En el marco de la discusión política por los piquetes, luego de que Horacio Rodríguez Larreta pidiera que les quiten los planes sociales a quienes cortan calles, manifestantes intentaron impedir el paso en el Metrobus de la avenida 9 de julio, lo que fue evitado por la Policía de la Ciudad.
Agrupaciones de izquierda habían convocado a congregarse en el Obelisco, con el fin de marchar hacia Cámara Penal de la Ciudad de Buenos Aires, ubicada en la calle Libertad, en el centro porteño. El motivo que esgrimieron fue reclamar por la libertad de los dos presos acusados de las agresiones al personal policial y al Congreso de la Nación, durante la votación sobre el acuerdo con el FMI en Diputados.
En consecuencia, la Policía de la Ciudad montó un operativo de contención para permitir la circulación y evitar cortes, lo que incluyó acompañar a los manifestantes durante la concentración. Todo fue monitoreado en tiempo real a través del sistema de videovigilancia de la Ciudad.
En un momento, los manifestantes quisieron cortar el Metrobus y fue impedido por el personal policial de la Superintendencia de Orden Urbano, que realizó un cordón, manteniéndolos siempre sobre la calzada de la plazoleta. Luego, quisieron marchar por la Avenida 9 de Julio y tampoco se permitió, al ser guiados por Carlos Pellegrini, lo que generó menos problemas en el tránsito. Finalmente, la marcha prosiguió por avenida Córdoba, donde se dejaron cuatro carriles libres para la circulación de los vehículos, hasta que arribaron a la calle Libertad, lugar en el que montaron un escenario y realizaron un acto hasta pasadas las 13.
“El miércoles 6 de abril a las 10 horas se realizará una movilización unitaria desde el Obelisco a la cámara penal porteña, en Libertad 1042. Marcharemos exigiendo la inmediata libertad a Oscar Santillán, Jaru Rodríguez y Julián Lazarte, detenidos por participar de la jornada de protesta contra el acuerdo con el FMI el 10 de marzo de 2022 en Congreso. Las organizaciones firmantes entendemos que no se puede criminalizar la protesta social, menos todavía cuando el hambre reina en los barrios y sectores populares, cuando el ajuste es la moneda corriente con la que se asienta este acuerdo votado en el Congreso”, habían expresado los manifestantes anteriormente, en el sitio correpi.org.
La discusión política
Este martes, el jefe de Gobierno porteño, Rodríguez Larreta, le solicitó al gobierno nacional que le retire los planes sociales a las personas que cortan calles, en alusión a quienes la semana pasada montaron carpas sobre la avenida 9 de Julio. “Lo que pasó acá fue una extorsión. Usan a la gente, la traen en colectivo extorsionados porque si no vienen les sacan el plan porque el plan lo manejan las organizaciones que usan a los chicos y a las mujeres. Son unos cobardes”, aseguró. Y agregó: “Les pedimos que les saquen los planes sociales; los planes sociales tienen como condicionalidad que los chicos vayan a la escuela; hagan cumplir la ley y saquen los planes sociales a esa gente y así no van a venir más”.
Enseguida, el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, salió a responderle. En ese sentido, el funcionario coincidió en que “no hay que cortar las calles”, pero aclaró que “el camino no es amenazar”. “Hay que dejar de apretar a los argentinos y lo vuelvo a decir: no hay que cortar las calles. Tampoco el camino es amenazar con sacar una asistencia a quien lo necesita. Estamos reorientando la inversión social hacia la producción y el trabajo, vinculando planes con empleo registrado. Toda nuestra política pública está en ese sentido”, opinó Zabaleta.
En tanto, el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, afirmó en diálogo con LN+: “Coincido con Larreta”. De todas formas, marcó “una diferencia”, recordando su paso por el Ministerio de Desarrollo Social durante la presidencia de Néstor Kirchner: “Desde el 2003 en adelante, junto a un equipo de trabajo que presidí, tuvimos la responsabilidad de transformar un 1.100.000 planes sociales y cuando me fui dejé 300.000. No solo hicimos una transformación de los planes en puestos de trabajo formal, cooperativas y trabajo popular, sino que además administrábamos los planes”. “Nunca entregué el poder discrecional a las organizaciones piqueteras para que entreguen los planes”, enfatizó.
En ese sentido cuestionó que el gobierno de Macri “hizo totalmente lo contrario”. “Lejos de transformar los planes en trabajo, los aumentó, de 300 mil los llevó a 800 mil, y además les dio la potestad a los piqueteros de entregar ellos los planes y sacárselos a quienes ellos quieran”, agregó.
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