El Juicio a la Juntas: la condena judicial al horror de la dictadura militar

“Señores jueces, Nunca Más”. La frase del fiscal Julio César Strassera pronunciada el 18 de septiembre de 1985 será indudablemente la marca con la que se recordará el histórico Juicio a las Juntas.

Los dueños de la vida y de la muerte durante la dictadura militar fueron sentados en el banquillo de los acusados. Allí estaban los que habían detentado el poder desde el 24 de marzo de 1976 y que habían propiciado su autoamnistía.

Raúl Alfonsín había prometido en la campaña electoral de 1983 que se iba a realizar el juicio. Mientras que el candidato del peronismo, Italo Lúder, aceptaba la autoamnistía declarada por los militares y no proponía juzgarlos.

En la primera semana de mandato, Alfonsín estableció que el juicio a los responsables de las violaciones a los derechos humanos lo realizaría el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas y que la instancia de apelación debía ser la Cámara Federal de la Capital. Para que eso sucediera se tuvo que modificar, luego de una ardua negociación en el Congreso, el Código de Justicia Militar. En aquellos años había legisladores que defendían lo actuado por la dictadura en términos de represión.

Pero en septiembre de 1984, el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas comunicó a la Cámara Federal que no iba a emitir sentencia en la causa que se había iniciado en diciembre de 1983. Fue entonces que la Cámara Federal se avocó, tomó el control del juicio y ordenó que el Consejo Suprema de las Fuerzas Armadas le enviara las miles de fojas del expediente. En aquella misma ocasión la Cámara Federal fijó el inicio de las audiencias.

A los nueve comandantes de las tres primeras juntas militares de la dictadura se los acusó en un juicio oral y público que comenzó el 22 de abril de 1985. Aquel día había gente en la Plaza Lavalle, frente al palacio de los Tribunales. En la planta baja, en la sala de Audiencias de la Cámara Federal, comenzaba un juicio inédito.

Antes del Juicio a la Juntas el gobierno de Alfonsín creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) que recogió unos diez mil casos que ilustraban sin lugar a dudas el plan criminal de la dictadura. Esa comisión, que presidía el fallecido escritor Ernesto Sábato, le entregó un informe a Alfonsín que se llamó “Nunca más”, palabras que eligió Strassera para el cierre de su alegato.

Los acusados fueron los generales Jorge Rafael Videla, Leopoldo Galtieri y Roberto Viola; los almirantes Emilio Massera, Armando Lambruschini, Jorge Anaya y los brigadieres Orlando Agosti, Omar Graffigna y Basilio Lami Dozo. Ocho de los acusados contrataron abogados particulares, solo Videla decidió ser representado por un defensor oficial.

La acusación corrió por cuenta de la fiscalía de Strassera quien nucleó a un grupo de gente muy joven para recopilar pruebas. Conducía Strassera y acompañaba un por entonces muy joven Luis Gabriel Moreno Ocampo, como fiscal adjunto.

La CONADEP había conseguido testimonios de familiares y sobrevivientes y reconstruido la maquinaria de muerte que se instaló en los centros clandestinos de detención. Eso se transformó en prueba sustancial para el juicio.

Ante la enorme cantidad de delitos de lesa humanidad que relevó la CONADEP, Strassera adoptó un mecanismo que había sido utilizado por el Consejo Europeo de Derechos Humanos: elegir solo casos paradigmáticos. Fue entonces que la fiscalía presentó 709 casos y la Cámara Federal examinó 282.

El tribunal estaba integrado por seis jueces de la Cámara Federal de la Capital Federal, León Carlos Arslanian, Jorge Torlasco, Ricardo Gil Lavedra, Jorge Valerga Aráoz, Guillermo Ledesma y Andrés D’Alessio. Se los designó en la Cámara Federal por diversas razones: algunos tenían afinidad política con el radicalismo, otros con el peronismo, tenían experiencia judicial e incluso uno de ellos -Torlasco- había sido el primer juez en declarar inconstitucional la autoamnistía de los militares en los últimos meses del gobierno de facto.

