El acuerdo con el FMI no cambia la agenda de sesiones extraordinarias: qué pasará con los proyectos más importantes

El presidente Alberto Fernández anunció ayer un acuerdo con el FMI y confirmó que lo enviará al Congreso para ser refrendado, tal como estipula la ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública, sancionada en febrero de 2021.

El entendimiento con el organismo internacional para refinanciar la deuda de USD 44 mil millones contraída durante el gobierno de Mauricio Macri, junto con el Plan Económico Plurianual anunciado por el propio Presidente, habían sido los dos grandes ausentes en el temario que el Ejecutivo propuso para las sesiones extraordinarias de febrero.

En el Gobierno estiman que no llegarán a incluir el acuerdo con el FMI en las sesiones extraordinarias. Pero incluso si deciden hacerlo, por la importancia del tema y por los tiempos del proceso parlamentario, no llegará a ser debatido en febrero. Es decir, su aprobación quedará para marzo, durante el período ordinario.

Horas después del anuncio del Presidente, la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio calificó el acuerdo como algo “positivo” porque “evita un costoso default”. Sin embargo, adelantó que aguarda por la “letra chica” para evaluarla en el Congreso. Algo que indica que la aprobación del proyecto no será un simple trámite para el oficialismo.

No obstante, el ministro de Economía, Martín Guzmán, reveló ayer que prevé que el entendimiento tenga aprobación parlamentaria antes del 21 de marzo, para que cubra el pago de USD 2.800 programado en esa fecha y los USD 1.900 que deberían ser abonados 10 días después. El margen para el tratamiento en el Congreso es bastante acotado.

Mejores noticias recibió el oficialismo por parte del bloque Córdoba Federal, que aglutina tres diputados: Carlos Gutiérrez, Natalia de la Sota e Ignacio García Aresca. A través de un comunicado, adelantaron ayer que tanto el acuerdo con el FMI como “las consecuencias que pueda traer aparejadas” son responsabilidad del Gobierno y, por lo tanto, no “obstaculizarán el tratamiento en el Congreso”. Los tres diputados facilitarán el quórum pero se abstendrán a la hora de votar.

Si bien la inclusión en las extraordinarias del acuerdo con el FMI podría cambiar completamente el panorama, desde la oposición lamentaron la falta de diálogo con el oficialismo durante las últimas semanas -algo que incluso demora la conformación de las comisiones a las que serán girados los proyectos- y consideraron que sólo dos proyectos tienen la “urgencia” suficiente como para ser incluidos en el temario: la reforma del Consejo de la Magistratura y el Pacto Fiscal 2022.

Para los legisladores del PRO y la UCR, el resto de los proyectos son “de relleno” o fueron incluidos únicamente para lograr que los bloques provinciales acepten dar el quórum, como las iniciativas para crear parques nacionales en Córdoba y Río Negro. Una jugada que busca sin disimulo a seducir a los diputados de Córdoba Federal (3) y Juntos Somos Río Negro (2). Al igual que la creación de las Universidades del Delta y de Pilar, que apunta a sectores específicos del PRO y del radicalismo.

Aunque el proyecto más incómodo para la oposición será sin dudas el Consenso Fiscal 2022. La iniciativa que habilita a las provincias a subir impuestos y crear nuevos tributos ya fue firmada por los gobernadores radicales Gerardo Morales, de Jujuy; Gustavo Valdés, de Corrientes; y Rodolfo Suárez, de Mendoza; y fue rechazada por Horacio Rodríguez Larreta, ya que hubiera estado obligado a desistir de la demanda que presentó en la Corte Suprema contra el gobierno nacional por la quita de la coparticipación.

Si bien la mayoría considera que habrá “libertad de acción” para que los diputados que responden a los gobernadores puedan apoyar la iniciativa, desde el sector de los “halcones” deslizaron que lo mejor sería dar el quórum pero luego abstenerse (una forma de no impedir la aprobación y al mismo tiempo no mostrar divisiones internas).

Sin embargo, el proyecto que generará los debates más tensos será la reforma del Consejo de la Magistratura. La nueva ley debe aprobarse antes de marzo para poder así cumplir con el fallo de la Corte Suprema que declaró inconstitucional la reforma de 2006 que modificó la constitución del organismo.

El Consejo de la Magistratura se encarga de seleccionar y controlar a los jueces. Es un órgano de vital importancia, especialmente en el contexto actual de tensión entre el Gobierno y el Poder Judicial. El oficialismo presentó su proyecto, mientras que Juntos por el Cambio tiene otros cuatro (Negri, Carbajal, Tonelli, Stolbizer) que intenta unificar. Mientras, los bloque provinciales explicaron a Infobae que esperarán a ver cómo avanza en el Senado, antes de tomar una posición.

En Juntos por el Cambio creen que el detalle de las representaciones será fundamental para evitar que -como pretende el oficialismo- haya primacía del “sector político” dentro del Consejo. Otro punto de disputa es si el presidente de la Corte debe presidir también ese organismo, algo que rechaza el Frente de Todos.

Aunque existe otra cuestión que promete extender los debates y calentar el ambiente durante las extraordinarias. La oposición ya prepara un fuerte posicionamiento en contra de varios episodios relacionados con la política exterior: el escándalo de la visita del iraní Mohsen Rezai -acusado del atentado a la AMIA- a Nicaragua ante la presencia de nuestro embajador Daniel Capitanich, la falta de condena a las violaciones a los derechos humanos en ese país y Venezuela, y la visita a Rusia y China en medio de la creciente tensión geopolítica con Estados Unidos.

“La primera sesión va a ser un escándalo por la agenda internacional de la Argentina. Va a haber muchas cuestiones de privilegio y pedidos de tratamientos sobre tablas para repudiar estas situaciones”, adelantaron desde la bancada radical, en referencia a los recursos que los legisladores suelen utilizar para marcar públicamente posicionamientos políticos.

Finalmente, tanto en el oficialismo como en la oposición coinciden en que algunos de los proyectos restantes podrían ser aprobados sin mayores sobresaltos, como la ley Nacional de Respuesta Integral al VIH, Hepatitis Virales, Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y Tuberculosis (TBC); o el proyecto que regula la producción de cannabis medicinal, que fue apoyado por unanimidad en el Senado.

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