El kirchnerismo aprobó el dictamen para la ley de blanqueo en el Senado pero todavía no hay fecha para su debate en el recinto

El kirchnerismo retomó esta tarde la discusión sobre el proyecto por el cual se busca crear un Fondo Nacional para la Cancelación de la Deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que será conformado con un aporte especial sobre los bienes sin declarar equivalente al 20% de lo fugado y que aumentará al 35% luego de seis meses de aprobada la ley.

Con una explicación inicial de las modificaciones que introdujo el oficialismo, y el aviso que hoy se iba a dictaminar, el plenario de las Comisiones de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda del Senado volvió a discutir el proyecto de ley, que fue presentado por el neuquino Oscar Parrilli, la mendocina Anabel Fernández Sagasti y el formoseño José Mayans. Todas espadas del kirchnerismo en la Cámara Alta.

El debate se dio de manera rápida, duró apenas dos horas, ya que no hubo invitados. La oposición había pedido la presencia de representantes de la AFIP, la UIF y el Banco Central, pero por problemas de agenda no estuvo presente nadie de las entidades gubernamentales.

Parrilli fue el encargado de abrir el debate y anticipó que se iba a dar tratamiento “solo al proyecto del Fondo Nacional” y que el otro que está en discusión y que incluye la eliminación del secreto bursátil “lo vamos a seguir trabajando y analizando porque nos volcamos todos a un proyecto y el otro no tuvo el debate suficiente, pedimos que se siga tratando con otros invitados y con la misma mecánica”.

El proyecto que se firmó prevé la creación de un fideicomiso formado por el aporte del 20% de los bienes de argentinos en el exterior no declarados, mientras que la otra iniciativa que reforma la Ley de Entidades Financieras para actualizar y modificar las excepciones en materia de secreto bancario, bursátil y fiscal, para detectar las cuentas radicadas por argentinos en el extranjero que no están declaradas.

Por el lado de la oposición, el riojano Julio Martinez señaló que “le hubiera gustado que vengan los invitados del Banco Central, del equipo económico, y de Afip, para decirnos si son estas las herramientas que necesitan. Hay muchas inconsistencias en el proyecto, que creo que es innecesario con la legislación que ya tenemos”,

En esa línea, el diputado Martín Lousteau insistió en que la norma es un “blanqueo” y que hay herramientas que hoy tiene la AFIP que hace que sea más onerosa la multa para aquel que evade. Luego de preguntarle a Parrilli en nombre de qué bloque estaba hablando en referencia a la flamante división del Frente de Todos, el legislador radical dijo que “con la legislación vigente vamos a conseguir cuatro veces más plata que con este blanqueo”.

Esto generó un cruce con la senadora Juliana Di Tullio que dijo que “acá estamos armonizando los considerandos del proyecto con el articulado. No es un blanqueo. Y como es compulsivo, no hay necesidad de restringir a nadie”, subraya.

Finalmente, Parrilli explicó las modificaciones con las que se iba a firmar el dictamen y comenzó señalando que una de las modificaciones es que se deja en claro que “este fondo es para cancelar la deuda con el FMI, la presente y la futura, pero sacamos la posibilidad de que el Ejecutivo la prorrogue”.

Asimismo, se cambió la redacción y se amplían las facultades de la AFIP para aplicar esta ley, en especial en la documentación respaldatoria. Respecto de la dependencia que comanda Mercedes Marcó del Pont, se establece que la posibilidad que la AFIP “cobre en efectivo y amplia la posibilidad de hasta 12 cuotas mensuales”.

Un punto no menor es que el texto modificado establece que “los bancos son los agentes recaudadores”. Asimismo, si son bancos que están en otras jurisdicciones que no colaboran, se le permitirá que la AFIP “le pueda pedir al Banco Central para que actúe sobre la filial local de esos bancos y se le apliquen las sanciones que prevé la ley, incluso hasta la revocación del permiso para operar”.

La norma también tiene modificaciones para la figura del colaborador. Primero, se eleva a 500.000 dólares el monto mínimo para denunciar y la recompensa se establece en 30% en dólares y no está sujeto a Ganancias. Además, se establece que aquel que brinde información falsa con la intención de difamar, comete un delito.

“Establecemos que el colaborador tiene que dar una información, que lo copiamos del modelo de los EEUU, veraz, confiable, contundente y sincera. Vamos a crear un nuevo programa dentro del Ministerio de Justicia, que ya tiene experiencias y programas al respecto, para que se denuncie ahi y no en la AFIP con el fin de resguardar el anonimato. Si el dato es certero y se recauda, la recompensa se gira al Ministerio de Justicia y el escribano general de gobierno, manteniendo el anonimato del colaborador, será quien le paga”, agregaron.

Por último, Parrilli explicó que el proyecto de ley releva del deber de confidencialidad “a los bancos, pero no a los contadores y escribanos, ya que estas personas no pueden ser colaboradores”.

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