A horas de cumplirse el fallo de la Corte Suprema, reina la incertidumbre en el Consejo de la Magistratura

A partir de las 0 horas del sábado, el Consejo de la Magistratura entrará en un terreno pantanoso e incierto en la legalidad y legitimidad de las decisiones que se tomen en ese ámbito.

En diciembre, la Corte Suprema dictó el fallo que declaró la inconstitucionalidad de la actual integración del organismo que administra el Poder Judicial y que tiene la potestad de designar, sancionar y remover a los jueces de la Nación. En la sentencia, se fijó un plazo 120 días para haya una nueva ley para reformular el Consejo de la Magistratura. De lo contrario, se restituye el esquema previo a 2006, con la composición de 20 miembros y la presidencia a cargo del juez supremo Horacio Rosatti.

Hoy, 15 de abril, era la fecha límite para definir el nuevo equilibrio en el Consejo. Pese a los últimos intentos de esta semana y las frustradas negociaciones entre oficialismo y oposición, los tiempos no dieron para cumplir con las instrucciones del máximo tribunal para conformar el nuevo equilibrio de la institución.

Las dos vías están, por el momento, bloqueadas. Por el mecanismo legislativo, la reforma del Consejo propuesta por el Poder Ejecutivo consiguió una media sanción en el Senado, pero no pudo avanzar en la Cámara de Diputados, a raíz de la paridad de fuerzas políticas y la ausencia de acuerdo entre los bloques. Cancelada esa alternativa, tampoco se logró designar el total de los 20 integrantes que garanticen el funcionamiento de la institución. Faltaron algunas bancas que completar, por una cuestión de plazos y acciones judiciales.

De esta manera, a partir de mañana, el esquema hasta hoy vigente de 13 miembros carecerá de legitimidad legal. La Corte definió que, vencido ese plazo, todas las acciones que se hagan en Consejo serán nulas.

Con el deadline cumplido, ¿cómo seguirá el funcionamiento el Consejo de la Magistratura?

Esta semana, el cuerpo aprobó un cambio del reglamento por siete votos contra cinco para que autorice al presidente del cuerpo, el juez Alberto Lugones, a tomar decisiones administrativas y presupuestarias. Lugones, con el apoyo del oficialismo y aliados, argumentó que esa medida era una salida para que “el Poder Judicial no se pare”.

En el Consejo, esa mayoría interpretó que la declaración de nulidad de la Corte que correría desde el 16 de abril está vinculada a las decisiones como la aprobación de concursos o juicios políticos a jueces, pero que contaban con el aval para las cuestiones de funcionamiento administrativo.

Sin embargo, la modificación en el reglamento fue interpretada por la oposición como una violación a la manda de la Corte Suprema. El máximo tribunal intervino en la nueva controversi de manera sútil: dio señales a los integrantes del Consejo sobre su disconformidad para que no avancen en esa dirección. El juez Ricardo Recondo y el abogado Diego Marías, dos de los consejeros de parte de la minoría, explicitaron ese problema y confiaron en que la Corte Suprema “actuará” y “va a resolver” con alguna disposición la próxima semana.

El ojo está puesto en cómo el máximo tribunal intervendrá para resolver los impedimentos para que el Consejo opere con plena legitimidad.

El escenario ideal para el oficialismo, según planteó Germán Martínez, jefe del bloque del Frente de Todos en Diputados, sería una resolución que extienda el plazo de la sentencia firmada en diciembre pasado y que la Cámara baja consiga la mayoría necesaria para avanzar con sanción definitiva de la reforma. En el oficialismo defienden esa propuesta porque deja afuera a la Corte Suprema de la integración del organismo. Arguyen que, de esa manera, se mantiene el equilibrio en la división de poderes.

Pero la otra alternativa plausible y, que emana del fallo, es que se ratifique la restitución del esquema anterior del Consejo. La bancada de Juntos por el Cambio está más en sintonía con esta vía, que con la definición de la controversia a través del Poder Legislativo.

De los siete consejeros que se deben sumar a los 13 actuales, por el momento, faltaban dos a ser designados. Rosatti ya tiene su lugar por el presidente de la Corte Suprema y ocupar el rol para presidir el Consejo. En lo que respecta a los estamentos técnicos, una jueza y dos abogadas fueron elegidas la semana pasada y la nueva representante de los académicos quedará definida el próximo lunes.

Las dificultades están en los representantes del Poder Legislativo para el Consejo. Falta la elección de un senador y un diputado por las segundas minorías. Este nombramiento quedó trabado por la decisión del juez federal de Paraná, Daniel Alonso, que –a pedido del Frente de Todos- dictó una medida cautelar que prohibió al Congreso enviar a sus representantes para la nueva conformación del organismo.

Según el Frente de Todos, en estas condiciones, la Corte Suprema no puede conformar ni presidir el nuevo cuerpo porque señaló, en su propia sentencia, que los nuevos consejeros deben asumir “conjunta y simultáneamente”. Es decir, hasta que no estén todos los miembros electos, nadie podría ejercer las funciones previstas.

En cualquier circunstancia, se espera que la Corte tome alguna determinación esta semana tanto sobre el fallo del juez Alonso, que impide el cumplimiento de la sentencia del máximo tribunal, como de la controversial aprobación del reglamento.

Si se revocan todas las trabas, la nueva conformación del Consejo y de los integrantes del Poder Legislativo debería estar lista para principios de mayo.

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