Joseph Biden enhebró sucesivas sanciones militares, económicas, financieras y diplomáticas contra Rusia para condenar sus sistemáticas atrocidades y violaciones a los derechos humanos cometidos durante la guerra ilegal que desató en Ucrania. El presidente de los Estados Unidos utiliza estas sanciones globales para forzar la inmediata suspensión de las hostilidades comandadas por Vladimir Putin y pretende que todos sus aliados de Occidente acompañen la estrategia de aislamiento geopolítico del Kremlin.
Frente a las constantes masacres protagonizadas por el Ejército Rojo en Ucrania, la Casa Blanca diseñó una ofensiva diplomática que apuntaba a suspender a Rusia del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) y a lograr su expulsión del G20. Expulsar es una medida drástica que tiene escasos antecedentes en el sistema multilateral y fue tomada con muchísima cautela por los países que habitualmente se alinean detrás de los intereses estratégicos de Washington.
Las atrocidades cometidas en Bucha robustecieron la perspectiva condenatoria del Departamento de Estado y la Casa Blanca desplegó una ofensiva diplomática que comandó el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca y el primer ministro canadiense Justin Trudeau. Bucha fue un genocidio ordenado por Putin, y Biden quiere que pague por sus sistemáticos crímenes de guerra.
Alberto Fernández apoyó que Rusia fuera suspendida del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, pero no comparte la decisión de anular su membresía en la cumbre del G20. El Presidente considera que ese espacio multilateral sirve para acordar políticas comunes, además de ofrecer a la Argentina una presencia internacional que no tendría en otras circunstancias.
Biden planteó durante su visita a Bruselas que Rusia debía abandonar el G20, y Alberto Fernández replicó con un gesto diplomático que no pasó desapercibido en Washington: confirmó al gobierno de Indonesia-organiza el próximo G20- que participaría de la cumbre de Presidentes y jefes de Estado.
Horas después de ese movimiento político, Putin también ratificó que viajaría al G20 en noviembre. Joseph Biden, que hace 50 años que pertenece al establishment de los Estados Unidos, ya no cree en las casualidades. Y menos si está involucrado el Kremlin.
Jake Sullivan es el consejero de Seguridad Nacional de Biden. Sullivan fue clave para lograr que el board del Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobara la refinanciación de los 44.000 millones de dólares contraídos por Mauricio Macri en 2018. Sin el apoyo del consejero de Seguridad Nacional, Argentina hubiera enfilado hace el default.
Biden solicitó a Sullivan que juntara la mayor cantidad de votos para suspender a Rusia del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y que ratificara a los países aliados que Washington pretendía expulsar a Moscú del G20. El consejero de Seguridad Nacional habló con Jorge Argüello -embajador argentino en Estados Unidos- y le trasmitió las nuevas sanciones que había diseñado la Casa Blanca para condenar las atrocidades de Putin en Ucrania.
Argüello conoce la simbología del poder en DC y asumió que el tono de Sullivan era imperativo. Biden se presentaba en la explanada de Balcarce 50 para cobrar sus favores políticos en el FMI. Quid pro quo: Estados Unidos le pedía a la Argentina que votará la suspensión en el Consejo de DDHH de la ONU y que apoyará la expulsión de Rusia en el G20.
Durante un almuerzo en la Casa Rosada, Alberto Fernández, el canciller Santiago Cafiero y Argüello analizaron las opciones frente al planteo de Biden-Sullivan. El Presidente no quería avalar la expulsión del Rusia. Consideraba que era un error diplomático de la Casa Blanca, y que ponía en jaque a una foro multilateral que podía sumar distintas alternativas diplomáticas frente al caos global causado por la guerra desatada por Moscú.
Argüello regresó a Washington y ratificó a Sullivan que Argentina aún no había decidido su posición política sobre la permanencia -o no- de Rusia en el G20. El consejero de Biden, experimentado equilibrista demócrata, escuchó los argumentos de Argüello y cortó con fría diplomacia.
Pocas horas después de la notificación de Argüello a la Casa Blanca, Justin Trudeau pidió un cónclave virtual con Alberto Fernández. Se trataba de un hecho inesperado: el presidente no tenía pensado hablar con el primer ministro de Canadá.
Cafiero pidió la información a la embajada de Argentina en Ottawa y confirmó que Trudeau quería hablar con Alberto Fernández acerca de su postura respecto a Rusia y el G20. En la Cancillería hicieron todos los esfuerzos para postergar la comunicación internacional que pretendía Trudeau, pero todo fue en vano ante la insistencia del premier canadiense.
El jueves 7 de abril a las 10 en punto, cuando Luis Arce aterrizaba en Buenos Aires, Trudeau planteó a Alberto Fernández la necesidad geopolítica de expulsar a Rusia del G20. Utilizó la misma línea argumental que aplicó Sullivan frente a Argüello.
Es decir: Trudeau presionó en nombre de Biden, que todos los días aprieta un poco más el cerco que ya rodea a Putin y sus sueños imperiales.
El clima fue tenso durante los 37 minutos de la conversación. Y a diferencia de otras bilaterales con distintos jefes de Estado, Alberto Fernández no posteó un tuit comentando que había compartido una llamada con Trudeau.
Un día más tarde, el Gobierno emitió un comunicado oficial -30 líneas de texto y dos fotos sin Trudeau-, que no tiene una sola referencia al G20 y a las diferencias geopolíticas que protagonizaron el jefe de Estado y el premier de Canadá.
Una omisión deliberada.
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