El procurador Casal dictaminó a favor de la fiscal anticorrupción de Entre Ríos en medio del jury en su contra

El procurador interino Eduardo Casal dictaminó hoy a favor de un recurso de queja presentado por la fiscal anticorrupción de Entre Ríos Cecilia Goyeneche, que había denunciado irregularidades en el jury en su contra. El Tribunal Superior de Entre Ríos rechazó un amparo y la fiscal fue ante la Corte Suprema mediante un recurso de queja.

La fiscal cuestiona la decisión del STJ de separar a todos los fiscales de la provincia para que intervengan en el Jury, lo que obligó a designar a un abogado de la matrícula para acusarla. Ese abogado, Gastón Justet, aceptó el cargo luego de que varios de sus colegas se negaron a cumplir esa función.

El argumento para designar como acusador a un fiscal “ad hoc” fue que todos los fiscales de la provincia dependen jerárquicamente de Goyeneche y del procurador, Jorge Amilcar García, que también fue denunciado.

Goyeneche está suspendida desde el 30 de noviembre de 2021, cuando el Jurado de Enjuiciamiento le abrió un proceso por supuesto mal desempeño en la llamada causa de los contratos truchos en la Legislatura entrerriana. En ese expediente, elevado a juicio, se determinó que hubo un desvío de USD 52,5 millones de las arcas del Estado.

En realidad, la fiscal anticorrupción y procuradora adjunta de la provincia está acusada de no haberse excusado en la causa de los contratos truchos pese a que su marido era muy amigo y había sido socio de uno de los imputados, el contador Pedro Opromolla.

Goyeneche asegura que hay una “persecución política” en su contra por llevar a juicio al ex gobernador Sergio Urribarri, condenado condena a 8 años de prisión por corrupción.

El jury contra Goyeneche empezó el lunes pasado y el jurado ya entró en la instancia de deliberación por lo que podría haber una definición en los próximos días.

La fiscal había presentado un amparo denunciando las irregularidades en el jury. En enero, la jueza de feria Elena Albornoz, aceptó el amparo y consideró válidos los cuestionamientos de Goyeneche. Pero luego el STJ revocó esa decisión. La fiscal presentó, entonces, un recurso extraordinario contra esa decisión, que también fue denegado. Por eso optó por la queja para llegar a la Corte.

Goyeneche sostuvo que el Superior Tribunal “se apartó de la norma aplicable al caso que establece los requisitos de admisibilidad de la acción de amparo sin dar razones plausibles para ello, lo que vulnera su derecho de defensa”. Y agregó que se trata de un caso de “gravedad institucional ya que la exclusión del Ministerio Público Fiscal de su función legal y constitucionalmente prevista, inserta en una maniobra de interferencia en la independencia de ese organismo, excede el interés individual de las partes y atañe también al de la colectividad”.

El procurador Casal dictaminó hoy que “el tribunal apelado fundó su decisión en afirmaciones dogmáticas y con notoria ausencia de fundamentación normativa y fáctica, con grave afectación del derecho de defensa en juicio de la recurrente, lo que conduce a su descalificación como acto jurisdiccional válido en el marco de la doctrina de la arbitrariedad de sentencias”.

Por ese motivo, opinó que se debe hacer lugar al recurso de queja, declarar procedente el recurso extraordinario y “devolver las actuaciones al tribunal de origen para que se dicte nuevo pronunciamiento con arreglo a derecho”.

El tribunal encargado de juzgar a Goyeneche está presidido por Verónica Mulone, que representa al Colegio de la Abogacía de Entre Ríos, y lo completan los vocales del Superior Tribunal de Justicia (STJ) Gisela Nerea Schumacher, Daniel Omar Carubia y Juan Ramón Smaldone; el senador Armando Luis Gay y el diputado Gustavo Zavallo, ambos del Frente Creer; y Gonzalo García Garro, por el Colegio de la Abogacía.

La fiscal Goyeneche cuenta con el apoyo de la Asociación de Fiscales nacionales y varias ONGs como la Red de Entidades por una Justicia Independiente (REJIA). Además, el Relator de las Naciones Unidas (ONU) para la independencia de magistrados y abogados, Diego García Sayan, le expresó su preocupación al Gobierno sobre el modo en que se está desarrollando el jury en Entre Ríos.

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