El juicio fue oral y público. Lo que le dio transparencia al proceso. Se podía presenciar, pero no se pudo transmitir en vivo por televisión. Las presiones de los militares, aún con poder y con apoyo en diversos sectores de la sociedad, hicieron que tan solo se emitieran tres minutos de imágenes de cada audiencia. Y sin sonido. La estatal Argentina Televisora Color (ATC) grabó todo el juicio que forma parte del patrimonio histórico de la emisora. Solo la lectura de la sentencia fue transmitida en vivo por radio y televisión.

Durante las audiencias que se extendieron hasta el 14 de agosto declararon 833 testigos. Los torturados revivieron sus torturas, los familiares de desaparecidos contaron cómo se los habían llevado. Testimoniaron 287 mujeres y 546 hombres: de ellos 64 fueron integrantes de las Fuerzas Armadas.

Cuando hizo su alegato, que se convirtió en un manifiesto en defensa de los derechos humanos, Strassera concluyó: “Los argentinos hemos tratado de obtener la paz, fundándola en el olvido y fracasamos; ya hemos hablado de pasadas y frustradas amnistías. Hemos tratado de buscar la paz por vía de la violencia y del exterminio del adversario y fracasamos; me remito al período que acabamos de describir. A partir de este juicio y de la condena que propugno nos cabe la responsabilidad de fundar una paz basada no en el olvido, sino en la memoria, no en la violencia, sino en la justicia. Esta es nuestra oportunidad y quizá sea la última”.

Luego pidió las siguientes penas para los acusados: Videla, reclusión perpetua, Massera, reclusión perpetua (inhabilitación perpetua para ambos); Agosti, reclusión perpetua; Viola: reclusión perpetua; Lambruschini: reclusión perpetua; Galtieri: 15 años de prisión; Graffigna: 15 años de prisión; Anaya: 12 años de prisión y Basilio Lami Dozo: 10 años de prisión.

Para cerrar dijo aquella frase que quedó en la historia: “Señores jueces: quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces: ‘Nunca más’”.

El 9 de diciembre de 1985 Arslanian en su carácter de presidente de la Cámara Federal leyó la sentencia de la llamada “Causa 13″. A Jorge Rafael Videla y Emilio Eduardo Massera los condenaron a reclusión perpetua e inhabilitación perpetua, a Roberto Eduardo Viola a 17 años de prisión, a Armando Lambruschini a ocho años y a Orlando Ramón Agosti a cuatro años de prisión. Los delitos por los que fueron condenados fueron los de privación ilegitima de la libertad, tormentos y robos. Los otros cuatro acusados, Omar Graffigna, Leopoldo Galtieri, Jorge Isaac Anaya y Basilio Lami Dozo, quedaron absueltos de culpa y cargo por no haberse podido probar los delitos que se les imputaban.

El Juicio a las Juntas marcó un hito en la historia de un país en el que los militares habían impuesto condiciones a las democracias desde 1930. Por primera vez la justicia civil condenaba a los militares por los crímenes cometidos durante la última de las varias dictaduras del siglo XX. Aquella histórica decisión de la Cámara Federal fue confirmada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 1986.

La sentencia-que fue criticada por algunos sectores de la vida política nacional- se interpretó como logro a nivel mundial en la lucha por derechos humanos.

El fallecido periodista José “Pepe” Eliaschev, en su libro “Los hombres del juicio” señaló que: “Los veredictos de 1985, cuando en Chile y Brasil gobernaban los militares, en Sudáfrica reinaba el apartheid, Ronald Reagan y Margaret Thatcher eran los líderes indiscutidos de Occidente y el llamado ‘campo socialista’ gozaba aún de agónica vida, son una colosal desmesura argentina”.

Del 22 de abril cuando comenzó el juicio al 9 de diciembre de 1985, cuando se dictó la sentencia, transcurrieron 231 días. Aquellos días cambiaron para siempre la historia de la Justicia en el país. Y el mundo miró con admiración a los tribunales argentinos.

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