiempo de la investigación debido a la presunta relación personal y comercial que tendría con uno de los imputados de la causa, Pedro Opromolla, el contador jefe del estudio donde se habrían procesado los fondos de los contratos irregulares.

La presentación contra Goyeneche la realizaron los abogados radicales Guillermo Mulet y Rubén Pagliotto, autores de muchas de las denuncias de corrupción que se tramitaron y se tramitan en Entre Ríos, entre ellas las que dieron lugar al denominado Megajuicio, que derivó con la condena a 8 años contra el ex gobernador Sergio Urribarri. También se acumuló una presentación previa del abogado Guillermo Reggiardo.

El Jury contra Goyeneche se realizó durante los primeros días de mayo. El Fiscal Justet pidió la remoción del cargo y la acusada su absolución.

El Jurado de Enjuiciamiento es un mecanismo creado por la Constitución de Entre Ríos para juzgar la conducta del funcionariado judicial no sometido a juicio político. Está integrado por tres vocales del Superior Tribunal elegidos por sorteo, dos legisladores provinciales (un diputado y un senador) y dos representantes del Colegio de la Abogacía.

La conformación del Jury que decidió abrir el proceso contra Goyeneche es diferente al que la está juzgando. El primero caducó en su mandato a fines del 2021 y el actual entró en funciones los primeros días del año en curso.

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