
El ex ministro de Energía y Minería de la Nación, Juan José Aranguren, afirmó que volvería a hacer “el mismo trabajo” que realizó durante su paso por la gestión de Mauricio Macri si volviera a asumir como funcionario. Esa tarea incluyó críticas internas en la alianza Cambiemos y un fallo de la Corte Suprema de Justicia que puso límites a los alcances de los incrementos durante el primer año de la revisión tarifaria.
En un contexto en el que el Gobierno aún evalúa qué tipo de política tarifaria y reducción de subsidios establecerá, el ex funcionario opositor señaló que se están “profundizando los mismos errores del pasado” en una suerte de “deja vú permanente”, con “retraso tarifario” y “exacerbación de la demanda” por “no reconocer los costos reales para producir y generar gas y energía eléctrica”.
Consultado sobre si las decisiones que tomó en la cartera de Energía implicaron un alto costo político negativo en la gestión de Cambiemos, Aranguren reivindicó lo hecho y dijo: “Volveríamos a hacer el trabajo que hay que hacer, teniendo en cuenta la experiencia adquirida”. Con ese matiz, reconoció que para tomar ese tipo de medidas se requería una “mayor comunicación interna y en la alianza de gobierno sobre cuáles son las consecuencias de no corregir el atraso tarifario”.

El ex presidente de la filial de Shell Argentina rechazó la idea que el gobierno de Mauricio Macri perdió en las elecciones de 2019 por los altos aumentos en las boletas de luz y gas. “Es una simplificación”, dijo en diálogo con radio Rivadavia. “Puedo recordar que el (entonces) Presidente fue el responsable último de aprobar la revisión tarifaria integral en 2016 y 2017, y ganamos la elección de medio término, cuando habíamos empezado en forma rápida y precisa la recomposición de las tarifas”.
En su opinión, vincular el hecho de “haber perdido una elección o una desestabilización con recomponer el sistema tarifario objetivamente no es correcto”. Y contrastó ese escenario con lo que ocurrió con el Frente de Todos: “Esta administración congeló las tarifas apenas llegó, las retrasó, ahora estamos en el nivel que la habíamos recibido y perdió las elecciones de medio término”.
De esta manera, el ex ministro de Energía se mostró a favor de reclamar un incremento de magnitud en el consumo de las tarifas y sostuvo que mantener el esquema de subsidios, aunque “el bolsillo no sufre tanto”, “lo estamos pagando de otra manera, con un impuesto inflacionario es difícil de sostener en el largo plazo”.
Por lo tanto, rechazó la propuesta oficial de “segmentación geográfica” para el otorgamiento de subsidios que circuló en las últimas semanas.
“Creo que no tiene ningún tipo de justificación porque (la capacidad de pago) no tiene que ver dónde está ubicado el usuario con sus ingresos o capacidad económica”, sostuvo, y apuntó que existe otro mecanismo para ayudar a los consumidores que no pueden abonar el costo de la energía. Además, indicó que solo el 60% de los argentinos tiene una conexión a la red de gas natural, por lo que el subsidio no llega al “40% que no recibe gas natural” a través del sistema.
“Nosotros implementamos la tarifa social federal, que a partir del cruce de las bases de datos -que son perfeccionables- se puede identificar cuáles son las familias que la necesitan y pueden resolver una situación de emergencia”, concluyó.
La gestión tarifaria de Juan José Aranguren en el ministerio de Energía tiene un capítulo judicial pendiente de ser resuelto. El interventor del Enargas, Federico Bernal, presentó varias denuncias contra ex funcionarios del gobierno de Cambiemos por el presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público y de negociaciones incompatibles con la función pública.
El oficialismo entiende que el ex ministro cometió irregularidades con su cargo, cuando firmó un acuerdo en 2017 con las empresas productoras y distribuidoras de gas, con la finalidad fijar precios del gas en dólares en el punto de ingreso al sistema de transporte (PIST). De esta manera, “se dolarizaron las tarifas de gas en todo el país asegurándoles ganancias en dólares a las empresas y sometiendo a los usuarios y usuarias a las variaciones en el tipo de cambio”, señala la denuncia presentada por Bernal.
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