Coparticipación: dos provincias aliadas del Gobierno toman distancia del conflicto con CABA

El Gobierno espera un fallo de la Corte Suprema que legitime la quita de los fondos de la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires. Se terminó el plazo para encontrar una salida negociada, tras siete reuniones fallidas entre las partes, y la decisión política la tomarán los supremos, que recibió esta semana un duro reclamo -en formato de solicitada- de 17 gobernadores afines al Frente de Todos. El tono del reproche hacia la cabeza del Poder Judicial tuvo sus costos tácticos: dos provincias aliadas, que habían acompañado a Alberto Fernández en la disputa, tomaron distancia de la ofensiva.

Los ausentes que, esta vez, evitaron poner la firma fueron los gobernadores de Neuquén, Omar Gutiérrez, y Arabela Carreras, de Río Negro. Los mandatarios patagónicos coinciden con la medida de fondo del Poder Ejecutivo para quitarle los puntos de coparticipación a la CABA y restituirlos hacia el interior. Pero la aparición de la Corte como un adversario más de la contienda puso una cuña en un frente federal que, por fuera de los gobernadores de Juntos por el Cambio, parecía homogéneo.

“Les hacía ruido, el comunicado contra la Corte tenía un tono muy fuerte”, señalaron desde el ministerio del Interior sobre las ausencias de Carreras y Gutiérrez. Río Negro y Neuquén tampoco adhirieron al amicus curiae, al igual que San Juan y San Luis, con la diferencia de que éstas últimas sí apoyaron el texto político dirigido hacia los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosencrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.

La Provincia de Buenos Aires, Catamarca, San Luis, Santiago del Estero, San Juan, Tierra del Fuego, Santa Cruz, La Rioja, Tucumán, Chubut, Chaco, Formosa, Salta, Entre Ríos, La Pampa, Misiones y Santa Fe suscribieron al duro comunicado que afirmaba un “injerencismo” de la Corte Suprema por habilitar el planteo de inconstitucionalidad del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Alentaron la hipótesis de un “fallo inminente” contrario a los intereses del reclamo del Poder Ejecutivo y los goberandores del interior. “Que sepan muy bien los jueces de la Corte Suprema de Justicia, que el federalismo no se negocia y deben hacerse responsables de las consecuencias de sus actos”, advirtieron tras reunirse en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), un ente que aglutina a las 24 provincias y al Poder Ejecutivo.

La beligerancia del reproche hizo recalcular y medir los pasos de algunos compañeros de ruta del interior. En el caso de Río Negro, la gobernadora Arabela Carreras acompañó en su momento y apoya el reclamo original, pero decidió despegarse del conflicto en la etapa de definiciones ya no solo por el comunicado en sí, al que califican como “más de lo mismo”, sino que la disputa quedó encasillada “en una pelea entre la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia”. “Río Negro está pidiendo una distribución federal de la coparticipación y hasta ahora esto no ha entrado en agenda ni se ha tenido en cuenta”, plantearon desde el entorno de Carreras.

En lo que respecta a Neuquén, el gobernador Omar Gutiérrez representa al Movimiento Popular Neuquino (MPN), un partido que se presenta por fuera del Frente de Todos, pero que ha sabido cultivar alianzas legislativas y apoyar a las distintas gestiones del peronismo en el poder. El gobierno de Alberto Fernández no fue la excepción. Desde la Casa Rosada se avalaron los intentos para que Gutiérrez sea uno de los articuladores del bloque de gobernadores de la Patagonia, como parte de la impronta federal que intentó darle a la gestión en sus comienzos. Su ausencia en la firma del texto es más que llamativa.

En el Gobierno minimizan que las dos provincias patagónicas no se hayan pronunciado en la proclama contra la Corte Suprema. Sostienen que lo central es el argumento de fondo que fue presentado por el CFI, donde un dictamen técnico del pasado 5 de mayo valuó la transferencia de la policía federal a la Ciudad de Buenos Aires en 2016. El documento favorece al planteo de Nación y cuenta con una legitimidad que el oficialismo destaca: el CFI es un órgano federal y los cálculos que elaboró tiene el apoyo de 21 distritos, incluidas Río Negro, Neuquén y dos provincias opositoras como Córdoba y Jujuy.

En números, el documento del CFI determinó que el traspaso del servicio de la Policía representaba unos $43.867 millones a valores de 2021 y que, por lo tanto, el gobierno porteño tiene que ajustarse a ese monto y no solicitar una suma superior. De lo contrario, “generaría un enriquecimiento sin causa en detrimento de las demás jurisdicciones”, señalan los gobernadores peronistas.

El conflicto arrancó en septiembre de 2020 cuando, por decreto, el presidente Alberto Fernández decidió recortarle a la Ciudad puntos de la coparticipación, en medio de una rebelión policial en la provincia de Buenos Aires, y luego aprobó ese reparto a través de la ley 27606, que mandataba a la CFI a elaborar la opinión técnica para calcular el traspaso del servicio de seguridad. Con la gestión de Mauricio Macri, el líder del PRO había aumentado los recursos federales que recibe la Ciudad por coparticipación del 1,4% al 3,75%, apenas asumió en 2015.

En el marco de las negociaciones ante la Corte, la propuesta de Nación consistió en ofrecer $40.821 millones, pero la Ciudad aspira a retener el 2,1% de la coparticipación, que implica unos 112 mil millones de pesos junto a una compensación de otros 100 mil millones por lo que dejó de percibir entre 2020 y 2021.

Ante la caída de las negociaciones, los gobernadores del peronismo respondieron con una ofensiva hacia la Corte. Acudieron al llamado ante la falta de respuesta a las presentaciones que realizaron en calidad de provincias afectadas. Uno de los argumentos de fondo es que a la CABA le dan el tratamiento de una “provincia” más, y que señalan como antecedente el fallo de la apertura de las escuelas durante la emergencia de coronavirus.

“El hecho que unas 15 provincias nos presentamos pidiendo ser amicus curiae y ni siquiera nos hayan respondido ni citado a la audiencia, más la celeridad que le están dando al trámite -nunca fue igual con otros casos similares reclamados a otras provincias-, nos da la pauta que la Corte sacaría un fallo o cautelar inminente a favor de la ciudad más rica del país y en contra del resto, que es el federalismo mismo”, sostuvo a Infobae el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora. “El federalismo está en la Constitución nacional y no se puede modificar, ni siquiera con una reforma constitucional y mucho menos por un fallo judicial”, sentenció.

En el campamento de Juntos por el Cambio, la interna entre el PRO y la UCR tuvo un impasse. Rodríguez Larreta viajó a Corrientes y se mostró con los radicales Rodolfo Suárez (Mendoza), Gustavo Valdés (Corrientes) y Gerardo Morales (Jujuy) para firmar un acuerdo federal de promoción turística. El jefe de Gobierno porteño habló en contra del país “unitario” y responsabilizó a Néstor Kirchner por la concentración de recursos en el AMBA. La actividad quedó en fotos y declaraciones, y apoyos tácitos. Ninguno de los gobernadores de la UCR hizo un pronunciamiento enfático en la puja de CABA por la coparticipación.

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