El kirchnerismo admitió errores en la ley de blanqueo y hará cambios para conseguir el dictamen en el Senado

El kirchnerismo retomó esta tarde la discusión sobre el proyecto por el cual se busca crear un Fondo Nacional para la Cancelación de la Deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que será conformado con un aporte especial sobre los bienes sin declarar equivalente al 20% de lo fugado y que aumentará al 35% luego de seis meses de aprobada la ley.

Así, luego de dos semanas de impasse, el plenario de las Comisiones de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda del Senado volvió a discutir el proyecto de ley, que fue presentado por el neuquino Oscar Parrilli, la mendocina Anabel Fernández Sagasti y el formoseño José Mayans. Todas espadas del kirchnerismo en la Cámara Alta.

El primero en abrir las exposiciones fue Pablo Manzanelli, doctor en Ciencias Sociales (UBA), magister en Economía Política (Flacso) y licenciado en Sociología (UBA), quien se abocó a señalar que la persecución a los que fugaron divisas que plantea la norma se concentra en las empresas más que en las personas. “La fuga durante el gobierno de Macri se concentró en empresas. Solo mil empresas explicaron unos 42.000 millones de dólares de fuga de capitales, es decir la mitad de la fuga total durante el macrismo”, subrayó Manzanelli.

El segundo en tomar la palabra fue un invitado por la oposición, el ex secretario de Ingresos Públicos de la gestión Cambiemos y actual socio de PriceWaterhouseCooper en Argentina, el contador Andrés Edelstein, quien señaló que “la finalidad de este fondo, que es cancelar la deuda con al FMI, es válida”. Y agregó: “Los medidos que se propone este proyecto tienen que ver con un régimen de regulación especial para lo cual se crea un aporte extraordinario que permite financiar la cancelación”.

Para Edelstein, este esquema genera “menor carga tributaria que la que tendría un evasor por las normas ya existentes”. “Entendido esto como un régimen excepcional de regularización, o blanqueo, creo que no es oportuno, porque este sería el quinto un régimen de estas características en los últimos años, un récord absoluto”, señaló.

La exposición del contador y socio de PriceWaterhouseCooper fue interrumpida en varias ocasiones. Una de ellas estuvo a cargo de la senadora oficialista Juliana Di Tullio sobre el concepto de blanqueo, por donde giró buena parte de la exposición de Edelstein. “El proyecto de ley es lo más parecido a una amnistía fiscal o un blanqueo” y a partir de esto “debería tener una fecha objetiva de corte a partir de qué momento, hacia atrás, se corta y se empieza a cobrar”, dijo el especialista. Minutos después tomó la palabra Di Tullio y señaló: “Este no es proyecto de blanqueo ni es voluntario, ni de exteriorización ni traslado de patrimonio evadido. ¿Sigue con la tesis de que es una buena práctica poner una fecha?”. A la consulta de la senadora, el especialista respondió que sí.

En ese momento se dieron varios entredichos entre el senador Parrilli y su par de la UCR, Martín Lousteau, quien hizo hincapié en la noción de que el proyecto en discusión “es un blanqueo”, concepto que fue aprobado por Edelstein.

“Este proyecto no es para lo fugado, esto para lo no declarado”, sostuvo Lousteau y agregó: “Pueden haber fugado legalmente -y ya hemos dado ejemplos- y a eso no los van a ir a buscar. La formación de activos en el exterior no es objeto de este proyecto”. Para el senador radical, “aquel que tiene fondos no declarados en el país tampoco van a ir a buscarlos”.

Esto generó un cruce con el senador Parrilli, quien tomó el micrófono y dijo que el objetivo del proyecto “es sacarnos de encima el FMI”. “A lo mejor a alguno le interesa y a otros no. A nosotros no, nos gusta que el FMI nos revise los números. Si el senador Lousteau quiere presentar un blanqueo, que lo haga y lo analizaremos. Esto no es un blanqueo”, añadió.

A pesar de estos cruces, Edelstein se refirió a la figura del “colaborador” como un aspecto “interesante”, nombró casos en el mundo y lo que entienden que son las necesidades técnicas y jurídicas. Frente a esto, Di Tullio -que catalagó esa parte de la exposición como “muy interesante”- lo invitó a colaborar con ideas en este punto, ya que “salvo Lousteau, el resto está abierto a modificaciones para que salga la mejor ley posible”.

La figura del “colaborador” refiere a personas físicas o entidades bancarias que faciliten el hallazgo de bienes no declarados y se promueve la reforma de la ley de Entidades Financieras en materia de secreto bancario, bursátil y fiscal. Los impulsores del proyecto estiman que se puede llegar a recaudar más de 20 mil millones de dólares, y no es menor que los montos deban ser abonados en dólares ya que se busca que retornen al país para el pago de los 44 mil millones de deuda que tomó el gobierno de Mauricio Macri en 2018.

