
El llamado a sesiones extraordinarias está a un paso de convertirse en un fracaso político. La Casa Rosada había convocado al Congreso para tratar durante el mes de febrero 18 proyectos entre los que se destacaban el nuevo Pacto Fiscal y la reforma del Consejo de la Magistratura. Casi 20 días después, todo parece indicar que los legisladores volverán a la actividad recién a partir del 1 de marzo, cuando comienza el período ordinario.
Ayer venció en la Cámara de Diputados el plazo para firmar los dictámenes de comisión, es decir, el paso legislativo previo para poder discutir un proyecto en el recinto. Y los dictámenes no se pudieron emitir porque el Frente de Todos y Juntos por el Cambio no alcanzaron un acuerdo para conformar dichas comisiones.
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Ahora, la única forma de que se concrete al menos una sesión durante la última semana de febrero es por medio del tratamiento “sobre tablas” de los proyectos, algo que requiere de un amplio consenso político entre las fuerzas mayoritarias. Pero gran parte de los proyectos no podrían reunir los dos tercios de los votos necesarios.
La gran disputa entre el oficialismo y el principal interbloque opositor gira en torno a las presidencias de las comisiones. Juntos por el Cambio aspira a controlar algunas con mayor peso político en base a los resultados de las últimas elecciones. Aseguran que la paridad de fuerzas dentro del recinto no se ve reflejada en la distribución de las presidencias.
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Concretamente propusieron quedarse con Agricultura y Educación, además de conservar las que ya tenían. En el Frente de Todos consideran que acceder a estos pedidos sería demasiado ya que el oficialismo continúan siendo la primera minoría.
A principios de esta semana, en la bancada oficialista aseguraban que todavía podían salvarse las sesiones extraordinarias si los jefes de bloque se reunían entre jueves y viernes para limar asperezas. El encuentro nunca se concretó.
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“No hay voluntad. No pedimos ninguna de las comisiones ‘de gobernabilidad’, pero sí queremos mejorar la calidad de las comisiones que tenemos, porque es el resultado de las últimas elecciones, por algo la gente nos votó”, explicó una diputada al tanto de las negociaciones.
Los más escépticos de la oposición aseguran que el reparto de las comisiones no es más que una excusa, y señalan que el Frente de Todos y sus aliados tienen la mitad más uno en todas las comisiones por lo que podrían haberlas puesto en marcha. Según su visión, el verdadero problema son las tensiones internas dentro del oficialismo tras el anuncio del acuerdo con el FMI y la renuncia de Máximo Kirchner a la conducción del bloque.
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La conformación de las comisiones también necesita avanzar para no entorpecer el proyecto prioritario para la Casa Rosada: el acuerdo con el FMI. Con las negociaciones técnicas llegando a su fin, en el Gobierno creen que podrán remitir el proyecto antes del 1 de marzo. El mismo deberá pasar por la comisión de Presupuesto, la única que ya está conformada, pero también podría ser girada a la comisión de Finanzas. Oposición y oficialismo estarán obligados a limar asperezas durante la próxima semana.
El acuerdo con el FMI sigue generando turbulencias entre oficialismo y oposición. Desde hace casi un mes los principales referentes de Juntos por el Cambio reclaman conocer “la letra chica” de la negociación que se cerró sobre el filo del default. Incluso adelantaron que no tolerarían que el programa incluya el aumento o la creación de nuevos impuestos, tampoco aceptarían compromisos que “condicionen” la gobernabilidad después de 2023.
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Si bien todos los miembros de la coalición coincidieron en la importancia de evitar un default, durante la última reunión de la Mesa Nacional acordaron no adelantar definiciones y posicionamientos para no reavivar más las tensiones internas. No obstante, todos siguen con atención los movimientos de Máximo Kirchner y los diputados referenciados en La Cámpora. Los “halcones” plantearon en más de una oportunidad que no estarían dispuestos a apoyar un acuerdo si el kirchnerismo no hace lo mismo. El objetivo es colaborar para evitar el default pero “no quedar pegado” con el ajuste que pide el FMI.
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