“Lo que pasó con (Mohsen) Rezai me parece un espanto. Si hubiera sido el embajador no me hubiese presentado”. Tras el repudio oficial que difundió Cancillería luego de las críticas de la oposición y de diferentes organizaciones, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, cuestionó el accionar del embajador argentino en Nicaragua, Daniel Capitanich, durante la asunción como presidente de Daniel Ortega.
Allí, el diplomático argentino compartió el acto con el iraní Mohsen Rezai, uno de los acusados de haber participado del atentado terrorista contra la AMIA, en Buenos Aires, el 18 de julio de 1994.
“Debió cumplirse el alerta roja de Interpol que hubiera permitido la detención. Este caso es muy gráfico, si yo hubiera sido el embajador no me hubiese presentado. He ido con el ex presidente Néstor Kirchner a Naciones Unidas y él no se quedó en ninguna reunión donde era posible que estuviera (Mahmud) Ahmadineyad, en aquel momento. La visión tiene que ser clara y contundente al respecto”, expresó el funcionario ante los medios acreditados en Casa Rosada, entre ellos Infobae, tras una reunión con el jefe de Gabinete, Juan Manzur.
El ministro recordó que las alertas rojas sobre los iraníes siguen estando vigentes porque fueron reactivadas por el gobierno de Néstor Kirchner, tras un encuentro del fallecido ex presidente con el ex titular de la AMIA Luis Grynwald, en el cual se decidió enviar una propuesta a Interpol que permitió reactivar ese pedido de detención sobre los acusados de la voladura de la mutual israelita.
Sobre la no detención de Rezai, Fernández afirmó que desconoce por qué no se activaron las alertas al ingresar a Nicaragua: “Supongo que es porque es la autoridad de un país y entonces no se cumplen las mismas condiciones que para otras personas”, especuló.
El funcionario nacional, por otro lado, no encontró contradicciones en la participación del país centroamericano en la Cumbre de Cancilleres de la CELAC que se realizó el viernes 7 de enero en el Palacio San Martín, y donde Argentina con el apoyo de 32 países (entre ellos Nicaragua, a través de su canciller Denis Moncada) logró la presidencia pro témpore de ese foro regional. “No hablemos de contactos estrechos políticos. Nicaragua que haga lo que quiera con Irán. Ellos tendrán una visión para hacerlo y tener una relación con Irán. Actualmente, Estados Unidos también tiene relaciones con Irán”.
El Gobierno manifestó su repudio ante la situación recién un día después de la asunción del dictador Ortega, luego de los cuestionamiento y la difusión de las fotos y videos de Rezai junto al mandatario centroamericano. Emitió un comunicado a través de la Cancillería para condenar la presencia del iraní, vicepresidente de Asuntos Económicos del gobierno de Ebrahim Raisi, en Managua. Desde Casa Rosada indicaron a este medio que Capitanich “no sabía quiénes estaban invitados” al acto de asunción.
“La República Argentina expresa su más enérgica condena a la presencia de Mohsen Rezai en el acto de toma de posesión del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega. La Argentina reitera, como lo ha hecho en agosto pasado ante la designación de Rezai como vicepresidente de Asuntos Económicos de la República Islámica de Irán, que su presencia en Managua constituye una afrenta a la justicia argentina y a las víctimas del brutal atentado terrorista contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), cometido el 18 de julio de 1994″, dice en sus primeros párrafos el comunicado.
“El Gobierno argentino exige una vez más al Gobierno de Irán la cooperación de manera plena con la Justicia argentina, permitiendo que las personas que han sido acusadas de participar del atentado contra la AMIA sean juzgadas por los tribunales competentes”, finaliza.
Ya el 25 de agosto de 2021, la Argentina había expresado “su más enérgica condena” a la designación de Rezai en el gobierno de Irán. En aquella oportunidad, el repudio de la administración de Alberto Fernández también estuvo dirigido a raíz del nombramiento de Ahmad Vahidi en el Ministerio del Interior de Raisi.
“Rezai, al igual de Vahidi, es objeto de reclamo por parte de la Justicia argentina por haber tenido una participación clave en la toma de decisión y en la planificación del atentado cometido el 18 de julio de 1994 en el edificio de la AMIA y sobre él pesa una orden de captura internacional de Interpol”, rezaba el comunicado que aquella vez emitió Cancillería que estaba a cargo de Felipe Solá.
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