Fuerte reclamo sindical por una ley que promueve el Gobierno y que afectaría a las estaciones de servicio

Se abrió un nuevo e inesperado frente de conflicto entre el Gobierno y el sindicalismo. El proyecto de ley de Movilidad Sustentable, que el Poder Ejecutivo incluyó en temario de las sesiones extraordinarias del Congreso que comienza el 1 de febrero, prohibiría la fabricación de automóviles que funcionan con nafta o gasoil desde 2041 y promoverá los vehículos que usen energías limpias como la electricidad, pero podría afectar no sólo a la industria automotriz y a la actividad petrolera, sino también a las estaciones de servicio y la estabilidad laboral de los 60.000 trabajadores que expenden combustible en todo el país.

“Nuestra prioridad es que se cuiden las fuentes laborales y las pymes”, dijo a Infobae el secretario general adjunto del Sindicato de Obreros de Estaciones de Servicios (SOESGYPE), Carlos Roberto Acuña (h), quien destacó que ningún funcionario nacional los convocó para hablar sobre el tema y advirtió: “Nuestra organización debe ser escuchada. Estamos en contra de que se dejen de lado temas muy importantes como la sostenibilidad de los puestos de trabajo”.

“Nos hubiese encantado dar nuestra posición, pero sin duda que nos vamos a hacer escuchar. Si (la ley) sale en términos que no están claros, seguiremos planteando lo que pensamos y si creemos que no somos escuchados y nos afecta, tenemos los instrumentos desde nuestra organización para hacernos escuchar”, sostuvo el sindicalista, que es hijo del cotitular de la CGT Carlos Acuña.

El proyecto de ley de Movilidad Sustentable -impulsado por el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y apoyado por Alberto Fernández- fue presentado por el Gobierno como “una ventana de oportunidad para reposicionar y ampliar capacidades de la industria automotriz argentina en el mundo, promover inversiones por 8.300 millones de dólares, crear más de 20 mil puestos de trabajo calificado y obtener un ahorro acumulado de 10,7 millones de toneladas de dióxido de carbono”.

En la propuesta legislativa que auspicia el oficialismo se contempla la creación de un régimen especial que estimulará “el desarrollo, la producción y la utilización de vehículos propulsados por fuentes de potencia no convencionales” y propone que desde el año 2041 “no se puedan comercializar vehículos con motor de combustión interna nuevos en el territorio nacional.”

Como anticipó Infobae, la iniciativa que debatirá el Congreso genera preocupación entre las empresas petroleras, los productores de biocombustibles y las terminales automotrices. Aunque apoyaron en parte el proyecto, reclamaron un tratamiento más profundo sobre el tema para evitar que la idea se limite sólo a la prohibición de un tipo de vehículos. Y también se conoció el rechazo de la estaciones de servicio a través de la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina (CECHA). Su titular, Gabriel Bornoroni, dijo a TN que “primero hay que pensar cómo vamos a tener electricidad sustentable, es decir, sin hidrocarburos” porque “los 14 millones de vehículos que hoy tenemos en el país van a consumir un 40% más de electricidad en relación a lo que consumen hoy”. Y consideró que el proyecto “desalienta a la industria, al petróleo y al gas”.

“Detrás de las estaciones de servicio hay 65.000 familias. Si hacemos una ley a 19 años para adelante, tenemos que pensar en todo esto. La Argentina es un país con 40% de pobres”, agregó el titular de la cámara empresarial.

En la misma sintonía, Acuña (h) reconoció “los avances mundiales en lo que tiene que ver con la tecnología”, aunque anticipó que el sindicato reclamará que “la futura carga eléctrica hacia los autos se realice en las estaciones de servicio” porque, de esa forma, “se podrán salvaguardar muchos puestos de trabajo y de pymes que apuestan e invierten en el país”.

Para el dirigente del Sindicato de Obreros de Estaciones de Servicios, estos temas “se empezaron a plantear en el todo mundo, pero hay países que pueden planificar un poco más que la Argentina, donde no sabemos si estos avances tecnológicos pueden empezar dentro de 20 años o de 200″. “Hay muchas dudas en cuanto a esta tecnología, más en nuestro país con las dificultades de todo tipo que tenemos -destacó-, por lo que no creo que vaya a ser algo que se pueda instrumentar en lo inmediato”.

En cuanto a la posibilidad de que los legisladores citen al gremio para que opine sobre el proyecto, Acuña (h) señaló que “sería lo más prudente” y agregó: “Cuando fui concejal y debatimos alguna ordenanza, primero tratamos de hablar con los beneficiarios y damnificados para evaluar los pro y los contra y hacer la mejor norma posible. En este caso, eso hasta ahora no se hizo”.

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