La Asociación de Fiscales que preside el fiscal Carlos Rívolo reclamó hoy “prudencia” por parte de funcionarios del Poder Ejecutivo a raíz de las expresiones públicas de algunos de ellos con motivo de la marcha convocada para mañana contra los integrantes de la Corte Suprema.
La entidad manifestó “su profunda preocupación por las expresiones vertidas y acciones propuestas por algunos funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional contra los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”. En ese contexto, exhortó al poder político “a la debida prudencia que aleje toda posibilidad de vulneración de los principios republicanos al no respetar la división de poderes en el entendimiento que debe garantizarse el desempeño de sus funciones con total independencia asegurando a la comunidad el acceso a una justicia imparcial”.
La marcha convocada por el kirchnerismo fue apoyada expresamente por el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, ente otros funcionarios del gobierno nacional. En tanto, Juan Martín Mena, número dos del ministerio de Justicia, dijo que le parecía “sano y necesario” que la gente se pronunciara. Algo similar planteó el ministro Martín Soria, quien viene siendo muy crítico del funcionamiento de la Corte Suprema.
También se expresaron en estos días el líder camionero Hugo Moyano; la titular de la AFI Cristina Caamaño; y la titular de las Abuelas de Plaza de Mayo Hebe de Bonafini.
Sin dar nombres, la Asociación de Fiscales cuestionó los dichos recientes de los funcionarios. “La independencia de los magistrados es una obligación de la República, y su vigencia es impuesta por la Constitución Nacional y los Pactos Internacionales de Derechos Humanos. En este sentido, es obligación de los otros poderes del Estado respetarla y afianzarla, sin que ello implique la imposibilidad de auditar, con criterios objetivos y ya determinados por la ley, que contengan y respeten la autonomía de cada magistrado”, dice el comunicado.
Bajo la consigna “Basta de impunidad” y para exigir “el fin del lawfare”, la marcha se realizará este martes en la zona del Palacio de Tribunales y tendrá réplicas en varias ciudades del interior. Entre los promotores están el dirigente kirchnerista Luis D’Elía y el juez nacional Juan María Ramos Padilla, padre del juez Alejo, inicialmente a cargo de la causa por espionaje y extorsión contra el fiscal Carlos Stornelli.
Diputados y dirigentes de Juntos por el Cambio remarcaron hoy que la marcha se trata de un “claro intento desestabilizador a uno de los poderes constituidos por el Estado”. “Este apriete a la Corte es porque las cosas no salen como Cristina Kirchner quiere. Es un acto golpista. Es querer voltear al Máximo Tribunal de nuestro país. No se puede atentar contra la Corte“, sostuvo Patricia Bullrich en declaraciones a Radio Rivadavia.
Por su parte, el titular del bloque de diputados nacionales del radicalismo, Mario Negri, calificó de “grave” el aval a la marcha contra la Corte. “Lo único q falta es que la encabecen Alberto y Cristina. Falta que le digan que se manden a mudar los jueces de la corte porque no le gustan sus fallos“, se indignó durante una entrevista en Radio Continental.
El Colegio de Abogados de la Cuidad de Buenos Aires (CACBA) ya se había expresado en contra de la manifestación promovida por el gobierno nacional, especialmente por el ala kirchnerista. “El ataque sistemático al Poder Judicial resulta un evidente artilugio demagógico para sembrar la duda en la población acerca de si los jueces son independientes o no, cuando lo que resulta institucionalmente correcto es que se ejerciten los mecanismos constitucionales para juzgar -en su caso- la conducta de estos jueces que se invocan como inidóneos para el ejercicio de la magistratura”, reza el párrafo más fuerte del comunicado publicado la semana pasada.
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