La Justicia de Uruguay rechazó el pedido de Fabián “Pepín” Rodriguez Simón para ser considerado refugiado político en ese país, donde se instaló desde diciembre del 2020 a raíz de la causa que lo investiga por presunta extorsión a los dueños del Grupo Indalo, Fabián De Sousa y Cristóbal López, durante el gobierno de Cambiemos. De todos modos, la defensa del ex asesor macrista apeló la medida judicial y se debe esperar la resolución del Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 1º Turno.
La decisión de la jueza uruguaya en lo Penal Especializado de Crimen Organizado de 1º Turno, Adriana Chamsarián, de rechazar la solicitud de refugio presentada por el abogado “Pepín” Rodríguez Simón, se conoció hoy pero data del 23 de diciembre pasado y ya fue apelada. Según informó la agencia Télam, ahora el caso se encuentra ahora en manos del Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 1º Turno que deberá decidir si confirma o revoca la decisión de la jueza de primera instancia: hasta que el fallo no esté firme, no se activará el trámite de extradición que se encuentra en suspenso.
De todos modos, aunque la justicia uruguaya confirme el rechazo al pedido de refugio político y resuelva la extradición de “Pepín”, la palabra final corresponderá al Poder Ejecutivo de ese país.
La investigación se inició por una denuncia del empresario Fabián De Sousa, quien acusó a Mauricio Macri y funcionarios de su gobierno por los delitos de asociación ilícita y administración fraudulenta en perjuicio del Estado nacional, violación de sus deberes funcionales, abuso de autoridad y peculado.
El exasesor de Macri permanece en suelo uruguayo desde el 8 de diciembre del 2020 y la jueza María Romilda Servini lo declaró en rebeldía el 19 de mayo del 2021, luego de que el propio Rodríguez Simón anunciara a través de los medios que se encontraba en ese país y que no pensaba presentarse a la indagatoria a la que había sido convocado, algo que luego ratificó su defensa por escrito.
Cuando lo declaró en rebeldía, la jueza Servini remarcó que el exfuncionario “dio sobradas muestras públicas de su intención de sustraerse de la Justicia, lo cual fue ratificado por su letrado defensor el día 18 de mayo de 2021″ y definió la estrategia de pedir refugio político en Uruguay como una maniobra dilatoria. Servini planteó que el dirigente macrista tuvo pleno conocimiento de la existencia del expediente desde mediados de 2019 y se pudo defender en ese terreno con todas las garantías de la ley, por lo que resulta de imposible comprensión el planteo referido a su supuesto temor de ser detenido en forma indebida.
”Fabián Rodríguez Simón tiene herramientas procesales en el país (de diverso tipo) para articular estos planteos dentro del ámbito del proceso penal, es decir, del Poder Judicial de la Nación, poder autónomo del poder político respecto del que presenta o plantea sus sospechas (Art. 1 de la Constitución Nacional)”, remarcó la magistrada en aquel entonces.
En este expediente se investiga “la presunta existencia de actos llevados a cabo por funcionarios públicos, desde las altas esferas del Poder Ejecutivo Nacional o a instancias de aquellos, que mediante hostigamiento y ahogo financiero para con las empresas del Grupo Indalo, habrían importado casos de corrupción”, según surge de la imputación que obra en la causa.
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