Una asociación civil cuestionó el endeudamiento joven y pidió información al Banco Central y ARCA por la morosidad

En medio de los fuertes cuestionamientos al Gobierno por el aumento de la morosidad en la Argentina, la asociación civil VOCES envió una solicitud de acceso a la información pública para tener información del Banco Central y Arco debido al endeudamiento de personas jóvenes.

El documento está firmado por la dirigente Elisa Carrió y apunta que el “sobreendeudamiento en menores de 30 años se ha consolidado como una tendencia preocupante en nuestra sociedad”. Además, señalaron: “Asistimos también a una expansión desregulada del juego y las apuestas online, un fenómeno que penetra profundamente en la vida cotidiana de las nuevas generaciones”.

La solicitud se articula en cuatro ejes. El primero apunta a obtener series estadísticas del período 2019-2026 sobre saldo de deuda, multiplicidad de acreedores, tasas de interés y Costo Financiero Total (CFT), matrices de transición de situación crediticia, refinanciaciones y ratios de mora, desagregados por tipo de proveedor —financiero y no financiero— y variables sociodemográficas, con énfasis en el segmento de 18 a 29 años.

El segundo eje apunta a la trazabilidad de medios de pago y crédito aplicados a plataformas de apuestas: registro y categorización de flujos transaccionales a través de tarjetas, transferencias bancarias, CBU/CVU y billeteras virtuales, junto con estudios sobre su correlación con el uso de crédito y el estrés financiero.

Asimismo, el tercer punto solicita datos sobre el régimen tributario y la fiscalización de plataformas digitales: base imponible y recaudación del Impuesto Indirecto sobre Apuestas Online, nómina y estado del Registro de Control Online del Sistema de Apuestas —tanto de operadores locales como del exterior— y estimaciones del volumen transaccional no registrado.

Por último, el cuarto eje refiere a la gobernanza regulatoria: cumplimiento del convenio marco entre el BCRA y la Agencia de Lotería y Entretenimiento de Argentina (ALEA), bloqueos preventivos de cuentas vinculadas a intermediarios o juego no autorizado, y antecedentes sobre el análisis o postergación de normativas prudenciales como límites al fondeo con crédito, alertas, autoexclusión y períodos de enfriamiento.

El argumento central que articula la presentación es la posible correlación entre ambos fenómenos. Según el documento, el aumento del endeudamiento en jóvenes y la expansión del juego digital “podrían estar relacionados entre sí, y a las autoridades no les interesa entender esta situación”. VOCES también vincula estas tendencias con el aumento de casos de salud mental y de suicidios entre las nuevas generaciones, y caracteriza al Estado como omiso ante la falta de marcos regulatorios y de control efectivos sobre la ludopatía digital.

“Defender el futuro de nuestra juventud requiere un compromiso firme que traduzca la preocupación en diagnósticos claros y políticas públicas regulatorias y de protección social”, sostiene el texto.

Sobre el final, el escrito aparece firmado además por Maricel Etchecoin, Facundo Del Gaiso, Hernán Reyes, Juan Calandri, María Pace, Federico Esswein, Matías Yofe, Lucila Lehmann, Facundo Cajen y Santiago Echevarrieta.

La presentación de VOCES se produce en un contexto en el que el Gobierno nacional mantiene una postura de no intervención ante el problema de la morosidad. Este martes, el vocero presidencial Adrián Ravier fue más allá de la definición oficial de la mora como un “problema entre privados” y sostuvo en conferencia de prensa que cualquier asistencia estatal equivaldría a usar fondos de los contribuyentes para rescatar a las entidades financieras.

“El problema acá, en gran parte, es de los bancos y de las entidades financieras no bancarias que han otorgado créditos con tasas de interés elevadas, para cubrirse quizás de los riesgos que estaban asumiendo, y esto ha dejado comprometidas a estas entidades financieras. Salvar esta situación desde el Gobierno con dinero de los pagadores de impuestos de alguna manera implicaría tomar recursos de una parte de la población para salvar a los bancos”, afirmó Ravier.

Los datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA) muestran que la mora en el sector privado bajó de 7,7% en mayo a 7,6% en junio, un movimiento que el oficialismo interpreta como señal de que el pico podría haber quedado atrás. Las únicas herramientas de asistencia que el Gobierno nacional anunció para quienes se encuentran en mora son las líneas de refinanciación del Banco de la Nación Argentina (BNA): con una Tasa Nominal Anual (TNA) del 65% para la consolidación de deudas de hasta $100 millones y del 35% para la refinanciación de saldos de tarjeta de crédito de hasta $10 millones.