El próximo miércoles el Gobierno obtendrá media sanción para el proyecto de ley que promueve una nueva conformación del Consejo de la Magistratura y desplaza a la Corte Suprema de la conducción. Sin embargo, el envión de un acuerdo dentro del bloque del Frente de Todos no será suficiente para que la ley pase en Diputados. Y los tiempos apremian.
El año pasado, el máximo tribunal del país dictó la inconstitucionalidad de la actual conformación del Consejo de la Magistratura y fijó el 15 de abril como fecha límite para la sanción de una nueva ley. En caso de que el Congreso no apruebe un marco normativo, el cuerpo se organizará de acuerdo a su viejo reglamento, con la Corte Suprema como principal autoridad, algo que el Poder Ejecutivo quiere evitar.
Es poco probable que haya una nueva ley antes del 15 de abril luego de que este fin de semana se conociera la posición de Roberto Lavagna, referente de un sector de diputados opositores que integran el interbloque federal.
“En la Argentina no hay cuatro poderes constitucionales, sino tres. Cada uno de ellos debe ser respetado en su independencia y competencias. El Consejo de la Magistratura pertenece al área judicial y es natural que sea presidido por el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, escribió Lavagna en su cuenta de Twitter.
El ex ministro rompió el silencio y despejó las dudas de cuál iba a ser la posición de parte del interbloque Federal. Básicamente, dijo que el presidente del interbloque Federal, Alejandro “Topo” Rodríguez se opondrá al proyecto, por lo que el oficialismo suma 117 votos del Frente de Todos más posibles 4 del interbloque Provincias Unidas, alcanzando así los 121 votos, lo que no le sirve ni para formar el quórum -se necesitan 129-.
A la posición de Lavagna, que se materializará en el rechazo de Rodríguez, se le suma la del gobernador de Córdoba Juan Schiaretti, quien también adelantó que sus diputados -son 4 y forman parte del interbloque Federal- no apoyarán el proyecto del oficialismo.
Históricamente Schiaretti se opuso a la visión del “kirchnerismo” respecto de la conformación del Consejo y ahora lo hizo saber de parte de sus cuatro diputados quienes adelantaron que darán quórum a la sesión pero se abstendrán a la hora de votar.
Pero aunque se muestran opositores a la Casa Rosada, en el PJ de Córdoba saben que el PRO y Juntos por el Cambio quieren avanzar fuerte en la provincia por lo que tampoco los legisladores mediterráneos prestarán acompañamiento al proyecto de ese sector de la oposición.
En este escenario es poco probable que se puedan cumplir con las fechas que estableció el fallo de la Corte Suprema de Justicia, por lo que la solución que propuso el Máximo Tribunal es utilizar la norma que había sido derogada en 2006 y que, entre otros puntos, implica que tienen que asumir 7 nuevos consejeros.
El problema es que de esos 7 nuevos integrantes, dos tienen que ser del Poder Legislativo -uno de Diputados y otro del Senado- y no hay acuerdo entre las fuerzas políticas para sus designaciones por la conformación de los interbloques ya que la ley de 2006 habla de representantes de los bloques
Mientras en Juntos por el Cambio entienden que el representante de Diputados debería ser del bloque de la UCR y en el Senado del Pro. Por el lado del Frente de Todos señalan que el nuevo representante de la Cámara Alta debería ser propio y señalan a Oscar Parrilli como candidato y por la Cámara Baja explican que debería ser un miembro de la bancada de la izquierda.
Si no hay un acuerdo para elegir los representantes -algo probable en estas circunstancias- se paralizará el Consejo de la Magistratura porque la norma señala que tienen que asumir al mismo momento los nuevos miembros.
El dato no es menor: con el Consejo de la Magistratura paralizado, no pueden avanzar las designaciones de nuevos jueces ni las sanciones disciplinarias.
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