La otra expositora que presentó la oposición fue Jimena La Torre quien, en línea con lo que viene expresando Juntos por el Cambio, señaló que la ley es más beneficiosa que las normas actuales para el evasor. “Si esa no es la intención, habría que retocar bastante del proyecto”, señaló la recientemente elegida consejera de la Magistratura. “Tal vez habría que retocar o bien los fundamentos o bien el texto del proyecto de ley. La contradicción entre los fundamentos y el texto nos lleva a la confusión de no saber bien de qué se trata el proyecto”, advirtió. “Así como está, es un blanqueo. Así como está no sirve para nada porque son muchos los artículos a retocar. Se podría crear un fondo de asignación específica, es mucho más simple porque esto así o es un impuesto, una multa o un blanqueo, no lo veo de otra manera”, sentenció.

“En el sinceramiento de 2016 se generaron tres condiciones: confianza, percepción de riesgo y condiciones para la exteriorización voluntaria. Este proyecto de ley ahora genera el efecto inverso: aumento de presión tributaria sin generar los controles adecuados”, completó La Torre.

Las modificaciones

Para finalizar, Parrilli explicó que se está trabajando en diferentes modificaciones del texto del proyecto de ley que se presentarán con claridad mañana a las 14, cuando se retome el trabajo de la bicameral.

En principio, Parrilli adelantó que una de las modificaciones es que se deja en claro que “este fondo es para cancelar la deuda con el FMI, la presente y la futura, pero sacamos la posibilidad de que el Ejecutivo la prorrogue”.

Asimismo, se cambió la redacción y se amplían las facultades de la AFIP para aplicar esta ley, en especial en la documentación respaldatoria. Respecto de la dependencia que comanda Mercedes Marcó del Pont, se establece que la posibilidad que la AFIP “cobre en efectivo y amplia la posibilidad de hasta 12 cuotas mensuales”.

Un punto no menor es que el texto modificado establece que “los bancos son los agentes recaudadores”. Asimismo, si son bancos que están en otras jurisdicciones que no colaboran, se le permitirá que la AFIP “le pueda pedir al Banco Central para que actúe sobre la filial local de esos bancos y se le apliquen las sanciones que prevé la ley, incluso hasta la revocación del permiso para operar”.

La norma también tiene modificaciones para la figura del colaborador. Primero, se eleva a 500.000 dólares el monto mínimo para denunciar y la recompensa se establece en 30% en dólares y no está sujeto a Ganancias. Además, se establece que aquel que brinde información falsa con la intención de difamar, comete un delito.

“Establecemos que el colaborador tiene que dar una información, que lo copiamos del modelo de los EEUU, veraz, confiable, contundente y sincera. Vamos a crear un nuevo programa dentro del Ministerio de Justicia, que ya tiene experiencias y programas al respecto, para que se denuncie ahi y no en la AFIP con el fin de resguardar el anonimato. Si el dato es certero y se recauda, la recompensa se gira al Ministerio de Justicia y el escribano general de gobierno, manteniendo el anonimato del colaborador, será quien le paga”, agregaron.

Por último, Parrilli explicó que el proyecto de ley releva del deber de confidencialidad “a los bancos, pero no a los contadores y escribanos, ya que estas personas no pueden ser colaboradores”.

El proyecto

La iniciativa que crea el Fondo Nacional para la Cancelación de la Deuda con el FMI establece que sea constituido en moneda extranjera, dólares estadounidenses y sus recursos.

La vigencia del Fondo será hasta la cancelación total de la deuda con el FMI, o hasta el plazo que fije el Poder Ejecutivo, y sus recursos serán exclusivamente destinados a este fin y deberán contemplar los montos previstos o reservados para los incentivos a los colaboradores que contribuyan a identificar evasores.

El texto sostiene que ese fondo será administrado y gestionado por el Ministerio de Economía, y el proceso de contralor, fiscalización y supervisión de su gestión será realizado por la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control de la Gestión de Contratación y de Pago de la Deuda Exterior del Congreso.

La iniciativa establece que el aporte del blanqueo “no representará una nueva carga impositiva para la mayoría de los argentinos, ya que solo les corresponderá pagar a quienes tengan bienes en el exterior y estén evadiendo impuestos o lavando dinero”.

Los alcanzados por este proyecto deberán realizar un aporte del 20% de sus bienes no declarados, porción que deberá ser abonada en dólares.

El proyecto indica que “en el caso de declarar los bienes pasados los seis meses de la entrada en vigencia de la ley, la alícuota subirá al 35%”, y agrega que quienes no se allanen al pago de este aporte “corren el riesgo de tener una pena en prisión”, tal como lo estipula la ley vigente.

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