
Una curiosa historia familiar en Uruguay, digna de un guion de película, volvió a poner en escena al campo “El Entrevero”, una de las propiedades que integraron el esquema de corrupción y de lavado de dinero del contratista de obra pública Lázaro Báez. Es que el terreno de 152 hectáreas, ubicado en la exclusiva zona uruguaya de José Ignacio, quedó en el ojo de la tormenta de un conflicto sucesorio por la herencia de Juan Kobylanski, un empresario polaco que falleció en 2019.
Uno de los hijos de Kobylanski y su madrastra se encuentran en estos meses en una abierta batalla legal, con demandas cruzadas en la Justicia por los bienes del difunto. Una de esas propiedades y activos en disputa es “El Entrevero”, un establecimiento de 427 hectáreas construido en el lugar más valioso del departamento de Maldonado, con 800 metros de costa.
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La trama de la sucesión comenzó con la muerte de Juan Kobylanski, el 27 de marzo de 2019, a los 93 años. Según reconstruyó el diario El País de Uruguay, su vida tuvo ribetes de ficción. Combatió contra los nazis en la Segunda Guerra Mundial y padeció de los campos de concentración nazis. Terminada la contienda bélica, se dedicó a la venta de metales de pertrechos militares en Alemania.
Más tarde, migró a Paraguay para finalmente instalarse en Uruguay, donde compró campos. Admirador del Papa Juan Pablo II, en algún momento fue cónsul de Polonia.
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En 1983 Juan Kobylanski hizo una compraventa simulada de esa estancia con uno de los hijos. A raíz del juicio por la “ruta del dinero K”, se supo que la titularidad de una parte de la propiedad estaba a nombre de Walter Kobylanski Brandhuber, uno de los descendientes.
Hacia fines de 2010, la red vinculada a Lázaro Báez pasa a entrar en la órbita de la familia Kobylanski. Leonardo Fariña se contactó con la inmobiliaria a cargo de la venta de un sector del campo, con el objetivo de realizar un desarrollo inmobiliario. En 2011 se concretó esa operación, a través de la firma Traline S.A, por un valor que ascendía a 14.000.000 de dólares.
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Meses después, el 15 de abril y 16 de junio de 2011, la compraventa tuvo algunas modificaciones y quedó a cargo de la titularidad a nombre de la sociedad Jumey SA, que encabezaba el contador Daniel Pérez Gadin, el hombre fuerte de la financiera “La Rosadita”. Por entonces, Gadin ya había roto su relación con Baez.
Además de Baez, Fariña y Gadin, participaron de esa operación otros imputados en un juicio que sigue pendiente, como Maximiliano Goff Dávila, Maximiliano Acosta, Jorge Oscar Chueco y Osvaldo Ghutux.
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La trama de una batalla familiar intestina
Con esos antecedentes se produce el conflicto familiar por la sucesión de la fortuna de Juan Kobilansky, estimada en 40 millones de dólares. La viuda de Kobylanski sostiene que Walter Kobylanski Brandhuber vendió bienes de su padre que estaban a su nombre, entre ellos, las 150 hectáreas de la estancia “El Entrevero”.
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”Ese campo nunca salió del patrimonio de Kobylanski. Incluso la venta realizada en 2011 por su hijo a favor de un tercero -el presunto testaferro kirchnerista Lázaro Báez- podría ser atacada por los herederos”, sostiene la demanda de la viuda, en referencia de que se trataría de una enajenación de cosa ajena.
En un escrito, la viuda de Kobylanski argumenta que esa propiedad “resultó tristemente célebre” cuando el hijo del empresario polaco “violando el acuerdo simulatorio” con su padre “vendió una parte de la misma a Lázaro Báez, luego imputado en la Argentina por lavado de activos”.
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Con esos argumentos, la viuda planteó la nulidad absoluta de esa operación y le reclamó a su hijastro la devolución de los US$ 14 millones que recibió del apuntado como testaferro de Lazaro Báez, como parte de “El Entrevero” que aún está bajo su poder y otros bienes que su padre puso a su nombre, según consta en los testamentos firmados por Kobylanski.

La viuda también recibió intimaciones de parte del hijo del empresario. De hecho, el comienzo de la batalla arrancó cuando, el 21 de julio de este año, presentó en esa sede una demanda de nulidad de los testamentos que había firmado Juan Kobylanski. Es que, según esa presentación, Kobylanski “desheredó” a sus dos hijos -el hoy demandante y su hermana que vive en Argentina-, algo que está prohibido por las leyes uruguayas.
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Según los abogados defensores del reclamante, los documentos de la herencia fueron firmados por el empresario cuando ya “no gozaba del libre uso de la razón” -a raíz de una intervención quirúrgica que lo “desorientó”- y resultó víctima de “hechos nefastos y manipulaciones” realizadas por su madrastra.
Sin embargo, la mujer apuntada por los descendientes contestó que el fallecido empresario era capaz cuando escribió los testamentos. Citó varios ejemplos: mantuvo relaciones sociales (cumpleaños), trató negocios con su hijo y con terceros. Incluso llegó a promover un divorcio con ella, si bien finalmente desistió de esa idea.
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