El titular de UPCN y ex legislador justicialista de Entre Ríos, José Allende, fue condenado esta mañana por la Justicia a dos años de prisión condicional por haber amenazado en 2017 al periodista Martín Carboni, titular del sitio Noticia Uno, quien investigaba el accionar del sindicalista en el Ministerio de Salud provincial a través de su alfil Ariel De la Rosa y de su pareja.
La sanción que le impuso el juez Gustavo Pimentel fue de dos años de prisión en suspenso y la obligación de realizar un curso sobre libertad de expresión. La defensa del ex legislador provincial, a cargo del abogado Maximiliano Rusconi y del letrado del fuero local Leopoldo Lambruschini, adelantó que apelará la sentencia.
Allende, conocido por su apodo de “Machito”, lleva casi tres décadas al frente del gremio estatal UPCN en la provincia y en junio buscará un nuevo mandato. Su lista fue la única oficializada por lo que se descarta de antemano su reelección. Es un hombre de Andrés Rodríguez, histórico titular de UPCN a nivel nacional. Aún tiene pendientes otras dos causas por amenazas y enriquecimiento ilícito
En paralelo a su actividad gremial, Allende ocupó en varios períodos una banca como diputado en la Legislatura provincial. Entre 2011 y 2015, incluso, llegó a la presidencia de la Cámara, lo que lo ubicó como el tercero en la línea de sucesión de la gobernación. El gobernador Gustavo Bordet lo excluyó del último armado de listas del PJ y quedó fuera de la estructura legislativa.
El dirigente utilizó el peso de la organización para negociar posiciones de poder dentro de la estructura del Estado con gobiernos de distinto signo político. En 2017 protagonizó el incidente con Carboni que le valió la condena.
A través de su sitio web, el periodista realizaba duras críticas a la gestión de De la Rosa en Salud, cartera donde estaba nombrada la pareja de Allende. En una entrevista radial, el entonces diputado reclamó que Carboni “se deje de joder” y recordó el trágico episodio de José Luis Cabezas.
Luego se arrepintió. “Fue horrible la frase que dije. Fue fruto de todo ese momento que estábamos viviendo”. Y quiso desviar la atención apuntando hacia funcionarios de la administración de Gustavo Bordet. La Justicia no le creyó ni una cosa ni la otra.
Allende enfrenta además otros dos procesos legales. El primero es por amenazas y violencia de género contra la actual ministra de Salud, Sonia Velázquez, a quien amedrentó en medio de una disputa sindical durante un acto público. El segundo es por enriquecimiento ilícito por haber otorgado más de un centenar de subsidios de la Cámara de Diputados a una fundación que integraban él y sus familiares.
La Fiscalía provincial intentó infructuosamente en dos oportunidades unificar todas las causas en un juicio abreviado en el que recibiría 2 años y 8 meses de prisión condicional, pagaría una multa de 3 millones de pesos (que representaría el 60% del enriquecimiento ilícito) y se le decomisarían dos inmuebles tasados en más de un millón de dólares.
“Yo reconozco ser el autor de los hechos que se me imputaron”, llegó a decir ante el Tribunal el abreviado.
Sin embargo, la Justicia no avaló el procedimiento. Su confesión perdió validez legal y ahora Allende deberá afrontar los procesos uno a uno. El primero ya le fue adverso.
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