La Cámara Federal de Casación Penal confirmó los procesamientos y embargos de 430 millones de pesos en la causa conocida como “Tierra Vasca”, en la que se investiga la tala ilegal para exportación de palo santo en la provincia de Salta.
Los jueces de la Sala IV de la Cámara, Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Gustavo Hornos, declararon inadmisibles las apelaciones que los acusados presentaron contra el fallo de la Cámara Federal que había confirmado sus procesamientos. Así, el tribunal dejó firmes las acusaciones.
“En primer lugar, debe recordarse que el ordenamiento procesal establece una limitación objetiva para la procedencia del recurso de casación que, en lo sustancial, exige que, por vía de principio se trate de hipótesis que revistan la calidad de sentencia definitiva o equivalente, requisito que no se cumple cuando lo que se impugna es la confirmación del auto de procesamiento”, señalaron los magistrados en el fallo al que accedió Infobae.
En la causa se investiga a ex funcionarios de Medio Ambiente de la Nación y de la provincia de Salta y a empresarios forestales por la tala de palo santo de un sector del cuál estaba prohibida su actividad.
El Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable de Salta dictó en el 22 de mayo de 2013 la resolución 328/13 mediante la cual autorizó el proyecto de cambio de uso de suelo en 4.555 hectáreas de la finca “Las Colmenas” de Tierra Vasca SA, ubicada en el departamento de Orán, en Salta. En esa resolución se autorizaron 1.199 m3 en rollos, 7.500 unidades de postes y 100.000 unidades de rodrigones de la madera de palo santo.
El palo santo está desde 2010 incluido en la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de fauna y flora Silvestres (CITES), bajo la ley 22344, y su exportación requiere la previa concesión y presentación de un permiso especial.
Entre diciembre de 2013 y enero de 2014, las exportadoras Entrecomex Global SRL, Tropical Bushes SRL y Winner Internacional SRL presentaron ante la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación diversas solicitudes para obtener los certificados en base a la autorización conferida a Tierra Vasca SA.
La Secretaría avaló los pedidos pero la autoridad científica los denegó por entender que la madera no provenía de Las Colmenas. Ante esa situación se realizó una inspección en el lugar con funcionarios nacionales y provinciales que confirmó la irregularidad. Así, los funcionarios y los dueños de las exportadoras fueron denunciados penalmente y se inició la causa judicial
El juez federal Sebastián Casaenello procesó por el delito de contrabando agravado por la utilización de documentos adulterados o falsos y por la intervención de funcionarios públicos en grado de tentativa, les trabó un embargo por 430.000.000 de pesos, les impuso la inhibición general de bienes y la prohibición de salida del país. La Cámara Federal ratificó esa decisión. Luego las defensas apelar a Casación.
Ahora Casación mantuvo firme los procesamientos, los embargos, la inhibición sobre los bienes y la prohibición de salida del país. Los jueces de Casación entendieron que las apelaciones no eran admisibles para ser tratadas por el tribunal y las rechazaron.
“La impugnante no ha argumentado adecuadamente la existencia de una cuestión federal que habilite la intervención de esta Cámara como tribunal intermedio en los términos de la doctrina establecida por el Alto Tribunal in re ´Di Nunzio´”, dijeron los jueces Borinsky, Carbajo y Hornos en su resolución.
Y agregaron: “En dicho contexto, corresponde concluir que las recurrentes no han logrado demostrar que, de momento, el mantenimiento de las medidas cautelares cuestionadas resulte arbitrario o violatorio de las garantías constitucionales invocadas”.
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